La vigencia del marco legal impuesto por José
Alfredo Martínez de Hoz y Rafael Videla supedita las estrategias de expansión
de la producción y del mercado interno a las decisiones del sistema financiero.
Es necesario reformarla.

La
inflación de abril fue del 1,79 por ciento, con lo que el acumulado en lo que
va del año trepa al 11,9 por ciento. Pese a la tendencia a desacelerarse que
también se verifica en los precios mayoristas que registraron un incremento del
1,71 por ciento, la perspectiva inflacionaria anual presenta un panorama
difícil. Así lo reconoce el Estado cuando el Central plantea una política de
tasas altas.
Con el telón de fondo de una retracción productiva, avance del capital
financiero especulativo y una actitud agresiva desde el norte y locales
poderosos que vuelve a tomar la iniciativa.
El pago de deuda, contraída básicamente durante los 90, fue un condicionante
durante los últimos años al crecimiento de la economía al que debe agregarse la
falta de resolución para desarmar la matriz neoliberal que condiciona la
política argentina, aun si de lo que se trata es de avanzar en una estrategia
neo-desarrollista como la que se plantea el gobierno de Cristina Fernández.
La vigencia la Ley de Entidades Financieras impuesta por la dictadura en 1977,
que se desliza entre nosotros como serpiente ponzoñosa envenenando nuestras
vidas, es un claro ejemplo y supedita cualquier tipo de estrategia de expansión
de la producción y el mercado interno a los caprichos del sistema financiero.
En ese contexto, la transferencia de recursos hacia los sectores más
vulnerables de la sociedad tiene un impacto práctico fundamental, vinculado a
lo que ese dinero significa en el día a día para quienes lo reciben y para la
economía doméstica porque se gasta en artículos de primera necesidad.
Pero también es un mensaje político claro para un sector muy concentrado del
poder económico-financiero y político que continúa desafiando al poder
constituido institucionalmente, tal como se vio en el putsch de principios de
año cuyos remezones aún no acaban.
Fundamentalmente está en juego en nuestro país si se va a continuar o
profundizar la construcción de un camino de autonomía nacional y regional,
respecto a los centros de poder del norte, o si se va a actualizar la agenda
que desde ahí se trata de imponer, buscando básicamente provocar la
transferencia regresiva de riqueza desde los sectores populares hacia las
burguesías y del capital productivo al financiero concentrado. Esto significa
destrucción de trabajo y pérdida de soberanía nacional y popular. Después irán
por los sectores medios y por las libertades ciudadanas que se ganaron durante
los últimos años.
El carácter usurario de las tasas de interés fijadas por la banca privada es un
motivo medular de esta situación atravesada por la caída de actividad
industrial y consumo.
Es que con el nivel al que llevaron a las tasas no hay crédito que aguante y,
así, la producción -en especial de las pymes- se ve afectada letalmente en un
efecto dominó que arrastra el trabajo y el consumo. Generando el malestar
social.
Durante 2013 la economía de nuestro país creció menos del 4 por ciento, pero la
banca privada ganó más del 300 por ciento. Y esa tendencia se profundizó
durante el primer trimestre de este año. Este no es un sistema financiero, sino
un sistema político que se expresa a través de la banca privada.
Entonces resulta irrisorio que el Estado pueda controlar la inflación y la tasa
de empleo sin meterse con el sistema bancario privado, esto es, sin por lo
menos regular las tasas de interés que fija esta banca.
Ante el proyecto de ley de Servicios Financieros que el banquero Carlos Heller
presentara hace dos años, se argumentó que, en lo sustancial, se podía llegar a
los objetivos que planteaba esa iniciativa con las herramientas que dotaba la
reforma a la Carta Orgánica del Banco Central dispuesta por el Ejecutivo. Queda
claro que ahora es momento de demostrar que eso es verdad.

Roberto Javelier integra la Central de Entidades Empresarias Nacionales (Ceen). Esta
nota fue originalmente publicada en el semanario Trabajo y Economía, en la
edición de Tiempo Argentino.