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Kimel, después de la Ley
Categoría: Opinión

El periodista Eduardo Kimel murió el pasado 10 de febrero, tras sufrir una larga enfermedad, un trimestre después de que el Parlamento hizo ley la normativa que eliminaba el delito de calumnias e injurias contra periodistas en casos de interés público. Fue llamada “ley Kimel”, por ser el suyo un caso inicial y paradigmático de la persecución judicial contra los hombres de prensa en el país.
Defensor acérrimo de la libertad de expresión, Kimel militó en Política Obrera en la década del ’70 y en 1989 publicó una investigación sobre el asesinato de los padres palotinos
Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, durante 1976 en Belgrano. Hurgar en la historia permitió al periodista arribar a la conclusión de que la inacción del juez Guillermo Rivarola fue uno de los principales obstáculos para que se conociera la verdad. En 1991 Rivarola le inició una querella por calumnias e injurias. Cuando en 1992 la Justicia –a instancias de la Corte Suprema menemista- lo condenó a un año de prisión en suspenso y el pago de 20 mil dólares al juez, ocurrió lo increíble: el único condenado en torno al asesinato de los religiosos fue el periodista que investigó sus muertes.
Apoyado por organizaciones de prensa y de libertad de expresión, Kimel apeló entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó al Estado Argentino a dejar sin efecto el fallo y le ordenó rever en el Congreso las leyes que penan supuestas calumnias e injurias pero sirven, en verdad, para establecer persecuciones judiciales que, con la ventaja de ser blanqueadas por un juez, procuran intimidar a quienes hablan sobre aquello de lo que está vedado hablar.
Hace pocos meses, Kimel estuvo en Bahía Blanca. Fue en el marco del ciclo de 24 horas de cine argentino, donde se presentó la película “4 de julio: La masacre de San Patricio”, basada en el homónimo libro del periodista. El film cuenta la génesis del sangriento asesinato, la complicidad de fuerzas policiales y funcionarios judiciales, y el calvario de los compañeros de las víctimas y del periodista que dio a conocer en detalle los hechos. En aquella oportunidad, tras la presentación, Kimel describió su periplo por las cortes internacionales y trazó un perfecto retrato de un Poder Judicial más preocupado por el Honor de los ciudadanos que por sus vidas.
Nunca olvidaré que tras sus palabras, que incluyeron un ida y vuelta con los asistentes a la sala, un mujer afirmó que los sacerdotes tercermundistas “eran todos Montoneros”. A la salida, mientras rumiaba su bronca por la refutación del periodista, la dama decía “éstos están provocando”. La venerable mujer no fue la única en indignarse en una sala bahiense: en octubre, el ex marino Enrique Bolognani increpó a una sobreviviente de los campos de exterminio de la dictadura que prestó testimonio tras la proyección del film “Cómplices del silencio”, en el marco de la Semana de la Lengua Italiana y defendió el accionar de los represores ya que, desde su óptica, siguieron “el mandato de la sociedad para eliminar a los terroristas”.

Kimel después de Eduardo
Le ley Kimel se convirtió en normativa nacional, pero aún su aplicación dista de convertirse en general. El 4 de marzo, por caso, se supo que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ratificó la condena al periodista Raúl Marclay a un año de prisión de cumplimiento efectivo y el pago de 25 mil pesos a un funcionario que lo querelló por calumnias e injurias hace un lustro.
El delito de por sí es excarcelable, pero Marclay está tras las rejas ya que pesaba sobre él una condena de prisión en suspenso por otro caso de supuestas calumnias e injurias por que lo querelló otro funcionario, en 2000. La justicia entrerriana no consideró oportuno aplicar la ley Kimel, que el Congreso sancionó a finales del año pasado.

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2010-03-04 00:00:00
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