Los cambios han sido indudablemente muchos en todos los aspectos sociales y obviamente también en la Administración de Justicia a nivel legislativo, y de organización e instauración de órganos judiciales.
Durante este tiempo se modificaron los sistemas de enjuiciamiento penal, contándose hoy con un sistema procesal moderno, adaptado a los lineamientos constitucionales, donde hay diferencia entre quien investiga y quien juzga, en el cual el juicio oral permite a la comunidad controlar ese acto de gobierno que es administrar justicia.
Se cuenta hoy con Fueros Especializados, en Familia, en lo Contencioso Administrativo y en responsabilidad Penal Juvenil, las legislaciones procesales y los órganos de justicia se han instalado en la ciudad copiando los más modernos sistemas de justicia del mundo.
La Justicia es hoy más humanitaria, más ágil, más comprensible, menos burocrática y más transparente.

Y sin embargo, se observa que mucho falta.
En primer lugar, comunicar la existencia de la Justicia como Servicio para la Comunidad. Se carece aún de un adecuado sistema de comunicación judicial que la acerque a la sociedad. No se cuenta desde la Organización Judicial con canales de comunicación para llegar a la ciudadanía informando las cuestiones que hacen a la Justicia.
Creo, lamentablemente, que hoy el Poder Judicial se visualiza como el menos republicano de los poderes.
Pero esta carencia, esta cuenta pendiente, también tiene su complicidad social.
La sociedad bahiense parece recibir y aceptar mansamente y sin demasiada critica ni búsqueda de evidencia, información sesgada o ideológicamente contaminada que impone -sin derecho a discusión alguna- el mal concepto sobre la Justicia y los jueces, y baja los brazos ante ello y observa a la Justicia y a sus operadores muy alejados de lo que es y debe ser: un servicio esencial para la vida democrática.
Es cierto que hay falencias en cuanto al acceso a la justicia. Es cierto que todavía las diferencias de oportunidades, de educación, las carencias económicas, la vulnerabilidad, o la violencia impiden decir que todos y todas tenemos la misma posibilidad de hacer valer nuestros derechos o defenderlos y protegerlos, y esto es sin duda una falta de justicia.
Pero Bahía Blanca se debe un reclamo serio de las falencias que tiene su Justicia y para ello no debe ni puede -porque los riesgos del error serán peores- consumir los preconceptos publicados sobre lo que está bien y lo que está mal, que no tienen otro valor que el de aparecer publicados en una editorial anónima de un monopolio comunicacional que habiendo servido a los intereses más oscuros de nuestra historia, hoy en democracia en nuestra ciudad parece que todo lo maneja, pretendiendo también, ¡como no!, manejar la Justicia.
Bahía Blanca tiene la suerte de ser una comunidad pequeña, y como tal puede ver a sus jueces y juezas caminar por sus calles y conocer su conducta. Eso no es poco. Bahía Blanca tiene capacidad cultural para no consumir valoraciones sin análisis y con sesgo de extrema ideología que apela simplemente a que la sociedad reaccione por temor.
Bahía Blanca debe poder, con reflexión y sin condicionamientos mediáticos, juzgar realmente las prácticas judiciales y comprometerse en un seguimiento útil de la actividad judicial, no como un reality armado por la prensa sino como lo que es la administración de justicia: una actividad de gobierno que, como tal, debe como pueblo controlar.
Esta deuda es a mi juicio la mayor: una deuda de comunicación desde la Justicia y una deuda social que proviene de una comunidad que debe y puede involucrarse y observar, informarse y controlar los actos de justicia para verificar que sean lo que deben ser: aplicación estricta e igualitaria de la ley en cada caso concreto.

La dra. Graciela Cortázar es defensora general del Departamento Judicial de Bahía Blanca y profesora del Departamento de Derecho de la UNS.