En estos días, el juez de la Audiencia Nacional española, Baltazar Garzón enfrenta uno de los procesos más complejos de su amplia y extensa trayectoria judicial: el propio.
Este magistrado, que no se ha cansado de perseguir dictadores, torturadores y genocidas por toda Latinoamérica, intentando hacer efectivos y concretos los postulados consagrados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos -jurisdicción universal-, ahora está siendo juzgado por lo que siempre hizo, es decir, impartir justicia.
El delito de prevaricato se tipifica cuando un juez dicta resoluciones contrarias a la letra expresa de la ley. En este caso, la ley contrariada es la 46 del 15 de octubre de 1977, la cual declaró la amnistía para los delitos cometidos durante el franquismo. España es signataria de Tratados Internacionales de Derechos Humanos que consagran expresamente la imposibilidad de amnistiar los delitos de lesa humanidad. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, han señalado recientemente que España debe revocar la Ley de Amnistía. Han reiterado a las autoridades españolas que la desaparición forzada y la tortura son crímenes por los que no pueden aplicarse amnistías y que no prescriben. “La Ley de Amnistía de 1977, que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, supone un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional, por lo que, tarde o temprano, el poder judicial deberá declararla nula”.
Independiente hasta la terquedad, este andaluz acusado por sus detractores de “mediático” como único argumento de peso jurídico, hace algunos meses hizo lugar a las presentaciones para investigar los crímenes de la dictadura franquista. ¿Por qué? Tal vez haya escuchado a los autoritarios vernáculos -respetuosos de la impunidad soberana- quienes frente a los pedidos de detención o extradición internacional de los represores argentinos, declamaban “que no se van a investigar los crímenes cometidos por el franquismo”. O quizás, porque no podía desoír ni ocultar que, aún hoy, miles de españoles tienen a sus familiares enterrados en fosas comunes, a los costados de las rutas que ha construido el otrora milagro español.
El impacto que ha tenido la actuación de Garzón en la historia jurisprudencial y política de nuestro país es, sencillamente, inconmensurable. Es difícil imaginar la concepción misma de “Justicia Universal” sin hacer referencia a su actuación. No es posible hacer alusión a conceptos como “Delitos de lesa humanidad” o a su imprescriptibilidad, sin asociarlos a su persona. Tal vez el proceso de destitución resulte una tarea “exitosa” -como les gusta decir a los empresarios del poder- pero seguramente lo que el “establishment” español no va a poder detener es esa rara y contagiosa necesidad de verdad y justicia, de la cual Baltazar Garzón ha sido -y es- un imprescindible portador.

Jorge Sayago es abogado y defensor oficial.