Que hayan
podido dictarse clases en todas las escuelas de la Provincia de Buenos Aires es
un hecho relevante y esperanzador.

En el prolongado y duro conflicto gremial planteado entre la docencia y
el gobierno provincial, estuvieron en juego, además de un legítimo reclamo de
reajuste salarial, otras cuestiones quizás menos visibles, pero igualmente
importantes. Por ejemplo: ¿cuál es la actitud que un Estado democrático debe
asumir ante el conflicto? Es claro que la ruptura de la rutina escolar daña la
posibilidad de la escuela de cumplir sus objetivos educativos y afecta
fuertemente el funcionamiento familiar. ¿Justifica eso la adopción de medidas
que no apuntan a solucionar la causa o raíz del conflicto, un salario injusto
por insuficiente. sino solo a paliar su consecuencias? Seguro que no. Sin
embargo, en medio de la disputa, aparecieron propuestas para frenar las
huelgas, como la de declarar “servicio público esencial” a la educación, o se
apeló a judicializar el reclamo para frenarlo por medio de medidas cautelares,
sin derecho a defensa, y sin solucionar el problema de fondo.
Es por eso muy importante que la superación del conflicto se haya
producido a partir de una propuesta razonable de incremento salarial, aceptada
por el conjunto de la Organizaciones Sindicales Docentes.
Que haya habido clases el lunes 31 fue porque así lo decidimos lo
Sindicatos tras obtener una respuesta a las demandas planteadas. Que haya sido
así y no por la decisión de un Juez o de un funcionario es el dato que queremos
subrayar.
Nuestro País vivió durante los 90 una fuerte precarización del trabajo
docente, en el contexto de una política laboral de desprotección al mundo de
trabajo. La falta de inversión y los recortes presupuestarios afectaron el
funcionamiento de todo el sistema educativo y deterioraron el salario y las
condiciones de vida y de trabajo de los docentes. Salarios muy bajos e
infraestructura edilicia profundamente deteriorada fueron los indicadores más
fuertes de esta etapa.
A partir de la lucha de las Organizaciones Gremiales docentes fue
generándose un consenso social y político que posibilitó el debate y sanción de
la Nueva Ley de Educación Nacional, 26.206, promulgada en diciembre de 2006. Es
importante recordar que uno de los ejes de dicha Ley es el reconocimiento del
docente como “sujeto de derechos”, al que se le deben garantizar “condiciones
dignas de trabajo, de formación y de carrera”. Este fuerte consenso social debe
ser sostenido. No solo se trata de un imperativo ético generado desde la
naturaleza de la tarea de enseñar. Se trata también y sobre todo, del papel
central de la educación y los educadores en la construcción de una sociedad más
justa. Las transformaciones culturales, económicas y sociales están fuertemente
vinculadas a una política educativa que acompañe y haga perdurables tales
cambios.

Mario Almirón es secretario general de SADOP.
Fuente: http://sadop.net