Con una realidad social de riesgo en la ciudad, frente a la propuesta de obras faraónicas (la Terminal, la Aeroestación civil, y últimamente el sugestivo impulso de la reforma del centro por parte de la Corporación del Comercio y la Industria), desconocemos a qué población le consultaron desde la administración política, respecto de su realización de urgencia y no otra inversión más sentida y de similar magnitud económica.
A pesar de todo, se ha fogoneado hasta el hartazgo que todo es un reclamo constante de los vecinos, incluida la participación de algún sector del periodismo local. Sin embargo, tanto las prioridades como los verdaderos y constantes reclamos respecto del pleno ejercicio de los derechos de los más comprometidos socialmente, siguen brillando por su ausencia o están en segundo plano, a pesar de que hablamos de exclusión y marginación como de una generación de niños en riesgo a futuro. Hay un presupuesto social en vigencia -que fue reducido por la administración anterior, con casi el 80% ejecutado a esta altura del año- y funcionarias actualmente responsables del área de Desarrollo Humano -que no participaron en la decisión de ese presupuesto- que no tienen más salida que ejecutar un plan de asistencialismo al mango más allá de la garra que sabemos le ponen a la enorme problemática social de la ciudad. Pero a la vista aparece como lo más importante mantener domada a la fiera de los intereses empresariales locales. Si hasta algún sector eclesiástico local se ha permitido en ese marco salir a pedir $ 800.000 para reconstruir la Catedral mientras el riesgo social no se resuelve, apareciendo allí con mayor contundencia el contradictorio discurso de su preocupación por la exclusión.
Sería bueno que a partir de iniciativas como la consulta popular puesta en práctica por otros actores, se consulte desde el plano oficial al pueblo bahiense en estos aspectos sociales como en todo lo que vendrá, para establecer claramente prioridades comunes y consensuadas de verdad. En especial si tenemos en cuenta que los elegidos por el voto popular no son nada más que meros mandatarios de nuestra decisión de que administren bienes y riquezas comunes, y que debemos ser consultados si estamos o no de acuerdo con las inversiones de importancia, y las prioridades sociales que se dan a las mismas. El presupuesto se constituye con el esfuerzo de todos los integrantes de esta sociedad en la que vivimos y sin privilegios de distribución para sector alguno, y sólo con visión del estado de bienestar de la mayoría de la población. Desde esa herramienta a la que aportan también los excluidos, que lo hacen desde su condición de tales y violados en sus derechos, todos sin discriminación alguna debemos exigir el ejercicio de nuestro derecho constitucional de libertad de opinión frente a actos de administración de gobierno, más allá de nuestro voto electoral en su oportunidad, a favor o no de esos mandatarios administrativos.
Entendemos en este momento conveniente y oportuno, ante todas estas cuestiones de responsabilidad estatal, sectorial y general, proponer que la exigencia de plena e irrestricta vigencia de los Derechos Humanos como responsabilidad excluyente del Estado, en este caso municipal, se enriquezca con el concepto de Obligaciones Humanas, sobre el que ya hablaremos oportunamente y nos debe involucrar a todos en su exigencia y práctica.
Por eso quizá, como una síntesis de lo dicho hasta aquí, y de esta positiva iniciativa popular, es conveniente finalizar volviendo a citar a José Nun, cuando dice que “todo indica que de estos dispositivos de resistencia y de cambio dependerá, cada vez más, buena parte del destino de nuestros derechos humanos y de una consolidación democrática que el gobierno de los políticos no está en condiciones de asegurar por sí mismo”.

Eduardo A. Hidalgo es secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.