En
febrero pasado renuncié al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la
Provincia de Buenos Aires, invocando la falta de compromiso de esa institución
con la defensa de la independencia judicial y aludiendo a los favoritismos en
las designaciones judiciales. Luego cruzamos otras notas que no tuvieron estado
público, sino que sólo se difundieron en el ámbito tribunalicio. Por mi parte
pensé que el debate estaba agotado y las posiciones suficientemente claras.
A partir de esa decisión y de mis manifestaciones comencé a padecer ciertas
actitudes indicativas del rechazo de la corporación judicial, que posee fuertes
vínculos con el poder político. Lo de “padecer” se trata de una licencia
literaria pues no sólo me tienen sin cuidado, ni me infunden el más mínimo
temor, sino que -antes bien- me indican que transito el camino correcto. Sin
embargo, entiendo que merecen ser conocidas por la opinión pública. Debo
aclarar que no acostumbro llevar al plano personal las disputas ideológicas e
institucionales, pero evidentemente unos cuantos no son del mismo parecer.
Algunas de esas actitudes, en prieta síntesis, fueron:
a) Algunas personas que solían saludarme amablemente, lo hicieron a partir de
entonces con gesto adusto y en ocasiones emitiendo un sonido gutural
incomprensible.
b) Un funcionario directamente me retiró el saludo ostensiblemente en
inmediaciones de mi juzgado, aun cuando intervino en audiencias en el mismo, en
las que sí me dirigía la palabra. Sin embargo, varios meses después concurrió a
mi despacho a pedirme disculpas, las que no consideré sinceras y sugestivamente
se dieron cuatro días antes de su asunción en un alto cargo. Tengo para mí que
pretendía evitar alguna manifestación de mi parte, alertado de mi disgusto por
amigos comunes.
c) Un alto funcionario renunció a un importante cargo en la comisión directiva
del Colegio de Magistrados, al no recibir apoyo para promover un ridículo
pedido de juicio político al suscripto.
d) Luego, ese mismo funcionario, propagó a los cuatro vientos que había
presentado a título personal dicho pedido de enjuiciamiento, cuando ello no
había ocurrido.
e) En ocasión de una jornada de Derecho Procesal Penal en la Universidad
Nacional del Sur, y como es de práctica, se solicitó apoyo institucional y
económico a la Asociación Judicial, y a los Colegios de Abogados y de
Magistrados. Dado que el panel estaba integrado -además de por dos destacados
profesores foráneos- por el suscripto, el último de los colegios citados se
negó a apoyar el encuentro académico, invocando minucias burocráticas, tales
como quien firmó el pedido. Debo aclarar que de todos modos, la jornada se
desarrolló con señalado éxito en una sala colmada por un auditorio que, desde
luego, estaba interesado en escuchar a los distinguidos visitantes.
No ingresé al Poder Judicial hace un cuarto de siglo para hacer amigos (aunque
los tengo y muy buenos) ni para caer simpático a los poderosos, sino para
desarrollar una fuerte vocación, guiado por valores y principios y no por
mezquinos intereses.
Aunque a algunos les moleste (y con más razón por esto mismo) seguiré
expresando libremente mis ideas, sin creerme dueño de la verdad; no eludiendo
el debate en ámbitos académicos y profesionales, y disfrutando de mi
independencia personal y funcional.

José Luis
Ares es juez en lo Correccional. Profesor Adjunto -por concurso- de Derecho
Procesal Penal (UNS). Profesor de posgrado.