Más de 20 instituciones, entre las cuales se encuentran universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, elaboraron un dictamen jurídico que sostiene la necesidad de respetar el resultado del debate democrático que permitió la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y demanda su plena vigencia.
El documento fue presentado el día 9 de junio, en calidad de amicus curiae, ante la Corte Suprema en el marco de un proceso judicial que se inició a fines de 2009, impulsado por el diputado nacional Enrique Thomas. En este proceso, la jueza federal Olga Pura de Arrabal y luego la Cámara Federal de Mendoza hicieron lugar a la medida cautelar solicitada por el diputado y suspendieron la aplicación de la ley. Merced al recurso interpuesto por el Estado nacional, el caso fue admitido por la Corte el 19 de mayo. El miércoles pasado, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dictaminó que debía revocarse la medida cautelar.
Los argumentos presentados por las organizaciones hacen hincapié en la afectación de derechos que la suspensión de la ley impone a distintos grupos de personas que no participaron del proceso iniciado por Thomas y que se encuentran particularmente protegidos por la nueva ley. Las universidades nacionales, las cooperativas, los trabajadores de la comunicación, los actores, los músicos independientes, los pueblos originarios y las personas con discapacidad, son algunos de esos grupos que ven restringido su derecho al trabajo, a la libertad expresión y al acceso y la participación en el debate público a través de los medios a partir de la suspensión de la ley.
En tal sentido, los firmantes cuestionaron la capacidad de Thomas de adjudicarse la representación de todos los “consumidores de medios audiovisuales” del país, sin justificar de ningún modo esa aseveración y dejando de lado a los grupos mencionados, a los cuales, no sólo no representa, sino que además les produce un daño concreto con su acción judicial.
Por último, el escrito afirma que “en el proceso de discusión y aprobación de la ley 26.522, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores existió un debate democrático a través de diversas vías, como las audiencias públicas, los distintos proyectos de ley, los dictámenes de mayorías y minorías, entre otras” y recuerda que el texto discutido en el Congreso sumó un inédito proceso de consulta pública que incluyó la realización de una veintena de foros en distintas ciudades del país y permitió la incorporación de más de 200 aportes de la sociedad civil al texto original. Por esta razón los firmantes entendieron que la decisión de la Cámara Federal de Mendoza “resolvió bloquear” el curso de ese proceso democrático y participativo.
Las organizaciones recurrieron a la figura de amicus curiae -“amigos del tribunal”-, la cual permite a terceras personas participar de una disputa judicial cuando acrediten un interés legítimo en el resultado del litigio.
La presentación fue realizada de manera conjunta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e instituciones académicas. A ellos se sumaron los principales sindicatos que reúnen a los trabajadores de los medios de comunicación y organizaciones que nuclean a radiodifusores y otras ONG interesadas en la defensa de la libertad de expresión.

Fuente: CELS