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Tener un techo
Categoría: Interés general

El déficit habitacional en Tres Arroyos constituye el mayor problema de la comunidad en general y de los trabajadores municipales de la ciudad en particular. Comandado por su secretario general Carlos Otero, el Sindicato de Trabajadores Municipales solicitó al intendente Sánchez un cupo de viviendas para el sector.
En diálogo con EcoDias, Otero también se refirió a otras dificultades particulares que padecen todos los trabajadores municipales de la provincia derivados de la Ley 11.757, que se busca derogar.

Cerca de 750 afiliados dan vida al Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos, que conduce su secretario general Carlos Otero. “La actividad es constante -expone Otero a EcoDias-, con respecto a los objetivos o planes que hemos tenido o seguimos teniendo para nuestros afiliados”. Aunque en una masa sindical de tal envergadura reposa una amplia y variada temática de ítems a tratar y solucionar, quizá el más importante de aquellos con los que debe lidiar el STM de Tres Arroyos sea el de la vivienda.
Sólo un 30 al 35 por ciento del padrón total del sindicato posee una casa propia, en tanto que el resto persiste en una precaria situación en materia habitacional. La situación se agrava año a año porque aunque el ingreso a planta se encuentre “estancado” en el distrito, cada nuevo empleado del municipio “va y se afilia al sindicato. Y generalmente lo hacen personas jóvenes, con familia, por lo que se va sumando la necesidad de vivienda”, relata Otero a “EcoDias y la Región”, el programa de las tardes de Radio Nacional Bahía Blanca. En total, la ciudad de Tres Arroyos registra entre 1500 y 1700 viviendas dentro de su déficit habitacional. Como paliativo, el municipio tresarroyense paga un centenar de alquileres, en tanto que se espera con ansiedad el término en la construcción de las 429 unidades previstas en el marco del Plan Federal II.
Aunque pone de relevancia la mayor voluntad política del actual gobierno nacional para invertir en el rubro, Otero advierte que tanto la administración distrital actual como las anteriores tienen “una deuda con la sociedad en el tema de vivienda”, que considera él “prioridad número uno para la familia argentina”. Dos o tres generaciones habitando en la misma morada configuran un problema cuya causa está en la falta de inversión estatal que tocó su punto máximo con el neoliberalismo de la dictadura militar iniciada en 1976 y el menemismo de la década del ’90. El último barrio construido en Tres Arroyos, por caso, es el FONAVI, que data de más de 30 abriles.

La lucha por el techo propio
A raíz de este cuadro, el Sindicato de los Municipales de Tres Arroyos gestionó ante el intendente, el vecinalista Carlos Sánchez, un cupo especial de viviendas para sus trabajadores, que refuerce los 63 lugares conseguidos dos años atrás, cuando a partir del aporte de tierras propias para su construcción el STM se constituyó en el primer gremio en conseguir esa cantidad de viviendas desde el Estado.
“Hemos hablado con el intendente y estamos esperando una respuesta de parte de él, para ver si podemos contar con la posibilidad de un cupo de viviendas para nuestros compañeros municipales”, puntualizó Otero a EcoDias. En su momento -hace unos cinco meses- “el intendente quedó en respondernos respecto al pedido”, resumió. La carencia de tierras como las otrora aportadas constituye el fundamento primario para la urgencia de tal solicitud.

En carpa, por la dignidad
En otro orden, el titular del STM tresarroyense se refirió a la movilización de los municipales de todo el territorio provincial que el último 17 de noviembre instaló una “carpa de la dignidad” frente a la legislatura bonarense sita en La Plata, con la intención de bregar por “la atención al proyecto elaborado por Rubén García”. Trabajador municipal de Avellaneda, García fue diputado hasta el 10 de diciembre pasado y en tal carácter solicitó a la Cámara la derogación de la ley 11.757, que Otero describe como “nefasta para el trabajador municipal, ha cercenado derechos adquiridos durante mucho tiempo”.
Sancionada en 1996, la normativa incluye entre sus puntos la anulación de la posibilidad de los municipales de discutir incrementos salariales en paritarias provinciales y en pos de su derogación llegaron a mantener entrevistas con la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, o su ministro de Trabajo nacional. En tanto desde el gobierno provincial “no tenemos ningún tipo de respuesta y lamentablemente el poder político hace oídos sordos a los municipales de la provincia”, comentó Otero a EcoDias.

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2009-12-19 00:00:00
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