El colectivo Autoconvocatoria Mujeres emitió la semana pasada un comunicado expresando públicamente su repudio a la situación planteada ante los reiterados abusos y el embarazo sufridos por una joven discapacitada, interna del Patronato de la Infancia.
Advirtieron que “el cumplimiento de la ley y el efectivo goce de los derechos no debe depender de la voluntad de profesionales de ninguna disciplina ni de miembros de ninguna religión”, y solicitaron “la identificación, juicio y castigo del abusador” y “la determinación de responsabilidades de los funcionarios y operadores que debieron velar por la integridad de la niña”.

Mara López Legaspi, integrante de la organización, dijo a EcoDias que estamos frente a un caso “de un aborto no punible porque hay una excepción claramente establecida por la ley a favor de la no penalización de la realización para ningún médico ni para la persona que lo solicita, pero en principio se necesita esa persona que lo pida”. Al estar involucrada una joven con un retraso mental que le impide “autodeterminarse, se requiere de un representante legal”.
“Nuestra inquietud es que, una vez que esté efectivizado el pedido, no se demore más la realización, que no se admita ningún tipo de intervención porque así lo establece la ley, y que esta intervención -que debería ser sencilla- termine no realizándose porque luego la práctica de la interrupción del embarazo es inviable”, afirmó López Legaspi.
En ese sentido, valoró que el tema dispare numerosos debates e intervenciones de diferentes disciplinas médicas, religiones y organizaciones sociales pero subrayó que mientras tanto “no se puede permitir que el tiempo siga pasado”.
“Esto es una cuestión del hecho de género y también de pobreza, de criminalizar a los pobres en el sentido de que si hubiera habido quien dispusiera del dinero para la práctica privada del aborto, directamente nadie se hubiera enterado como seguramente pasa en innumerable cantidad de casos”, se quejó.
Otro punto que obstaculiza la concreción de la intervención establecida por el artículo 86 del Código Penal es que al tener que solicitar al Estado que cumpla con sus funciones, también surge la cuestión económica de los profesionales que intervienen, “como si eso fuera lo único importante”.
La representante de Autoconvocatoria aseguró que “siempre caemos en que esa discusión toma el centro del debate y se olvida -nunca inocentemente- que acá hay un debate de poder. ¿Por qué no se admite la despenalización del aborto y por qué es tan discutido en aquellos casos en que no es delito? Hay quienes están particularmente interesados en que las mujeres no podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos”.
“Cuando se plantean en estor términos las discusiones es cuando más levantamos la voz por el hecho de que estamos hablando de una violación, un abuso, que es una aberración, un atentado a la subjetividad de las víctimas”, agregó.

Reivindicaciones
Autoconvocatoria Mujeres tuvo su origen en diciembre de 2003 como respuesta a la negativa de un juez correccional al pedido de la madre de una niña de Médanos violada y embarazada por su padrastro “por considerar que la gestación no representaba un riesgo para la salud mental de la futura madre, a pesar de la recomendación del Comité de Bioética del Hospital Penna y del Asesor de Menores que representaba sus intereses”.
“Cuando se presentó el amparo la nena estaba de un mes y cuando se resolvió ya había pasado más de cinco, o sea que la interrupción del embarazo era imposible de concretarse”, recordó Mara López Legaspi, quien estuvo entre las más de sesenta mujeres movilizadas en aquella época.
Al avanzar en la discusión del caso “fue más que nada la bronca, esta necesidad de reivindicar públicamente la autodeterminación de la mujer, la necesidad de que no se judicialicen cuestiones que bajo ningún punto de vista deben llegar a la justicia porque la ley no lo exige. (La situación) nos llevó a confluir en un espacio común y a partir de ahí nos descubrimos en la misma ciudad un montón de mujeres y hombres y decidimos empezar a darle una forma colectiva de actuación, abordaje y estudio de estos temas”.
El 2004 ya las encontró organizadas, con encuentros mensuales y debatiendo cuál iba a ser el perfil de la agrupación. “Los presupuestos básicos expresaron claramente la postura de la despenalización del aborto en todos los casos. Preferimos hablar de ‘legalización’, esto significa no sólo que deje de ser un delito sino que además sea un derecho para todas las mujeres que tiene como contrapartida la obligación del Estado de realizarlos en hospitales públicos, en condiciones seguras y con acceso gratuito”.
Además, se propusieron definir y visibilizar la cuestión de género, “establecer que se trata de patrones culturales que no tienen que ver con aspectos de tipo biológicos ni explicaciones de ningún otro tipo sino que esto es un sistema patriarcal que se basa en la diferencia de los sexos, que determina una desigualdad” en todos los aspectos: desde el relato histórico, con una ausencia absoluta de la figura femenina, hasta lo jurídico, particularmente con la evolución del derecho civil.
Hoy, las reuniones de Autoconvocatoria cuentan con la activa participación de las fundadoras pero en las actividades que organizan -para el mes de la diversidad, ciclos de cine debate o jornadas temáticas- se convocan un buen número “de mujeres que son parte y comulgan con la organización pero no concurren habitualmente por cuestiones de tiempo”.
Si bien se trata de una organización feminista local, adhiere y mantiene vínculos con otras instancias nacionales como, la campaña por el Derecho al Aborto Legal y Seguro, la red No a la Trata, entre otras.