La historia demuestra que el país que no es dueño de sus recursos naturales (tierra, agua, selvas, bosques, biodiversidad, minerales, hidrocarburos) para explorarlos y explotarlos en beneficio propio, cuidándolos para que puedan ser disfrutados por las generaciones venideras, en armonía con la tierra y la naturaleza, estará siempre sometido a los poderes financieros y económicos internacionales. Argentina no debe ni puede estar indiferente ante esta cuestión, clave para su desarrollo futuro.
La provincia de Corrientes marca un rumbo a seguir. Su constitución, a partir de una reciente reforma, establece que “el Acuífero Guaraní, en la extensión comprendida dentro del territorio de la provincia y las tierras ubicadas en el ecosistema Iberá, son de dominio público del Estado provincial”. Y en su artículo 61 determina que los extranjeros sin residencia permanente y las sociedades conformadas por ciudadanos o capitales foráneos no pueden adquirir inmuebles en las zonas de seguridad o áreas estratégicas. La nueva constitución provincial declara “patrimonio estratégico, natural y cultural de la provincia de Corrientes, a los fines de su preservación, conservación y defensa: el ecosistema Iberá, sus esteros y su diversidad biológica, y como reservorio de agua dulce… Debe preservarse el derecho de los pobladores originarios, respetando sus formas de organización comunitaria e identidad cultural”.
Hasta la década de 1990, el país fue dueño de sus recursos naturales. En ese período se coronó un proceso iniciado en los 70, cuando se comenzaron a aplicar las políticas fijadas por la Comisión Trilateral (Estados Unidos, Europa y Japón, más las principales multinacionales del mundo), y se instaló la llamada economía de mercado neo-conservadora globalizada. Como explicitó el entonces asesor de seguridad de la Casa Blanca, Zbigniew Brzezinski, en su libro “Between two ages” (“La era tecnotrónica” en la edición en español), la misión de esta comisión era la de reorganizar la política, la economía y la defensa del llamado Mundo Occidental de manera tal de reasumir un liderazgo depreciado y resolver la crisis que se había producido, sobre todo en Estados Unidos.
Esa política, que organizó la producción y explotación de los recursos naturales a escala mundial determinando roles de producción a cada protagonista teniendo como únicos elementos de juicio las ventajas en materia de clima, recursos disponibles y mano de obra barata, así como las posibilidades de transporte y comercialización, se aplicó a rajatabla en la Argentina. Así comenzó a gestarse este saqueo en los 70, bajo una tiranía sangrienta.
Como resultado, el 20% del territorio pertenece hoy a empresas transnacionales y a millonarios de los países ricos; nuestros minerales e hidrocarburos están en manos de empresas norteamericanas, inglesas, canadienses, francesas y españolas que depredan y violan las leyes y las constituciones nacional y provinciales.
El estudio y exploración de nuestros recursos hídricos ya está en manos de organismos financieros y económicos internacionales, aliados a las empresas transnacionales y a Estados Unidos. Por caso, el Proyecto Marco de la Cuenca del Plata -a cargo del Banco Mundial- comprende los subproyectos Pantanal, Acuífero Guaraní, Río de la Plata, Bermejo y Pilcomayo (donde interviene la Comunidad Económica Europea). Recientemente, el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) publicó un informe sobre la Cuenca, fruto de tres años de investigaciones, y ratificó que el Tercer Informe Mundial sobre los Recursos Hídricos Mundiales, que se dará a conocer en marzo de 2009, profundizará su estudio y se centrará en las subcuencas del Río de la Plata. Actualmente, en Argentina son 13 los proyectos en ejecución auspiciados por el Banco Mundial; ellos están relacionados con la biodiversidad, cambio climático, desertificación, ecosistemas, gestión y calidad de los recursos hídricos e ictícolas.
Los recursos estratégicos deben estar en nuestras manos y ser explotados en favor de necesidades e intereses nacionales. Para ello es necesario que nos informemos, tomemos conciencia, nos movilicemos y asumamos que la defensa de nuestro patrimonio nacional es indispensable para mantener la identidad y asegurar nuestra supervivencia como pueblo y Nación. En Corrientes no ocurrió porque sí. Numerosos sectores sociales y políticos se movilizaron para que la carta magna provincial fijara esas pautas de preservación del patrimonio público y quebraron la resistencia de los poderosos. No debemos ni podemos permanecer al margen de estos verdaderos problemas actuales y futuros. Recordemos lo que el 1 de agosto de 1929 expresaba el general Enrique Mosconi respecto de la importancia del recurso petrolero, pero aplicable a todas las riquezas naturales: “Los habitantes de la República no sufren más imposiciones que las emanadas de su propio gobierno, que decide libre de injerencias extrañas en todo lo relativo al combustible líquido, y empiezan a volcarse tierra adentro los millones que hasta entonces tomaban camino hacia el mar”.
 
Fuente: www.acciondigital.com.ar