La diputada de la Federación de Tierra y Vivienda Alicia Sánchez le propuso al gobernador Daniel Scioli que declare la Emergencia de Tierra, Hábitat y Vivienda y se frenen así los desalojos de más de 190 asentamientos urbanos donde viven miles de bonaerenses.
El planteo de la presidenta de la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados provincial  refiere a la sanción de cerca de 200 leyes de expropiación en toda la Provincia, para las cuales no ha habido disponibilidad económica para solucionar el problema.

“La situación de emergencia habitacional en la que se encuentra sumida la Provincia es evidente y profunda. La misma repercute en todos los aspectos de la vida de quienes se encuentran inmersos en ella, afectando directa o indirectamente a toda la sociedad”, comienza diciendo la diputada Alicia Sánchez.
La normativa que hasta nuestros días regula el uso del suelo en la Provincia de Buenos Aires es el Decreto-Ley 8.912, creado en 1977, durante la última dictadura militar. Su aplicación ocasiona serios problemas jurídicos a las miles de familias que se encuentran en situación de tenencia irregular de la tierra, generándose así incumplimientos en la plena vigencia de sus derechos humanos sociales y económicos vitales.
¿Cómo se refleja en la vida cotidiana? “Para nosotros, en el pleno goce de los derechos humanos importa en primer término el acceso seguro a la vivienda familiar, espacio que implica mucho más que lo concreto: es el lugar desde donde podemos proyectar la vida. Por ello, la discusión no se centra en el aspecto administrativo de la escritura de dominio, sino en la posibilidad de pensarse desde ese lugar ordenador de la vida cotidiana, desde el principio que techo y comida son fundamentales para la educación y la salud”.
En el orden constitucional, tanto la carta magna nacional como la provincial garantizan y promueven el acceso a la vivienda digna. Por citar algunos articulados, el art. 14 bis de la Constitución Nacional, el inciso 7º del art. 36 de la Constitución Provincial, así como las adhesiones al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (inciso 1º del art. 11) y a la Declaración Universal de Derechos Humanos (inciso 1º del art. 25).
Ante la situación de emergencia de Tierra, Vivienda y Hábitat en la que se encuentra sumida la Provincia de Buenos Aires, la legisladora plantea que “corresponde privilegiar la protección integral de la familia, y su derecho a una vivienda digna, mediante la estricta observancia del principio de la función social de la propiedad privada, y suspender los procesos judiciales de cualquier naturaleza que conduzcan al desalojo de inmuebles”.
Y suma a su fundamentación la mirada de la Doctrina Social de la Iglesia que plantea “el derecho de propiedad privada con función social: La propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos aporta a cada uno un espacio completamente necesario para la autonomía personal y familiar y debe ser considerado como una prolongación de la libertad humana. Finalmente, al estimular el ejercicio de tareas y deberes constituye una de las condiciones de las libertades civiles”. Alicia Sánchez cita en este punto a la Conferencia Episcopal Argentina en un documento publicado cinco años atrás.
En los últimos 26 años de democracia, la legislatura provincial ha sancionado más de 190 leyes de expropiación de asentamientos que hasta el momento se hallan a la espera de la ejecución de las partidas presupuestarias que posibiliten su concreción. El volumen de expropiaciones da cuenta de la necesidad de resolver la problemática con medidas integrales ya que se trata de centenares de miles de familias y, al mismo tiempo, es una importante fuente que hoy el estado provincial no está aprovechando como recaudación tributaria.
Por eso, la diputada plantea que “la Emergencia de Tierra, Vivienda y Hábitat implica, en principio, suspender por el término de un año los desalojos judiciales sobre los asentamientos urbanos para quitar esa espada de Damocles que pende sobre las cabezas de los sectores populares y permitir profundizar las acciones que ya se han comenzado a realizar desde el estado provincial para superar esta problemática: la regularización dominial que implica la tenencia segura de la tierra y el mejoramiento del hábitat”.