El 
22 de diciembre el Senado Nacional aprobó y convirtió en ley el proyecto
que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución
de papel para diarios y además ratificó el marco que regula la norma.

Este  proyecto, enviado por el Poder
Ejecutivo, logró 41 votos a favor aportados por el Frente para la Victoria y
por sus aliados de Nuevo Encuentro y del Movimiento Popular Neuquino. Además
votaron a favor el porteño Samuel Cabanchik (de Proyecto Buenos Aires Federal);
la pampeana peronista disidente María de los Angeles Higonet; el riojano Carlos
Menem; y el radical disidente de Corrientes, José Roldán.
En contra votaron 26 legisladores de los bloques de la oposición conformada
mayormente por el radicalismo y el peronismo federal; mientras que se abstuvo
el representante del Partido Renovador de Salta.
Por medio de esta ley  se logra declarar
de interés público la producción de pasta de celulosa y papel de diario, así
como su distribución y comercialización.
Según el texto, el marco regulatorio busca «asegurar para la industria
nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de
pasta celulosa para papel de diario», el cual será aplicable a personas
físicas y jurídicas con domicilio en el país.
El proyecto establece, entre otras cosas, la creación de una comisión bicameral
de seguimiento de la fabricación, comercialización y distribución de la pasta
de celulosa y papel, integrada por 8 senadores y 8 diputados de diferentes bloques
parlamentarios.
Será el Ministerio de Economía la autoridad de aplicación de la norma, que
tendrá a su cargo controlar el marco regulatorio, y contará con el
asesoramiento de una Comisión Federal Asesora, integrada por un representante
de los diarios de cada provincia; uno de las entidades de consumidores y 3 de
los trabajadores.
Hacia el final del texto se establece que la empresa Papel Prensa «deberá
operar a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel»
y presentar cada tres años un plan de inversiones tendientes a satisfacer la
demanda interna de papel de diarios.

Entrevista a Juan Manuel Irrazábal, senador
por Misiones (FPV)
(Ansol).- Los medios gráficos afectados durante años por el monopolio de la
fabricación, comercialización y distribución del papel para editar su
publicación expresaron su satisfacción por el avance del proyecto que,
impulsado por el Gobierno Nacional, declaró de utilidad pública este insumo y
abre el juego no solamente al Estado, en el directorio de la empresa Papel
Prensa S.A., sino también a esos mismos diarios de todo el país que son
adquirientes de este insumo y podrán participar del Consejo Federal
Asesor. 
El senador por Misiones Juan Manuel Irrazábal recibió en su despacho a
integrantes de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos
de la República Argentina (Fadiccra) -entre ellos el director de EcoDias, Pablo
Bussetti- y explicó que con este proyecto se puede lograr que la información
“no la monopolice el Estado ni los privados”. Horas después la iniciativa se
convirtió en ley, con el voto positivo de 41 senadores. Una semana antes había
recibido el aval de 134 Diputados.
– ¿Cuáles son los puntos clave del
proyecto?
– Lo más importante es que el Estado argentino debe garantizar un marco regulatorio
para que todos los medios de prensa gráficos del país tengan libre acceso al
insumo más importante para ellos, el papel. Y creo que después hay 3 puntos
clave. El primero es la cláusula de igualdad de posibilidades de acceso al
papel, cualquiera sea el tamaño de la empresa, el volumen o la cantidad de
ejemplares que edite. El segundo es el precio igualitario, garantizado por ley,
no regulado por el mercado ni por un grupo monopólico, sino por la intervención
del Estado en cumplimiento de esta ley. Y el tercero es que el Estado buscará invertir
en la fabricación de papel, para satisfacer la demanda de todos los medios del
país, y los derechos políticos que devengan de ese capital accionario no quedan
en manos del Estado sino que se transfieren al Consejo Federal Asesor que
integra en su seno a representantes de medios gráficos de todo el país adquirientes
de papel y sin intereses involucrados en la fabricación, comercialización o
distribución. Con lo cual esto no beneficia al Estado sino a los medios gráficos,
sobre todo pequeños y medianos, de todas las provincias del país.
– ¿Cómo se llevará a cabo la integración
del Consejo Asesor?
– Tiene tres sectores: los compradores del insumo, que regularmente editen
un medio, y elegirán entre ellos un representante por provincia. El segundo es
el de los usuarios y consumidores, con dos representantes; y luego el de los
trabajadores de prensa y canillitas, con tres. El sistema de elección va a ser
objeto de reglamentación pero cumpliendo con el objetivo de lograr la participación
igualitaria y la democracia en el sistema de toma decisiones de este Consejo.
– ¿Qué repercusión tendrá sobre las
comunidades que hoy reciben información concentrada todos los días?
– Este proyecto forma parte de un conjunto de medidas y decisiones
políticas que apuntan a recuperar para el Estado el rol de democratizar la
sociedad. En definitiva, la información pública no la tiene que controlar el Estado
pero tampoco los privados en forma de monopolios, corporaciones o multimedios.
Hay que multiplicar las voces que participan en el flujo de esa información y
garantizar a todos los ciudadanos el libre acceso a ella. Creo que esto va a
contribuir grandemente a generar niveles de conciencia social liberados de toda
forma de manipulación y contaminación del mensaje, ya sea por vía estatal como
privada.
– ¿Quiénes se oponen argumentan que esta
ley dará lugar a un “monopolio estatal” ¿Es real ese riesgo?
– La oposición hace una interpretación sesgada, arbitraria y absolutamente equívoca
del espíritu de la letra de la ley. Y lo hace fundamentalmente porque viene
sometida y es funcional a la agenda política, a los intereses y a las prioridades
de los multimedios, que por otra parte integran grupos corporativos que están tratando
de poner en crisis el objetivo estratégico de desconcentrar la economía. De
esta manera, la oposición sigue siendo funcional a los sectores de la economía concentrada.

Directorio
“Con los mismos actores que ahora, el Estado estará obligado por ley a
invertir, a garantizar insumos y la satisfacción de la demanda. Para eso va a acrecentar
su participación accionaria, va a poner límites en el manejo interno de la empresa
a los dos privados que monopólicamente se la quedaron, Clarín y La Nación, y le
va a permitir ejercer derechos a los pequeños y medianos diarios del interior
que pueden incidir a través del Consejo Asesor en el proceso de toma de
decisiones. Entonces, la integración accionaria y la composición sigue siendo
la misma, lo que va a cambiar es la incidencia de cada uno de los actores
dentro de la empresa.”
 
Precio
“La ley establece precio único y obligatorio para todos los medios, sometido al
resto de los requerimientos legales. Por ejemplo, a la cláusula de
accesibilidad, es decir, a la posibilidad de acceso en calidad, en cantidad y
en precio al papel de diario para todos los que lo necesiten. Hay previstos
mecanismos económico-financieros que harán posible que la empresa cumpla con esta
cláusula de accesibilidad. Y, siendo muy difícil eso que dicen algunos
opositores acerca de hoy cualquiera puede poner una planta de papel, hay que
hacer funcionar bien esta empresa con criterios de equidad.”