La empresa Papel Prensa S.A. nace como proyecto durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y llamándose a concurso internacional durante el paso por el Ministerio de Economía de Aldo Ferrer, en 1971, bajo el gobierno de facto de Agustín Lanusse.
Si bien la licitación se declaró desierta, decidieron avanzar con la única presentación que, según el gobierno de esa dictadura, se ajustaba a las formas de una oferta. Era la que habían realizado en forma conjunta César Civita, César Doretti, Luis Rey y la empresa Editorial Abril S.A.
Así, Lanusse resolvió autorizar Papel Prensa para ese grupo de empresarios, para que instalen la fábrica de papel de diario sobre el río Paraná, en San Pedro, con una inversión de 62 millones de pesos y una capacidad de producción inicial de 105.600 toneladas por año.
En 1973, Civita y la Editorial Abril venden sus acciones a David Graiver. De esa forma, quedaron en sus manos el 26 por ciento de las acciones. Dos años después, comienza a recibir amenazas de la Asociación Anticomunista Argentina (Triple A) por supuestas vinculaciones del grupo económico familiar con la organización política Montoneros, por lo que Graiver se mudó a Estados Unidos.
Meses después del comienzo de la dictadura genocida de 1976, Graiver muere extrañamente en un accidente aéreo el 6 de agosto de 1976.
Allí comenzó la pesadilla para su mujer, Lidia Papaleo de Graiver, y para toda su familia. Si bien todos le sugerían que no volviera a la Argentina, regresó y empeoraron las amenazas.
Iniciado el trámite de sucesión, la dictadura de Jorge Rafael Videla comenzó a presionar a la familia Graiver para que vendiera las acciones de Papel Prensa a Fapel S. A. Esa firma sería una suerte de  “sello de goma” que crearon Clarín, La Nación y La Razón para comprar esas acciones.

Secuestros, torturas y apropiaciones
El 2 de noviembre de 1976 Lidia Papaleo, Eva y Juan Graiver vendieron bajo presión sus acciones de papel prensa a Fapel S. A. por 996.000 dólares. El paquete accionario estaba valuado por el Banco Nacional de Desarrollo en 2,3 millones de dólares. Es decir, la venta se efectuó a menos del 50 por ciento de su valor.
Al momento de la firma, los familiares de Graiver recibieron solamente siete mil dólares. El resto se pagaría luego de transcurridos tres meses, cuando la sucesión se hiciera efectiva, y en cuotas.
El pago y la venta debían ser autorizados por un Juzgado de Menores, en cuanto uno de los hijos de Graiver, María Sol, tenía en ese entonces un año. Transcurrido ese tiempo, el juez aún no había aprobado la venta. Por eso los representantes de Clarín, La Nación y La Razón depositaron el monto meses después en una escribanía.
Varios familiares de Graiver fueron secuestrados, sufrieron torturas y permanecieron desaparecidos y detenidos. Con el regreso de la democracia fueron liberados. Al intentar cobrar la trasferencia, descubrieron que las propias empresas que en 1976 conformaron Fapel habían retirado de la escribanía el pago por las acciones de la empresa familiar.
Según se supo, también había sido coaccionado para firmar la cesión de las acciones el abogado que representada a David Graiver en la empresa Galerías Da Vinci.
Ocho días después de la firma, la empresa Fapel S.A. cedió las acciones a Clarín, La Nación y La Razón.
Una vez consumada la apropiación ilegal e ilegítima, los directivos de las tres empresas de medios firmaron un pacto de sindicalización por el cual se comprometieron a consensuar todas sus votaciones y la de todos los accionistas, tanto en las reuniones de directorio como en las asambleas de Papel Prensa.
Firmaron ese acuerdo de sindicalización, de voto en bloque, Ernestina Herrera de Noble, por Clarín, Bartolomé Mitre, por La Nación, y Patricio Peralta Ramón, por La Razón.
Las definiciones del destino de las votaciones se tomarían en un comité de dirección que nada tiene que ver con el organigrama de gobierno de Papel Prensa. En esa instancia representaría Héctor Magnetto a Clarín, Mitre a La Nación y Peralta Ramos a La Razón.
En los últimos días, esas empresas se han encargado de difundir la importancia de Papel Prensa para algún sector que tenga interés en controlar los medios gráficos. El informe hecho público demuestra que fueron ellos mismos quienes se intentaron adueñar de ese control.
La historia es trágica, con muertes como la del abogado Rubinstein y vidas destrozadas emocional y económicamente. Es la historia de Papel Prensa, de la que se retiró o fue retirado, años después, La Razón.

Pactos de silencio
El 24 de marzo de 1976, cuando asumió el gobierno de facto que impuso una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, los medios gráficos de circulación a nivel nacional que crearon el sello con el que se apropiarían de Papel Prensa, difundieron la información de la siguiente manera: Clarín tituló “Nuevo Gobierno”, mientras señalaba que “la prolongada crisis política que aflige al país comenzó a tener su desenlace”; La Nación indicaba que “Asumieron el gobierno los tres comandantes generales”.
En síntesis, era el pacto de silencio con la dictadura que se mantuvo durante los años de gobierno de las fuerzas armadas.
Más acá en el tiempo, dentro de las repercusiones inmediatas al anuncio presidencial del informe “Papel Prensa: la verdad”, entre los medios gráficos del interior el diario bahiense La Nueva Provincia fue uno de los pocos grupos críticos a la presentación, a la que calificó como un “embate” contra Papel Prensa.
El diario capitalino El Argentino recuerda lo que ya casi todos sabemos en estas tierras: “El director ejecutivo de La Nueva Provincia es Vicente Massot, colaborador durante los setenta de las revistas fascistas Cabildo y Verbo, quien iba a ser ministro de Defensa durante el mandato de Eduardo Duhalde cuando el Centro Simón Wiesenthal repudió el nombramiento, acusando al empresario de antisemita”.

Fuentes: Ecupres, Presidencia de la Nación, La Nación, Clarín, Página 12, Telam, El Argentino, DsD.