Desde el pasado mes de julio nuestro país cuenta con una nueva herramienta para contrarrestar la violencia contra las mujeres.
Se reglamentó la Ley 26.485, luego que la presidenta Cristina Fernández firmara el decreto para dar curso a la ley de protección a las mujeres contra toda violencia de género.
La legislación tipifica diversas situaciones de violencia hacia las mujeres y prevé sanciones a los responsables.

El día de la presentación, la primera mandataria argentina destacó que «la violencia contra la mujer puede existir incluso en los lugares más encumbrados y aunque una no dependa de nadie». Es por esto que afirmó la necesidad de seguir adelante con la «gran batalla cultural», que significa esta ley para alcanzar la igualdad de género.
El Consejo Nacional de las Mujeres, cuya titular es Lidia Mondelo, será el órgano de aplicación de la norma para combatir la violencia machista, es decir, la discriminación que surge de las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres.
El texto de la ley fue consensuado a través de un largo proceso de consultas con especialistas que integraron comisiones temáticas: una comisión interinstitucional, constituida por representantes de los distintos Ministerios y Secretarías de la Nación con responsabilidades asignadas por la Ley; una comisión asesora integrada por representantes de organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, sindicatos, ámbitos académicos, organizaciones sociales y referentes de los medios de comunicación; una comisión de análisis jurídico, con la participación de jueces y juezas de los fueros civil y penal, juristas, y representantes de la Defensoría General de la Nación, y el Consejo Federal de las Mujeres.
La ley contiene 45 artículos. Contempla la violencia de género en sus diversas formas: física, sexual, simbólica y agrega la violencia económica y patrimonial, y psicológica. Y no sólo cuando ocurre en el ámbito intrafamiliar: también en los organismos públicos, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil, y en los servicios de salud.

Violencia mediática
La ley abarca también la violencia mediática, en la que los medios de comunicación tienen su cuota de responsabilidad al difundir mensajes o imágenes que tienden a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina, estimulan o fomentan la explotación sexual de las mujeres, o contienen prácticas discriminatorias a través de expresiones, juegos, competencias o bien los avisos publicitarios.
Otra incorporación es la figura de “violencia contra la libertad reproductiva”, que incluye la libertad de una mujer de elegir si desea o no tener hijos, y decidir el intervalo de los nacimientos, la elección del método anticonceptivo y la posibilidad de realizar un aborto no punible.

Observatorio
Asimismo, la ley prevé la creación de un Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, para llevar adelante un monitoreo y registro de datos e información sobre la violencia contra las mujeres. Además, tendrá que implementar una línea telefónica gratuita, en forma articulada con las provincias, destinada a dar contención, información y asesoramiento, y la realización de campañas de prevención.
El texto establece la asignación de partidas presupuestarias y el acceso gratuito a la justicia. Para hacer más ágil la respuesta a las situaciones contempladas en la ley, las comisarías deberán remitir las denuncias de violencia de género en un plazo no mayor a 24 horas.

Los derechos asegurados
“Esta ley crea un sistema de protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito donde la mujer se desenvuelva, no solamente como en las leyes anteriores que protegían a la mujer de la violencia familiar o doméstica, sino que ahora se amplía todo el panorama, defendiendo a la mujer desde que nace, en toda la vida, porque se contempla no sólo a las mujeres adultas, sino a las niñas y adolescentes. Esta ley defiende los derechos de las mujeres en cualquier ámbito, no sólo en el laboral”, explicó la abogada Natalia Castelli Bartolini, integrante de El Nido, quien junto a la presidenta de la institución, lic. Claudia Crudele, explicaron algunos alcances de la nueva reglamentación.
El Nido es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja en la problemática de la violencia familiar. Sus tareas consisten en asistir a la mujer maltratada, al hombre violento, a niños y adolescentes víctimas y testigos de situaciones de violencia familiar. El Nido trata todo tipo de violencia, desde la física hasta la verbal, sexual, psicológica y económica.
“Como esto es una ley nacional, es sumamente importante todo lo que tiene que ver con las cuestiones de fondo, como qué es violencia sobre la mujer, o a qué tipo de violencia nos vamos a referir, qué pautas vamos a aplicar, cuáles van a ser los lineamientos, cuáles van a ser las políticas estatales que se van a tener que cumplir de esta ley en adelante. Eso es algo que se puede aplicar en todo el territorio de la Nación”, explicó la doctora Castelli Bartolini.
Esta ley rige desde que se sanciona en el ámbito federal, que es el ámbito nacional, pero a nivel provincial cada provincia tiene que adherir a la ley o modificar la suya en base a la ley nueva. La reglamentación es como un “aviso” que hace también el estado nacional para decirle a las provincias que trabajen en esa reglamentación, que adhieran a la reglamentación o la modifiquen en lo que corresponda.
Otro punto importante que consideró la abogada es el acceso gratuito de la mujer que es víctima de la violencia. Para tener acceso a la justicia se implementa la posibilidad de hacer convenios entre las ONG, los colegios de Abogados, las defensorías, las universidades, a fin de poder generar un proyecto para poder ayudar a las mujeres en estas situaciones.
“Obviamente, desde El Nido nos vamos a abocar a lo que es la violencia a nivel familiar, porque es lo que nosotros venimos haciendo. Seguramente otras ONGs que se dediquen a otras violencias como la laboral, lo harán en base a lo que se dedican. Para nosotros es importante desde ese punto porque nos abriría un camino más para ayudar a las personas”.

Nuevas maneras de nombrar
Uno de los temas que surgieron de la entrevista con las integrantes de El Nido, fue la incorporación de términos “nuevos” a través de la ley.
“El lenguaje de la legislación es totalmente distinto a lo que veníamos manejando hasta ahora porque se habla de patrones socioculturales que habría que modificar, el derecho a una vida reproductiva libre de la mujer, más allá de que exista legislación sobre salud reproductiva. La mirada de esa ley es desde el punto de vista del derecho a la salud y desde el punto de vista del derecho de la mujer a formar una familia. Es importante que se ponga como un punto importante la salud reproductiva de la mujer y que ella tenga la posibilidad de decidir sobre esa situación”.
El cambio en la definición de discriminación no es menor. La ley toma el término en cuanto al género, la desvalorización de la mujer en relación al varón. Es una discriminación puntual sobre el género, “por más que antes nosotros podíamos construir la idea de discriminación, discriminando a la mujer en relación al varón, pero ahora está escrito. Cualquier situación acción u omisión que la ponga a una mujer en desventaja con el varón ya es una discriminación y debería ser sancionada de alguna manera”.
La ley tiene dos puntos importantes sobre la consideración de la mujer como objeto. En principio, en la reglamentación promueve desterrar los estereotipos socioculturales en cuanto a la mujer con determinado rol, ya sea dentro de la familia, o el trabajo. Y en relación a la televisión también, desde las formas habituales de mostrar a la mujer, que las ponen en una situación de cosa u objeto y no en su condición de personas.

Contra la revictimización
Se puede destacar como importante que la ley abarca la atención de la víctima de violencia no sólo durante el proceso de violencia, sino después de haberla sufrido. También insta a erradicar todos los modos de revictimizacion de quien sufre la violencia.
“Eso es muy importante porque a veces la protegemos para que no sufra violencia o la ayudamos cuando ya la sufrió, pero no nos damos cuenta que los mecanismos que usamos, a veces son también violentos en cierta medida. Por ejemplo, cuando tiene un control policial, o un peritaje, donde se tiene que enfrentar con la persona que la golpeó, o tiene que volver a contar nuevamente lo que vivió. Ya es importante que se haya visto esto como un punto débil dentro de la estructura”, determinó la abogada.
Respecto a este punto del texto de la ley, Claudia Crudele agregó: “Esto se ve mucho, que la mujer va pasando por distintos ámbitos, juzgados, fiscalía, comisaría, instituciones, tantos lugares a contar la misma historia una y otra vez. Esta ley apunta a unificar estos servicios para que la persona no sea revictimizada. Cada vez que lo cuenta ella revive esa situación; sin darnos cuenta, por ayudar, la ponemos en esa situación. También a veces es importante que se agilice el trámite porque en muchas ocasiones se cuenta con poco tiempo que es en el que la persona se decidió a pedir ayuda”.
Respecto a la actualidad de la violencia en la ciudad, a modo de aproximación la licenciada diferenció la situación actual, que pueden identificar a partir de la experiencia: “En los últimos años es más compleja la situación en la que se encuentra la persona, no es la cantidad, sino la complejidad de la situación de la persona que se acerca. La familia no se ve, no existe, y esto para comprender a la persona te complejiza poder asesorarla o ayudarla. Te encontrás con familias ensambladas, con mujeres que han pasado por tres matrimonios violentos, con los tres ha tenido hijos, y sus hijos también han sufrido la violencia. Todo esto crea más complejidad”.
La presidenta de El Nido remarcaría que “hay otros factores que desencadenan las situaciones de violencia, otros desencadenantes, porque si alguien es violento, lo es” de distintas maneras y en diversos ámbitos.
A pesar de la complejidad de las situaciones violencias que atraviesan muchas mujeres bahienses, se tiene un registro de un promedio de 200 casos anuales que pasan por la institución, ya sea personalmente o por el teléfono de consultas.

“Lo importante de esta ley es que abarca en una ley todas las posibles violencias hacia la mujer, bien definidas y que ahora ya tenemos en qué basarnos cuando surja un problema o se vulneren los derechos de la mujer en distintos ámbitos. Ahora tenemos esta ley de protección integral, no como antes que teníamos que acomodar otra legislación, ya sea la laboral, la de salud reproductiva o la de discriminación a la situación de la mujer. Tenemos en una misma ley todas las posibles violencias que una mujer puede sufrir a lo largo de toda su vida”, doctora Natalia Castelli Bartolini.

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