El 21 de octubre de 2009 el abogado Alberto González Arzac fue designado por el Ministerio de Economía representante del Estado Nacional en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa. El 4 de noviembre del año pasado concurrió con otros representantes del Estado Nacional a una reunión del Directorio de Papel Prensa, a la que no pudo asistir dado que se lo impidieron autoridades de la firma. A partir de esa situación se sucedieron distintas maniobras y obstáculos para imposibilitar la incorporación del consejero del Estado al Consejo de Vigilancia. La cerrada oposición a González Arzac por parte de los representantes del paquete accionario en manos de Clarín y La Nación derivó en una querella penal que el abogado inició contra Alberto Maquieira y “eventuales cómplices” por violación de los artículos 300 inciso 3 y 301 del Código Penal, artículos ambos comprendidos en fraudes al comercio y a la industria.
Una de las argucias utilizadas en contra de la designación del nuevo consejero, fue exigir su designación por la asamblea de accionistas cuando por estatuto de la empresa el Estado tiene facultad para designar representante en forma directa.
El bloqueo a la incorporación de González Arzac fue parte de decisiones dirigidas a dificultar la incorporación de los nuevos representantes del Estado y a preparar un escenario favorable para la defensa cerrada del abastecimiento a Clarín y La Nación del papel producido por Papel Prensa, política que castiga a las demás empresas editoras al calvario de poco o ningún papel y mayor precio.

Administración infiel
El uso intensivo de las ventajas que le confiere su posición dominante en el mercado del papel para diario es tan antiguo como su historia. Igual que los beneficios que obtienen sus accionistas que son al mismo tiempo clientes de la empresa. Esa combinación de beneficiar a sus accionistas con precios preferenciales para sí mismos fue denunciada por el representante de la empresa Establecimiento Terrabusi en ocasión de tratarse el balance cerrado el 31 de diciembre de 1988 ya que esa empresa poseía acciones de Papel Prensa.
El representante de Terrabusi reclamó por falta de información para poder analizar debidamente el balance, algo parecido a lo que les pasa a los directores del Estado cuando cumplen con sus funciones. Uno de sus reclamos fue sobre “el modo operativo que refleja el balance de la sociedad en el último ejercicio, no obstante que en la Memoria se menciona que han disminuido los costos e incrementado los precios”. La observación se refería a que esos precios eran “inferiores a los de la competencia en la mayoría de los casos e inclusive inferiores a los precios de importación”. La maniobra es tan burda como antigua y se llama “administración infiel” cuando se trata del interés de los accionistas que no participan de los beneficios que originan menores precios.

Intervención judicial
La intervención de la Comisión Nacional de Valores,  que tienen competencia en el problema, comenzó el 19 de noviembre de 2009 con el dictado de una Resolución llamada “de irregularidad y eficacia” que lleva el número 16.222 y en la que comunica a las autoridades de Papel Prensa que había declarado irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos adoptados por el Directorio de la empresa en las reuniones celebradas el 4 de noviembre de 2009. El 23 de noviembre, por Resolución 16.223, dispuso instruir sumario a los integrantes de los órganos de dirección de Papel Prensa.
Papel Prensa reaccionó ante las medidas dispuestas por la CNV, iniciando una acción cautelar en la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Este tribunal rechazó la presentación sosteniendo, entre otras consideraciones, que “…no fue verdadero lo expuesto por Papel Prensa S.A. en su comunicación del mismo 13/11/09 dirigida a la Comisión Nacional de Valores en la que afirmó que las actas ‘…al día de la fecha se encuentran suscriptas por todos los intervinientes…’”. La mentira de los directivos de Papel Prensa que intervinieron en la manipulación les hizo perder un triunfo que sus mandantes mediáticos descontaban.

Desobediencia de vida
Toma en estos días relativo estado público que los accionistas privados de Papel Prensa (Clarín y La Nación), «desobedecieron el fallo judicial emitido el 8 de marzo por el juez federal Eduardo Malde», según informa la agencia Telam.
El juez Malde había determinado en su fallo la suspensión cautelar de lo resuelto en las reuniones de directorio de Papel Prensa SACIF del 4 de noviembre de 2009 y, consecuentemente, las posteriores. Además, ordenó la «incorporación inmediata en el cargo como integrante del Consejo de Vigilancia por el Estado Nacional de Alberto Ricardo González Arzac y el apartamiento preventivo del asesor legal del Directorio, Enrique Pigretti».
También resolvió suspender la celebración de la Asamblea General Ordinaria aprobada en la reunión de directorio del 3 de febrero de 2010 fijada para el 9 de marzo de 2010 e intervenir cautelarmente a Papel Prensa SACIF, designando coadministrador al doctor Carlos Bianchi.
Advertido de la falta de cumplimiento de la resolución judicial, el gobierno nacional decidió realizar una inspección ocular en la sede de Papel Prensa, donde se comprobó que «Pigretti continuaba dando órdenes y asignando tareas a los empleados».

Fuente: www.elargentino.com