El juez Rafecas está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas en el Primer Cuerpo de Ejército de Capital Federal durante la última dictadura militar.
El magistrado habló de cómo se están llevando a cabo, de manera simultánea, tres juicios orales que refieren a cinco centros clandestinos de detención.

Varios fueron los compromisos que trajeron al juez Daniel Rafecas a Bahía Blanca. Uno de ellos fue una charla titulada “La Shoah y su proyección actual” mientras que otro evento similar tuvo como motivo “Justicia Universal: Crímenes de Lesa Humanidad. De Nüremberg a nuestros días”.
Rafecas, quien durante 2006 recibió el premio “Derechos Humanos”, es el titular, en Capital Federal, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, que tramita la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército.
Horas después de su llegada a Bahía Blanca, el juez dialogó con la prensa local y se refirió, en mayor medida, al proceso de los juicios a represores imputados en la mencionada causa: “Como es de estado público, se están llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires, en forma simultánea, tres juicios orales, en tres tribunales orales distintos que tienen que ver con cinco centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron en la zona de la ciudad de Buenos Aires. Los centros ‘Club Atlético’, ‘Banco’ y ‘El Olimpo’ tramitan en un tribunal oral y en otro tramita el juicio oral por el centro clandestino ‘El Vesubio’. Además, hoy acaba de comenzar en el Tribunal Oral Federal 1 de Capital, el juicio oral respecto del centro clandestino llamado ‘Automotores Orletti’”.
El juez destacó todos estos hechos dada la importancia que tienen ante la búsqueda de Verdad y Justicia: “Paralelamente, en mi juzgado, en el Juzgado de Instrucción seguimos trabajando con muchos centro clandestinos como Coordinación Federal, por ejemplo, y eso va a tener el mismo destino: en su momento serán elevados a juicio y se va a llevar adelante los juicios orales”.
Juicios del estilo del que se está desarrollando en Capital Federal, se están llevando a cabo en todo el país, señaló Rafecas, con un importante y necesario apoyo estatal: “Esto es algo que forma parte de una política de Estado. La Cámara de Diputados de la Nación lo acaba de sancionar por unanimidad. En todo el país se están llevando adelante estos juicios que están trayendo Verdad y Justicia respecto de lo que fue el Terrorismo de Estado durante la última dictadura militar”.
Es sabido que los tiempos de la justicia son lentos y los esclarecimientos de los crímenes de lesa humanidad son ejemplo de ello. Sin embargo, el ritmo adquirido en los últimos tiempos son aceptables, en la opinión del juez: “Son juicios muy complejos que abarcan decenas de imputados y cientos de víctimas, con lo cual la implementación de estos juicios siempre es difícil, aunque se puede mejorar y se los puede hacer aún más eficientes. Yo creo que por el nivel de infraestructura que tiene el Poder Judicial de la Nación, especialmente gracias al impulso muy fuerte que le ha dado la Corte Suprema de la Nación y la Cámara de Casación Penal en los últimos años, estamos en un nivel aceptable de ritmo en el desarrollo de los juicios. Este es un escenario que ha llegado para quedarse en la Argentina con los próximos años”.

Los civiles y la dictadura
Bahía Blanca se encuentra en pleno proceso para juzgar a sus represores siendo este ámbito de los más importantes del país por su importancia durante la dictadura militar. Sin embargo, existen algunas trabas para llegar a los objetivos finales: algunas excarcelaciones así lo demuestran. Rafecas no quiso opinar de Bahía Blanca específicamente, pero sí reconoció las dificultades que suelen presentarse en este tipo de causas: “Como integrante de una Comisión Interpoderes que está dedicada a agilizar estos procesos y que funciona en el ámbito de la Corte, conozco algunas jurisdicciones que siguen teniendo algunas dificultades como para llevar adelante los juicios. Ejemplos de ello son Mendoza, Salta y Jujuy, con lo cual quiero decir que hay dificultades en algunas jurisdicciones del interior, pero con el fuerte impulso que tiene como política de Estado la celebración de estos procesos, tarde o temprano se van a ir removiendo esos obstáculos”.
Refiriéndose al personal civil que colaboró con la dictadura, Rafecas señaló que en su juzgado también hay de estos casos que se encuentran en pleno proceso de juzgamiento: “Sin ir más lejos, el caso de Guglienmineti, son civiles que operaban en el marco de la Secretaría de Inteligencia y que eran interrogadores y actuaban en los grupos de tareas y en el centro clandestino Orletti. Hoy día están siendo juzgados, por lo tanto es irrelevante si son policías, gendarmes, militares o civiles, en tanto y en cuanto se demuestre con pruebas suficientes que operaban en Grupos de Tareas o en Centros Clandestinos. Tanto el fiscal como el juez de Instrucción no tienen ningún impedimento como para impulsar una acusación o procesamiento de un civil en tanto y en cuanto se demuestra que haya participado con cierto nivel de responsabilidades, de la represión”.
Los militares no actuaron solos sino que necesitaron de complicidades a través de toda una red de personas que facilitaron el genocidio. En muchos casos, esas personas fueron civiles. Es decir, personas que podían ser de su vecindario, cercanas, y en algunos casos ciertos personajes con cargos importantes. Esas personas formaron parte de lo que se llamó Personal Civil de Inteligencia que colaboró con la dictadura. Negar su rol sería como negar la función decisoria que cumplieron los colaboracionistas en la Alemania nazi.
De allí la importancia de desenmascarar a quienes fueron integrantes del aparato de inteligencia y represión que posibilitó la detención ilegal, la violación, la desaparición y el asesinato de ciudadanos y ciudadanas argentinas como parte de la necesaria tarea de saber la Verdad y de conseguir Justicia.
En el caso de Bahía Blanca, uno de los nombres públicos que se publicara como Personal Civil de Inteligencia -su tarea era como agente de reunión- es el del actual juez de Faltas Ricardo Germani, para el que ya se ha pedido su destitución, trámite que recorre lentamente el circuito burocrático que vincula al HCD y al gobierno de Cristian Breitenstein.

La maestra y Galtieri
En el marco de los actos escolares por el Bicentenario de la Patria, en la provincia de La Pampa se dio el caso de una docente que decidió incorporar el retrato de Leopoldo Fortunato Galtieri entre los rostros de diferentes personalidades como parte del acto. Esta repudiable actitud valió el inmediato desplazamiento de su cargo a la docente. Consultado sobre dicho episodio, Rafecas señaló: “El proyecto político que tuvo la dictadura militar fue un intento de cambio cultural y ese cambio cultural que se intentó instaurar penetró en los contenidos educativos y en los contenidos históricos. Lo que ha hecho esta maestra es el resultante de ese cambio cultural, de imponer una cultura autoritaria y por lo tanto de entronizar como héroes a figuras como Galtieri. Con toda sinceridad, a esa señora la veo más como una víctima de ese proceso, de esa cultura de desinformación que otra cosa”.