En vísperas del aniversario del fallecimiento de la dueña de La Nueva Provincia, Diana Julio Pagano de Massot, la presidenta Cristina Fernández puso en tela de juicio algunos negociados que se habrían cometido bajo la vigilancia del gobierno de facto durante la última dictadura militar.
Algunos de los pasajes del discurso de la presidenta, que escuchamos acompañados de una veintena de editores de Dypra (Diarios y Periódicos Regionales de la República Argentina) y del vicepresidente de Página 12, nos remitían a vivencias del pago chico.
El extenso y pedagógico discurso realizado por la primera mandataria permite trazar algunas analogías entre el poder fáctico de los grupos concentrados que ostentan el monopolio mediático a nivel nacional, y el de La Nueva Provincia a nivel local y regional. Porque los vínculos van más allá del papel, y aluden al entretejido de los intereses de los sectores poderosos de la ciudad.
El primer dato relevante es el de la construcción del discurso social. Causa sorpresa cada vez que relatamos en distintos espacios que en Bahía Blanca existe un solo diario para una ciudad de 300 mil habitantes, con la compañía solitaria de EcoDias como semanario. Pinamar, por caso, cuenta actualmente con dos diarios y cuatro semanarios. Se podrá dudar de la habilidad comercial de los que llevamos adelante este emprendimiento desde hace diez años. Lo curioso es que nadie se haya animado a incursionar en el periodismo gráfico de manera sostenida durante los últimos 40 años.

Dueños de la palabra
Días previos al anuncio presidencial, Clarín publicó una editorial bajo el título «El gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa». Con ironía, la presidenta coincidía con Clarín en cuanto a que “quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa. ¿Por qué? Porque Papel Prensa S. A. es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para fabricar papel de diario, lo distribuye y lo comercializa en lo que se conoce en términos económicos y jurídicos como una empresa monopólica integrada verticalmente”.
Clarín llegó a la propiedad mayoritaria de las acciones de esta empresa durante la vigencia del régimen militar que se instauró en el país el 24 de marzo de 1976. Las tapas de los diarios hablaban en ese entonces de «nuevo gobierno» y «se constituye la junta militar», cintillos con los que pretendían reflejar el clima institucional y político:  una junta militar que asume el poder político de la República, que declara caducos los mandatos del presidente y de los gobernadores, que disuelve los ámbitos legislativos nacionales, provinciales y municipales, que remueve a los miembros de los tribunales en sus distintas instancias, que suspende la actividad de los partidos políticos, que suspende las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales, entre otras medidas.
El título “Gobiernan las fuerzas armadas” publicado por La Nueva Provincia ese día se completa con la bajada “Refundar la Patria”. La aseveración planteada por los Massot de que “A la Nación hay que restaurarla en sus esencias, no en sus estómagos”, nunca tuvo el correlato en sus páginas de publicar información alguna sobre los delitos económicos que se cometieran durante ese nefasto período de la historia argentina. Sin entrar en detalle en este momento sobre la publicación por parte del diario naval de los numerosos enfrentamientos fraguados por la fuerzas militares.

Legisladores: ¿maniatados u obsecuentes?
La presidenta apuntó en el transcurso de su discurso contra los “profusos editoriales acerca de cómo tienen que votar los legisladores y cómo se acusa a los legisladores cuando votan de tal o de cual forma”.
No pocas veces se ha escuchado a concejales y a legisladores provinciales de la Sexta Sección Electoral manifestar que reciben presiones por parte de la dirección del diario local de manera directa o indirecta a través de llamadas, artículos o “borramientos” en la difusión de su actividad o sus propuestas.
Claro está, no se entiende por qué ninguno decide promover o apoyar la creación de medios alternativos independientes. Asimismo, brilla por su ausencia en la ciudad la determinación de denunciar judicialmente los innumerables editoriales en los que prima la apología del delito por parte de La Nueva Provincia.
“Hay un poder en la República Argentina, que es un poder que está por sobre quien ejerce la Primera Magistratura, en ese caso la presidenta, también por sobre el Poder Legislativo y, mal que pese también, por sobre el Poder Judicial, más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho en construir independencia. Yo siento que hay un poder que, como todo verdadero poder y remedando un poco a Saint-Exupéry, es invisible a los ojos, pero que aflora en algún momento de la historia y yo creo que hace décadas que los argentinos y los poderes del Estado tienen una subordinación hacia determinados intereses o presiones o ejercicios”, denunciaba Cristina Fernández el 24 de agosto.
De allí la coincidencia en la afirmación de que pocos dirigentes políticos podrían soportar varias tapas adversas del diario bahiense. Ahora bien, la contracara es destinar importantes sumas del presupuesto municipal para construir una imagen positiva delante de la ciudadanía bahiense. Breitenstein debería tomar nota de la experiencia de Jaime Linares, quien llegó a creer que siempre sería el preferido de los Massot: siempre aparece alguien con mejores recursos.

Miedo por acá, miedo por allá
Decía la presidenta de los argentinos: “No solamente los políticos sienten miedo. Yo he hablado con muchísimos empresarios, importantísimos empresarios de la República Argentina y (…) que también tienen temor a que aparezca una operación de prensa en tal o cual lugar, y su empresa, su prestigio comercial sean mancillados de un solo golpe, y perder tal vez lo que les costó toda una vida construir. Eso existe”.
En nuestra experiencia concreta y directa, queremos dar a conocer dos situaciones de las muchas prácticas comerciales que secundan la construcción de un monopolio informativo.
Años atrás un proveedor de la Cooperativo Obrera fue “reprendido” cuando se advirtió que publicitaría en nuestro periódico. Debió retirar su propuesta. Su breve testimonio fue: “Yo tengo que mantener a mi familia. Con esta gente no se jode”.
Otra empresa fue directamente visitada por un integrante de una agencia de publicidad reconocida de la ciudad. Bajo la consigna de que nuestro medio no era representativo de los intereses “de la ciudad”, se le propusieron descuentos para publicar en el diario local.

Por todo esto, porque instauran un escenario con mejores condiciones para el desarrollo de medios de comunicación al servicio de los intereses populares, saludamos las decisiones planteadas por la presidenta Cristina Fernández. Por la inteligencia de involucrar al Poder Judicial en la investigación de la venta de las acciones de Papel Prensa; por la determinación de enviar a la cámara legislativa -donde hay varios legisladores que defienden intereses corporativos y el gobierno nacional tiene minoría- un proyecto de ley que declare de interés público la producción de pasta celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización; por impulsar la creación de una comisión bicameral fiscalizadora, de seguimiento y observación de las actividades de Papel Prensa; por asumir desde el Ejecutivo la redacción de un marco regulatorio de este insumo básico producido monopólicamente por una sola empresa, con premisas fundamentales como de tratamiento igualitario para todos los diarios de la República Argentina en precio, condiciones y cantidad; y por el impulso desarrollista para que no deba importarse papel para la prensa y que todo sea producción nacional.
Como medio de comunicación alternativo de la ciudad también nosotros queremos un país diferente en serio. Una democracia sin tutelajes y sin que tengan temor los políticos, los empresarios o los dirigentes sociales a ver qué dice el diario. Si aparecen o si los borran o si les arman una operación de prensa. Sí, queremos y abogamos por una sociedad sin miedos.