El secretario de Comunicación
Pública, dr. Juan Manuel Abal Medina, recibió en Casa Rosada a los integrantes
de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Se analizaron temas referidos a
la situación actual del sistema de medios y libertad de expresión.

En el encuentro mantenido en la mañana del 4 de mayo, el secretario nacional de
Comunicación Pública entregó a la delegación de la SIP un texto sobre las
«principales políticas públicas tendientes a democratizar los servicios de
comunicación en Argentina y garantizar la libertad de expresión».
Abal Medina estuvo acompañado por el subsecretario de Comunicación y
Contendidos de Difusión, Alfredo Scoccimarro, el subsecretario de Comunicación
Pública, Lucas Nejamkis, y el subsecretario de Comunicación Estratégica,
Facundo Nejamkis. Mientras tanto, la delegación extranjera estuvo encabezada
por el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, a quien acompañaron Robert
Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información; María
Elvira Domínguez, titular de la Comisión Chapultepec; Julio Muñoz, director
ejecutivo de la SIP; Claudio Paolillo, Copresidente de la Comisión de Libertad
de Prensa e Información y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa.

Importancia de una ley
El documento presentado por Abal Medina fue ampliamente difundido en la
web. Allí se remarca la importancia y los beneficios de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (SCA) que reemplazara el marco regulatorio impuesto por la
dictadura y que “fue uno de los ejes en torno de los cuales se agruparon, desde
1983, diferentes organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y
universidades”.
“En abril de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner asumió el
compromiso público de elaborar un nuevo proyecto de ley que contemplara los
principios propuestos por los actores sociales e institucionales nucleados en
la Coalición”, explica el documento y agrega que el mismo fue presentado en el
Congreso de la Nación en 18 de marzo de 2009. “El proyecto tuvo una intensa
discusión en el Parlamento y obtuvo el apoyo de diversos bloques de la
oposición, ampliando de este modo aún más su base de legitimidad política y
social”.
El informe enumera los principales lineamientos del nuevo marco normativo, que
consisten en la “regulación de los servicios de comunicación audiovisual en
todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de mecanismos
destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia” con el
fin de democratizar y universalizar la información y la comunicación.
La Ley SCA creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,
que es “un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la
aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley”, y prevé la creación
de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un
organismo encargado de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias
del público de la radio y la televisión.
Por otra parte, la norma establece que los servicios de televisión por cable
deberán disponer de un abono social con el objetivo de que “todos los
habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación
audiovisual”.
El texto explica que con la nueva ley, con el fin de promocionar la producción
local, los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de
producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya
informativos locales.
En tanto, los “servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir
como mínimo una señal de producción local propia. También deberán incluir en su
grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países
latinoamericanos”.
Se regula el tiempo de emisión de publicidad con el objetivo de proteger al
público contra un exceso de interrupciones publicitarias y promover un modelo
de radio y televisión de calidad.
También se reserva el 33% de las localizaciones radioeléctricas para las
organizaciones sin fines de lucro. Además, los pueblos originarios serán
autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM y así como
de señales de televisión abierta, mientras que las Universidades Nacionales
podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de
servicios de radiodifusión.

Recorrido histórico
El secretario de Comunicación Pública resaltó el informe presentado por la
SIP en el año 1978 en el que se cuestionaba el estado de las libertades para el
ejercicio de la labor periodística durante la dictadura militar, se informó
oficialmente a través de un comunicado.
Entre el 18 y el 25 de agosto de 1978 en plena dictadura militar, la Argentina
recibió una misión de la SIP encabezada por Edward Seaton, propietario del
diario «Mercury» de Kansas e Ignacio Lozano, de «La
Opinión» de Los Ángeles. Ambos entrevistaron a más de cinco docenas de
personas y elaboraron un documento no divulgado entonces por la prensa de
nuestro país, ya que las conclusiones del informe destacaban que para los editores
argentinos la seguridad nacional tenía prioridad sobre la libertad de
expresión, justificaban la censura por manifestarse de acuerdo con la dictadura
militar, se negaban a informar sobre la desaparición de personas y se
beneficiaban al asociarse con el Estado para la producción de papel mediante la
empresa Papel Prensa.
Además de reconocer la importancia que ese informe tuvo, la carta enviada por
Abal Medina indica a la SIP que la actual gestión está comprometida con la
defensa más irrestricta de la libertad de expresión, y lo ejemplificó diciendo
que las críticas al gobierno nacional se publican a diario y se difunden por
radio y televisión, «en muchas ocasiones con tono despiadado y repetitivo,
son moneda corriente en la mayoría de los medios que informan a los
argentinos».

Fuente: http://www.conclavepolitico.com