Mirta Mántaras, abogada de la APDH, estuvo en la ciudad por cuestiones vinculadas a los procesamientos de los represores de la última dictadura militar.
Una vez más se refirió a la demora que vienen teniendo los juicios en Bahía Blanca.

La doctora Mirta Mántaras se desempeña como abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca en los casos de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
Al igual que en otras oportunidades, Mántaras arribó a la ciudad con la intención de supervisar cuestiones vinculadas a los procesos orales para poder llevar a cabo los juicios a represores con la mayor celeridad posible. En diálogo con EcoDias, Mántaras amplió conceptos acerca de la situación nacional respecto a juzgamientos de responsables de violación a los derechos humanos: “Hay en el país un retraso de los juicios orales. El 70 por ciento de los casos están todavía en investigación y solamente el 30 fueron elevados a juicio. De ese 30 por ciento, sólo en un 2 por ciento se terminaron los debates. Nosotros tenemos 1.500 procesados, 250 muertos por el transcurso del tiempo -ya que va falleciendo la gente imputada-, y también tenemos unos 78 sentenciados de los cuales 68 fueron condenados y 7 absueltos”.
En relación a la cantidad de personas que están en juicio -unos 1.200-, los que tuvieron sentencia, dice Mántaras, forman parte de una cantidad ínfima.
Acerca de lo que ocurre en Bahía Blanca, la abogada señaló que se enviaron “18 procesados a juicio y todavía no se implementó el juicio. Yo vengo a ver de qué manera se puede acelerar porque desde el Poder Judicial están nombrando jueces, pero luego los llevan a otro lado para hacer un juicio corto y después volverán para hacer este juicio que es una mega causa. Como es grande, los jueces tienen que estar todo el año acá. Han enviado jueces de Bahía para un juicio más chico en Mar del Plata pero esperemos que regresen enseguida y empiecen este juicio”.
Acerca de una fecha concreta para empezar los juzgamientos, Mántaras fue cautelosa: “El fiscal dijo que en el último trimestre del año se iniciaba el juicio, pero también a principios de año decíamos que iba a ser en el primer trimestre del año o en la primera mitad del año. Estos plazos que se van corriendo es motivo de preocupación de mis representados, víctimas y familiares que han padecido acá en ‘La Escuelita’ la represión estatal”.

Tomando lista
Días atrás se dio a conocer una lista nacional de personas que durante la dictadura colaboraron como agentes civiles de inteligencia. Esa lista diferencia personas que actuaron en Bahía Blanca y la región: “Estas personas son agentes civiles de Inteligencia, son personas que han estado incorporadas al aparato represivo, han estado incorporadas al terrorismo de Estado, son cómplices, fueron partícipes en algún nivel. Inteligencia fue la columna vertebral, el eje del aparato represivo. Todo esto ha ido coadyuvando, con una cantidad enorme de personal de civil de Inteligencia oculto. A esto que se llamó la fijación de blancos y la ubicación de personas que todos sabemos que en realidad lo que se ha hecho es perseguir y eliminar el militante”.
Con estas listas, se abre una nueva etapa en la búsqueda de justicia por lo ocurrido durante la dictadura. Es decir, intentar que la responsabilidad de los civiles de Inteligencia no quede impune: “Ahora que se retiró la clasificación de secreto y es posible conocer las listas, esto tendrá que ser motivo de un análisis sobre responsabilidades e incumbencias. Por ejemplo, una persona no puede estar en la función pública habiendo sido personal civil de Inteligencia, porque quiere decir que si uno tiene que actuar frente a la comunidad y ha estado espiando a la comunidad. Sobre todo porque desde 1984 tenemos gobierno democrático, y ninguno ha blanqueado su situación sino que han permanecido hasta el día de hoy en las sombras: no tienen la suficiente respetabilidad ética para cumplir una función”.

La opinión de la APDH
La lista nacional de civiles que colaboraron en Inteligencia en tiempos de la más sangrienta represión de la dictadura -con asesinatos y desapariciones incluidas-, incluye muchos nombres de Bahía Blanca, siendo algunos de ellos muy conocidos. Es el caso del camarista Néstor Luis Montezanti, del fotógrafo de La Nueva Provincia Gustavo Lobos y del actual juez de Faltas municipal Ricardo Germani. EcoDias consultó sobre el tema a Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: “Nosotros teníamos algunos nombres que no han aparecido hasta hoy en ningún lado y ya los tenemos detectados ahí. Confirmamos el caso de Julio Abraham que está en la causa desde el principio porque lo habíamos denunciado. Aparece como todos sabemos el nombre del camarista Néstor Montezanti, lo que agrava su situación en el tema del pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura”.
Acerca de Germani, la APDH envió un escrito al intendente Cristian Breitenstein pidiendo la destitución del juez de Faltas. Germani admitió una participación “administrativa” cuando se le preguntó por su actuación durante esa época. Al respecto, Hidalgo señaló: “Cuando alguien es descubierto en estas cuestiones relacionadas con la época de la dictadura, siempre  la respuesta es minimizar el rol lo que implica como aparecer con cierta imagen de ingenuidad o de inocencia. Por supuesto que no le creo, no me importa lo que diga Germani. Él formaba parte de una estructura que funcionaba en términos represivos, no funcionaba en términos administrativos”.

Madueño no declaró y sigue en libertad
Guillermo Madueño, ex juez federal de Bahía Blanca, se encuentra imputado por hechos ocurridos durante la última dictadura en nuestra ciudad.
Madueño había sido citado para declarar el pasado 26 de abril. Sin embargo, no concurrió por exámenes médicos que debía realizarse justo ese día. El fiscal Abel Córdoba habló de esta situación y explicó las causas que llevaron a que hoy Madueño se encuentre en libertad: “Está excarcelado por decisión del juez Santiago Martínez, dijo que había riesgo procesal pero igual lo excarceló. Nosotros apelamos y pedimos la nulidad de la resolución ya que entendemos que jurídicamente no es válida porque pone en riesgo el proceso de una persona que estuvo siete meses prófuga, que vulneró las condiciones de la detención domiciliaria y está demostrando que no va a colaborar con el proceso y lo que dependa de su voluntad va atentar contra el proceso y va a impedir que el mismo avance”.
Además, Córdoba afirmó que dada la entidad de los delitos que acusan a Madueño y de las conductas que éste ha tenido, se está reconociendo una especie de privilegio por su condición de imputado especial.