A 10 años de la desaparición de Julio
López, la búsqueda continúa con cruces telefónicos y huellas dactilares.
Lograron acotar la base de datos de más de cinco millones de registros
telefónicos con las que venían trabajando y el dictado de una medida cautelar
que preserve la información en las compañías telefónicas. Pistas que se
cerraron y otras que siguen activas. El estado de otras causas relacionadas.

La investigación del paradero de Jorge Julio López, de cuya desaparición se
cumplen este domingo 10 años, continúa centrada en los cruces de las llamadas
telefónicas realizadas el 18 de septiembre de 2006 en la zona donde fue visto
por última vez, en Los Hornos, y en el cotejo de sus huellas dactilares con la
de los cuerpos sin identificación hallados en diferentes lugares del país.
La información se desprende del informe elaborado por el fiscal general Marcelo
Molina, coordinador de la Unidad que interviene en procesos por crímenes del
terrorismo de Estado en La Plata, que fue remitido hoy al titular de la
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.
El trabajo describe «las principales líneas de trabajo en las que se
centra la investigación» de la Fiscalía, que está a cargo de la pesquisa
desde el 18 de septiembre de 2009, tres años después de la desaparición del
testigo. Molina le informó a Auat sobre dos líneas de investigación que fueron
cerradas recientemente e indicó cuáles de las más importantes continúan
activas. Al mismo tiempo, describió el resultado de la continuidad de otros
procesos que tienen relación con el expediente, como la investigación de todos
los represores denunciados por López en su testimonio y la pesquisa abierta por
la obstaculización de miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a
tareas de seguimiento sobre la actividad de los detenidos por crímenes de lesa
humanidad en la cárcel de Marcos Paz.
El informe reseña además que, pese a los reclamos que desde 2014 viene
realizando la Fiscalía al Ministerio de Seguridad para recibir la asistencia de
una fuerza «especializada en delitos complejos», la denominada
«Comisión Caso López» de la Policía Federal es la única que
actualmente trabaja en la causa a las órdenes del Ministerio Público.
La causa López se compone hoy de 45 cuerpos principales y, a la fecha, está
acompañada de 59 legajos y 74 anexos integrados principalmente por
transcripciones de intervenciones telefónicas. «Esos legajos y anexos a su
vez se distribuyen en otros tantos y numerosos cuerpos de actuaciones que han
sido y siguen siendo analizados por esta Fiscalía, sin hacer mención de las
hipótesis perseguidas en la causa principal», indicó el fiscal Molina en
el informe. A todo ello se suman también los cuatro cuerpos principales y
cuarenta cuerpos de anexos que se labraron durante los primeros tres meses,
entre septiembre y diciembre de 2006, cuando la causa estuvo en manos de la
justicia ordinaria bonaerense.
El legajo que concentra los análisis de las comunicaciones telefónicas contiene
«la disección de todos los registros -con los que se cuenta en la causa-
de llamados entrantes y salientes, comunicaciones captadas por las diferentes
antenas telefónicas, cruces telefónicos y toda relación existente entre los
teléfonos utilizados por las personas sospechadas en cada pista, como así
también con los distintos abonados con los que aquellas han estado
comunicándose». Ese trabajo aborda un objeto con más de cinco millones de
registros. Tras saltear inconvenientes técnicos, uno de los principales logros
del último año fue la «conformación de una base de datos acotada» que
«arrojó una nueva perspectiva de trabajo».
Como los cruces telefónicos son una de las principales herramientas de la
pesquisa, la Fiscalía requirió -y le fue concedida por el Juzgado Federal N°1 de
La Plata- una medida cautelar para que las empresas prestatarias del servicio
no destruyan esos registros. La solicitud, formulada el 7 de septiembre pasado,
tiene que ver con que la normativa obliga a las empresas a preservar esa
información durante diez años, que están a punto de cumplirse. Si bien la
Fiscalía cuenta con copia de la información, «se impuso la necesidad de
asegurar la fuente de los datos» para «salvaguardar el historial de
información existente de, al menos, las líneas telefónicas que a la fecha
resultan relevantes», informó.
Otro de los legajos que continúa activo es el que busca a Jorge Julio López a
partir del cotejo de sus huellas dactilares con las de cadáveres no
identificados en todo el país, lo que llevó a la Fiscalía a plantear la
necesidad de que exista un registro nacional de personas NN a través del cual
se facilite el acceso a las huellas digitales de esos cuerpos. Esa medida, que
no fue puesta en marcha, obliga a seguir trabajando en base a informes que
regularmente remiten a la Fiscalía morgues de diferentes puntos del país.

Los represores y otras pistas
Uno de los legajos abiertos en la causa incluye la investigación de
«todas y cada una de las personas que la víctima había mencionado como
integrantes de fuerzas de seguridad y ‘patotas’ a cargo de la represión entre
octubre de 1976 y junio de 1979», fechas en las que López estuvo privado
ilegalmente de la libertad.
La Fiscalía destaca que una parte de ellos fueron juzgados y condenados en el
juicio por el denominado «Circuito Camps» de centros clandestinos de
detención, finalizado en 2012, mientras que otro de los imputados se encuentra
elevado a juicio en la causa por los crímenes en los centros clandestinos de la
localidad de Arana.
En tanto, recientemente el Juzgado Federal N°1 de La Plata procesó a una
veintena de civiles, militares y policías por crímenes en la comisaría 8va de
La Plata, diez de los cuales están imputados por la privación ilegal de la
libertad y los tormentos padecidos por López. Esa seccional fue el último
centro clandestino de detención policial por el que pasó antes de recaer en la
cárcel.
Por otro lado, el informe revela que el 1° de mayo de 2015 se realizó con la
colaboración de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes un procedimiento en una
chacra de esa provincia a raíz del testimonio de un vendedor ambulante que dijo
que había visto a López encadenado en ese lugar. Los testimonios recabados
previamente indicaban a uno de los moradores del establecimiento como miembro
de la custodia del condenado Miguel Etchecolatz. El resultado del operativo fue
negativo y las diligencias realizadas con posterioridad pudieron determinar que
la persona supuestamente vinculada al represor había sido policía durante diez
meses en el año 1990. Esa pista fue cerrada. También fue descartada por el
momento otra hipótesis que había llevado a realizar un procedimiento en
terrenos del Ferrocarril Roca, en inmediaciones de la Estación Pereyra Iraola,
a raíz de que un testigo había indicado que en ese lugar se encontraban los restos
de la víctima.
El documento asimismo destaca que la Cámara Federal de La Plata aún no
resolvió el recurso de apelación de la Fiscalía contra la resolución que
procesó a seis de los siete imputados del Servicio Penitenciario Federal por
«omitir, rehusar hacer o retardar algún acto de su oficio», el menos
grave de los tres delitos -prevé una multa e inhabilitación de hasta un año-
que los fiscales les imputaron en la causa por diversas irregularidades
detectadas en el registro de las visitas al pabellón de detenidos por crímenes
de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, entre 2006 y 2007. En ese
recurso, pendiente de resolución desde hace casi un año y medio, la fiscalía
reclamó que se amplíe el procesamiento por tipos penales vinculados al
incumplimiento de los deberes de funcionario público que alcanzan los cuatro
años de prisión.

Fuente: Fiscales.gob.ar