La gobernadora María Eugenia Vidal volvió a hacer uso de su facultad de vetar al desestimar cinco leyes aprobadas por la Legislatura bonaerense el pasado 21 de diciembre. Se trata de expropiaciones de inmuebles que beneficiaban a instituciones sociales y cooperativas de trabajo.

Mediante los decretos 39, 40, 41, 42 y 43, publicados en el Boletín Oficial, el gobierno bonaerense desestimó las iniciativas que habían llevado alegría a amplios sectores de la provincia de Buenos Aires.

El primero devuelve a la Legislatura un proyecto impulsado por los diputados provinciales Gustavo Di Marzio y Patricia Cubría, que propiciaba “la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble ubicado en la localidad de Abasto, partido de La Plata” y que sería “adjudicado en propiedad a título oneroso a su actual poseedor, la Asociación Civil Pantalón Cortito, con cargo de ser destinado a la consecución de sus fines estatutarios”.

Entre las argumentaciones del rechazo, la administración macrista bonaerense explica que “el Ministerio de Economía solicita el veto del proyecto, destacando que el mismo implica la creación de un nuevo gasto en la ley de Presupuesto vigente”. En esa línea, resalta que dicho presupuesto “no ha previsto créditos específicos para atender los gastos que se originen en la norma”. Un eufemismo que no se utiliza cada vez que los beneficiados son las grandes corporaciones.

En tanto, la iniciativa de la diputada Evangelina Ramírez fue desestimada por pedido del Ministerio de Trabajo “por cuanto entiende que la expropiación analizada no resulta una solución a los problemas de las empresas dadoras de trabajo en crisis, ni contribuyen a la defensa del trabajo formal, dando lugar en determinadas ocasiones a situaciones de fraude laboral”. Esa pareciera ser la mirada que reina sobre el cooperativismo de trabajo en la gestión vidalista.

En este caso la diputada quilmeña había propuesto la “expropiación de un inmueble de la localidad de Bernal, partido de Quilmes, como así también las maquinarias, instalaciones y herramientas, para ser adjudicados en propiedad, a título oneroso y por venta directa a la ‘Cooperativa de Trabajo Presidente Néstor Kirchner Limitada’, con cargo de ser destinados a la consecución de sus fines cooperativos”.

Con los mismos argumentos se desestimó el proyecto de expropiación presentado por Fernando “Chino” Navarro, quien había solicitado la confiscación de “un inmueble de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, como así también las maquinarias, instalaciones, herramientas, muebles y útiles”, para ser adjudicados “a la ‘Cooperativa de Trabajo CDP Limitada, Cerraduras de Precisión’, con cargo de ser destinados a la consecución de sus fines cooperativos”.

También de este diputado era el proyecto que transfería los inmuebles ubicados en la localidad de Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown, “para ser adjudicados en propiedad, a título oneroso y por venta directa a la ‘Asociación Civil sin fines de lucro Servicio a la Cultura Popular’ (Sercupo)”.

En este caso, la iniciativa fue rechazada por pedido del Ministerio de Justicia, cartera que señaló que “resulta constitucionalmente necesario dotar de racionalidad a la expropiación en los casos que benefician un número limitado de individuos, para justificar tal acción, ya que así se determinará la invocación de utilidad pública evitando que los bienes sirvan de instrumento para el beneficio particular en un proyecto propio, lo que podría configurar una desviación de las facultades legislativas, al no orientarse al fin previsto en el ordenamiento, alterando los derechos, principios y garantías consagrados por éste”.

Con los mismos argumentos se desestimó la expropiación de los “inmuebles ubicados en el partido de Lanús” cuyo destino sería “la Asociación Civil ‘La Semillita de Algarrobo Colorado’, con destino a la consecución de sus fines estatutarios”, presentada por la diputada Karina Nazabal.

Fuente: Realpolitik