«Nos oponemos con toda firmeza a los artículos 23 y 24 de esta reforma tributaria», señalaron esta mañana los presidentes de las confederaciones nacionales de cooperativas y mutuales, quienes reafirmaron la naturaleza jurídica sin fines de lucro de estas organizaciones por la cual no pueden ser gravadas con el impuesto a las Ganancias.

«Las 14 millones de personas que elegimos esta manera de organizarnos queremos expresar todo nuestro potencial de la mano de un Estado que comprenda que representamos una forma jurídica diferente, que merece un tratamiento fiscal diferente. Esperemos que esto sea comprendido por los legisladores», dijo el presidente de la Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Ariel Guarco.

Fue durante una conferencia de prensa conjunta realizada en la sede de esta institución, junto con los presidentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto; de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Alejandro Russo; y de la Confederación de Trabajadores Cooperativos (Conarcoop), Cristian Horton. El encuentro estuvo coordinado por el vicepresidente de Cooperar y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), Edgardo Form.

Guarco, quien asumió el 17 de noviembre el máximo cargo en la Alianza Cooperativa Internacional, expresó que existe «un alto nivel de preocupación a nivel nacional pero también a nivel continental y global por esta reforma tributaria que no reconoce la naturaleza jurídica de cooperativas y mutuales» y anticipó que en estas horas será elevado a los diputados un comunicado de Cooperativas de las Américas, organismo que representa al sector en todo el continente.

Además, citó recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Unesco donde se pide a los gobiernos dar un tratamiento normativo adecuado a este tipo de entidades por su «construcción de comunidades a través de intereses y valores compartidos, creando soluciones innovadoras a los problemas sociales, generando empleo y ayudando a las personas a construir proyectos».

En ese sentido, Russo manifestó que esta reforma tributaria «es un impacto al corazón de la economía solidaria», ya que «estas entidades se tornan inviables» si deben empezar a tributar ganancias que en realidad no tienen. Finalmente, precisó que hay 5 millones de personas mutualizadas a través de 4920 entidades en todo el país. «La ley establece que son entidades sin fines de lucro. Estamos convencidos de que no hay hecho imponible».

Coninagro, que nuclea a las cooperativas agropecuarias, no se verá afectado en primera instancia pero su presidente, Carlos Iannizzotto, coincidió en que estos artículos de la reforma tributaria «pegan de lleno en la esencia del cooperativismo». «Con este impuesto se desnaturaliza el vínculo solidario que lleva a unirse a los pequeños y medianos productores para lograr un mejor producto y brindar alimentos más baratos a la comunidad. No formamos cooperativas para tener ganancias», recordó.

Concretamente, las cooperativas agropecuarias o de otras ramas de actividad podrían sufrir el mismo impacto que ahora tendrán las del sector financiero y de seguros si la AFIP considera que los créditos productivos que dan a los asociados son susceptibles de ser gravados.

En una situación similar se encuentran las empresas gestionadas por sus trabajadores. «En nuestro pueblos nos podemos financiar gracias a las mutuales o cooperativas de crédito, al igual que lo hacen los clubes y muchas veces hasta los trabajadores municipales cobran sus salarios de esta manera», subrayó Horton.

Finalmente, el especialista en derecho cooperativo y mutual Dante Cracogna, quien fue uno de los redactores de la actual Ley de Cooperativas, cuestionó que el Poder Ejecutivo no dio «motivos explícitos por los que modifica el tratamiento tributario de cooperativas y mutuales» y consideró que «los ingresos fiscalmente han de ser poco representativos pero implican una actitud gubernamental que desconoce la naturaleza del sector solidario de la economía nacional».

En movimiento

Los presidentes de las confederaciones adelantaron que el gravamen, de ser sancionado por el Congreso Nacional, será objetado por vía judicial, lo cual se suma al impacto social que tendrá en cientos de comunidades de todo el país. «Están haciendo un mal negocio, buscan recaudar a corto plazo pero los problemas sociales que eso genere va a caer sobre sus espaldas», opinó Cracogna.

Ese mensaje ya fue transmitido a más de 85 diputados, entre ellos jefes de bloque, con los cuales se reunieron personalmente en las últimas semanas. En esa instancia las confederaciones recogieron el apoyo explícito de casi todos los bloques, incluso de varios radicales quienes destacaron el rol de estas organizaciones para el desarrollo del interior del país, donde sustentan servicios de salud, deportes, turismo y cultura, entre otros, que subsidian de forma cruzada con recursos de la ayuda mutua financiera. El próximo lunes, las mutuales de Córdoba y Santa Fe se manifestarán en las plazas de 600 localidades.

Otra puñalada

En el mismo momento en que continúan las vertiginosas conversaciones con los diputados nacionales para frenar los artículos 23 y 24 de la reforma tributaria, el sector cooperativo recibió «otra puñalada por la espalda», como definió el gerente de Cooperar, César Basañes, en relación al quinto intento consecutivo de abrir la puerta del gravamen de ingresos brutos a cooperativas en la Provincia de Buenos Aires.

La gobernadora, María Eugenia Vidal, incluyó en el llamado a sesiones extraordinarias el cambio de no sujeción a exención en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de las operaciones entre las cooperativas y sus asociados, lo cual había sido desestimado por la Legislatura hace menos de un mes. Se suma ahora el agravante de aplicar ese tributo a cooperativas de trabajo en sus operaciones con el mercado.

Fuente: www.cooperar.coop