El documento, aprobado en la última reunión del Consejo de Administración de Cooperar, apunta a lograr un trabajo articulado entre el movimiento cooperativo y los poderes públicos en temas como trabajo, vivienda, desarrollo local sostenible, defensa del consumidor e integración latinoamericana.

En él queda de manifiesto que «el movimiento cooperativo está en condiciones de contribuir a resolver la generación de fuentes de trabajo decentes, a solucionar el acceso a los bienes de consumo popular para vastos sectores de nuestra sociedad, a la satisfacción del derecho a la vivienda digna, a la cobertura de la salud, la educación de calidad y otros derechos humanos incluidos los denominados económicos, sociales y culturales».

En ese sentido, postula que «la Argentina de nuestros días requiere la atención impostergable de esas y otras necesidades, las cuales solo podrán resolverse satisfactoriamente en el contexto de la democracia, con participación activa de la ciudadanía y formas de organización social y empresarial como las que brindan las cooperativas».

Para eso, reconoce «la correspondencia de las empresas cooperativas con la constante reinversión de sus excedentes en nuevos desarrollos de sus actividades, conciliando el rigor económico con la creatividad y la innovación tanto social como económica».

Desde esta Confederación, que representa a miles de empresas de diversas ramas de actividad en todo el territorio nacional, fueron resaltadas algunas virtudes del modelo cooperativo, demostradas en más de cien años de trayectoria en nuestro país, en busca de promover un trabajo articulado entre el movimiento cooperativo y las distintas instancias de los poderes públicos.

Entre ellas, fue señalado que las cooperativas pueden asumir un compromiso real de preservación del empleo, por ser empresas sociales enraizadas en el territorio del que forman parte. En este orden, se aclaró que se deben acompañar los procesos de recuperación de empresas, que son parte de la solución y no del problema a la hora de hacer frente a las consecuencias de la crisis.

En el ámbito rural, es necesario proteger, fortalecer y potenciar las diferentes redes y cooperativas de la agricultura familiar, indispensables para evitar la profundización del éxodo rural que agudiza los problemas de empleo en los grandes centros urbanos.

La implementación de un plan de vivienda con la suficiente escala como para avanzar en forma significativa en la satisfacción de este derecho básico es un excelente camino para generar trabajo y movilizar el alicaído mercado interno.

Con las cooperativas de servicios públicos debe construirse una estrategia que a partir del diálogo y la participación garantice condiciones equitativas y sustentables en cada localidad para los temas de energía, agua potable, saneamiento y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

La experiencia del cooperativismo del consumo y de las proveedurías mutuales son los principales ejemplos de estrategias que desde la comunidad se han implementado exitosamente al servicio de sus asociados.

En materia de inserción internacional, se plantea que «frente a un mundo que se debate entre una globalización hegemonizada por el capital financiero y el creciente avance de políticas chauvinistas y xenófobas entre los países más desarrollados, es necesario profundizar los vínculos económicos con el resto de Latinoamérica».

En tal escenario, se recuerda que las cooperativas tienen presencia en todo el continente y que «pueden contribuir sustancialmente a este proceso, facilitando estrategias articuladas entre empresas solidarias de toda la región para insertarse en los mercados extra continentales y para promover el comercio intrarregional».

Además, el documento -alcanzado al Presidente y a otros funcionarios ejecutivos y legislativos de la Nación- considera que «no hay posibilidad de salir de la crisis si no se apela a la potencia de cada comunidad de todo el territorio nacional», al referir a la flamante Red de Municipios Cooperativos como un espacio de confluencia entre los gobiernos municipales y las empresas de la economía solidaria para construir desarrollo local sostenible.

Finalmente, sostiene que «no alcanza con apelaciones a la responsabilidad empresaria ni con el control por parte del Estado» sino que «es necesario el protagonismo de las familias, organizándose y construyendo canales alternativos de comercialización minorista de bienes y servicios».

«Salir de la crisis económica no es responsabilidad de un gobierno ni será resultado del devenir autónomo de los mercados. Se requiere del diálogo responsable entre todos los actores políticos y sociales, preservando los intereses nacionales y protegiendo a los más débiles.»

Fuente: Prensa Cooperar