A fines de marzo, en declaraciones a la prensa, el secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, planteó que el Estado nacional no firmará más convenios con organizaciones sociales para la construcción de viviendas y los contratos serán rubricados de manera directa con los estados provinciales, que tendrán el control de las obras.

En visita a Tucumán, el secretario Amaya planteó que “la nueva política de vivienda es no trabajar más con ninguna institución intermedia en la construcción de casas. El presidente (Macri) quiere que todas las cooperativas sigan trabajando y construyendo viviendas como lo venían haciendo, pero con sus obreros bancarizados y en condiciones de recibir el pago del 100 por ciento de lo que les corresponda por su tarea”.

La contradicción que encierra el anuncio es que se dice que se mantendrá el esquema de trabajo de las cooperativas que actualmente se dedican a esas tareas, y que sus integrantes serán bancarizados.

Esta afirmación, que en su apariencia es tomada de manera positiva por la opinión pública, es literalmente un avasallamiento al sistema cooperativo. En efecto, las cooperativas de trabajo son empresas sociales cuya economía tiene un carácter democrático y equitativo. A grandes rasgos, una cooperativa de trabajo, a partir de la realización de cualquier trabajo, factura el servicio o bien, y una vez deducidos los costos distribuye entre sus asociados el excedente según los criterios que fija el Consejo de Administración, que es su órgano de gobierno, siempre en referencia de lo que plantea a Asamblea de todos los asociados.

La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (Cnct), que nuclea a alrededor de 80 mil trabajadores organizados en 46 federaciones en todo el país, prendió una luz de alarma frente a las declaraciones de Amaya, por el desconocimiento que entraña: “Nuestra entidad no está en contra de posibles cambios en los programas, mientras sirvan para mejorarlos, pero entendemos que el anuncio desconoce la organización del trabajo que se dieron las cooperativas en los últimos años”.

Así, la Cnct se ve en la necesidad de explicitar que “el Estado no puede saltear la figura jurídica de la empresa social, contratando directamente al trabajador de una cooperativa, así como no puede hacerlo con el trabajador en relación de dependencia de una empresa regida por el capital”. Respecto de la bancarización de los trabajadores, muchos cooperativistas tienen su cuenta bancaria donde se les depositan sus retiros.

Por otra parte, las instituciones intermedias a que hace referencia el funcionario son federaciones e instancias de integración productiva que consolidaron las cooperativas para mejorar la organización del trabajo y la calidad de las obras.

Sirve de ejemplo el Programa Federal de Integración Socio Comunitario (ex Emergencia Habitacional), creado en 2003 por el Ministerio de Planificación. Fue el primer programa de inclusión, que generó trabajo para miles de desocupados y les permitió capacitarse en oficios, al tiempo que generaba un fuerte desarrollo comunitario y de la economía regional.

Nunca ninguna cooperativa o federación de la Cnct controló en forma directa los fondos de las obras, sino que recibían los pagos a través de los distintos institutos provinciales de la Vivienda, quienes entregaban un adelanto financiero y luego una sucesión de desembolsos según certificación de los avances de obra, de la misma manera que se hace con los contratos a empresas lucrativas. Las cooperativas podían manejar esos desembolsos para mejorar la rentabilidad a través de compras conjuntas, lo que les permitió equiparse y encarar cada vez obras de mayor envergadura. En este sentido, la Cnct instrumentó una Red de Construcción Cooperativa, para potenciar esta articulación y competir en mejores condiciones dentro del mercado. La Cnct concluye señalando que “si las cooperativas se vieran desvinculadas de dicho programa, miles de trabajadores quedarían sin ingreso y sus empresas sociales sin futuro”.