El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el coordinador del Área de Violencia Policial de esa dependencia, Maximiliano Medina, pidieron que se investigue a los efectivos de la Policía Federal que participaron del operativo durante la ocupación violenta de la sede del diario Tiempo Argentino. Los hechos ocurrieron el lunes a la madrugada por un grupo de hombres, encabezado por el supuesto dueño del medio, Mariano Martínez Rojas. La presentación judicial de la Procuvin surgió luego de que los trabajadores de la Cooperativa “Por Más Tiempo”, Norma Fernández, Gabriel Agüero, Nahuel De Lima y el presidente de la Cooperativa, Javier Borelli, denunciaran ante la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF que los uniformados habrían omitido intervenir frente a la comisión de delitos flagrantes.

Según la Procuvin, los policías no «hicieron uso de ninguna de las facultades previstas en las normativas aplicables ante la posible comisión de un delito de acción pública».

Palazzani y Medina indicaron que, según surge de las declaraciones de los trabajadores, los policías habrían incumplido con el artículo 184 del Código Procesal Penal que los obliga a “cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que lo disponga la autoridad” judicial; “disponer, en caso necesario, que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten de aquél ni se comuniquen entre sí mientras se llevan a cabo las diligencias que correspondan”, y “aprehender a los presuntos culpables”, cuando presencian delitos. Además, requirieron que se investigue si informaron “inmediatamente al juez competente y al fiscal la iniciación de actuaciones de prevención”, tal como establece el artículo 186 del CPPN.

Los representantes de la Procuvin también subrayaron que el accionar policial puso en riesgo efectivo a los trabajadores de Tiempo Argentino y a las instalaciones del diario, sino que «lo que se violentó, en definitiva, es el derecho en el que se asienta nuestro propio sistema democrático: el de la libertad de expresión, no sólo de los miembros de la Cooperativa sino también de sus lectores, quienes ven afectado también su derecho a la información».

A pedido de la Procuvin, Prefectura Naval custodiará a los trabajadores de Tiempo Argentino.

Los hechos

El lunes, aproximadamente a las 00:30, un grupo de cinco hombres ingresó en las oficinas de la calle Amenábar 23, del barrio porteño de Colegiales; rompieron la puerta donde funciona Radio América y la Cooperativa integrada por los trabajadores del diario Tiempo Argentino, quienes no perciben sus salarios desde diciembre de 2015; ingresaron al edificio, y rompieron instalaciones y equipamiento. Además, la patota atacó a las tres personas que permanecían en las oficinas (uno de ellos sufre una discapacidad motriz).

En la denuncia presentada, los fiscales consignaron que a raíz de un llamado al 911, “se acercaron uno o dos patrulleros” de la Policía Federal, “quienes permanecieron afuera del edificio sin intervenir, mientras se estaban consumando las acciones por parte de este grupo de choque. Es decir, ante la noticia de la posible comisión de un delito, no sólo no interrumpieron para hacer cesar los efectos de las conductas consumativas si no que, muy por el contrario, se retiraron del lugar. Incluso, uno de los funcionarios policiales que deberá identificarse a través del decurso de la investigación, se acercó hasta la puerta de la Cooperativa, dialogó con uno de los agresores y tras ello, se retiró ante la indignación de los trabajadores ante la inacción”.

Según las declaraciones tomadas por la tarde a Fernández, Agüero, De Lima y Borelli en la sede de la Procuvin, “la respuesta de los funcionarios policiales fue que debían hablar con el subcomisario en la Comisaría” N°31, a donde “no sólo no les dieron ninguna respuesta sino que cuando regresaron a la Cooperativa, el grupo de choque continuaba adentro del lugar y había funcionarios policiales que hasta ese momento tampoco hicieron uso de ninguna de las facultades previstas en las normativas aplicables ante la posible comisión de un delito de acción pública, sino que comenzaron a ‘negociar’, todo ello por fuera -insistimos- de los parámetros legales aplicables a este tipo de situaciones. Aparentemente, según uno de los testigos, esta negociación fue efectuada a instancias de una fiscal que estaba interviniendo ante este suceso”.

Palazzani y Medina sugirieron al juez y al fiscal que surjan del sorteo una serie de medidas de prueba, entre ellas que soliciten al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Comisaría N°31 que remitan el listado de efectivos y móviles afectados al operativo.

Además de presentar la denuncia penal, pidieron a la cartera encabezada por Patricia Bullrich que establezca en la sede de la Cooperativa “Por Más Tiempo”, “custodia fija a cargo de una fuerza de seguridad distinta de la PFA a fin de garantizar la seguridad e integridad física de todos los trabajadores”. El Ministerio hizo lugar al pedido de la Procuvin y dispuso que efectivos de la Prefectura Naval sea la encargada de cumplir con el requerimiento.