Durante la última reunión de la entidad que reúne a un amplio sector del cooperativismo argentino, se debatió la situación tarifaria, con la participación de sus asociadas vinculadas a la provisión de servicios públicos.

En un hecho con pocos precedentes, la organización cooperativa emitió un documento que se remitió a las 74 federaciones asociadas y se dio a conocer a los medios de comunicación.

Cooperar expresa así su honda preocupación y necesidad de revisión de los actos administrativos nacionales y provinciales que impiden el sostenimiento del alcance universal de los servicios públicos esenciales, producto de las políticas públicas que generan un contrapunto entre las necesidades de la población y el costo tarifario para garantizar el acceso. Desde enero de 2016, el precio mayorista de la energía aumentó 977 por ciento.

La política de reducción de subsidios e incremento de tarifas de los servicios públicos esenciales mejoró la solvencia económica de las empresas de generación y transporte de energía eléctrica pero, al mismo tiempo, afectó la capacidad de pago de los ciudadanos, incluyendo aquellos asociados a las cooperativas, encargadas de la distribución del recurso en más de 600 localidades de todo el país.

“Los actuales incrementos de la energía eléctrica provienen de decisiones del Gobierno Nacional y los aumentos en los gastos de distribución surgen en general de resoluciones de los gobiernos provinciales, ajenas al sistema de administración democrática de las cooperativas”, manifiesta el comunicado.

Cooperar propone que se revisen las decisiones tomadas sobre las tarifas de los servicios públicos esenciales, que de modo alguno pueden ser la causa del empobrecimiento de la población, y mucho menos de exclusión.

“Las políticas públicas tarifarias de los distintos poderes de los Estados Provinciales y Nacional deben estar conducidas por la íntima convicción de que su concreción será un aporte a la sociedad, en pos de alcanzar el objetivo del cumplimiento de los derechos de acceso y mantenimiento de los servicios públicos esenciales de todas las personas”, se afirma.

El documento repasa también las gestiones encaradas con funcionarios nacionales y provinciales para que el impacto de los cambios tarifarios en los territorios sea abordado desde la prudencia y el compromiso social. Desde enero de 2016, el precio mayorista de la energía aumentó 977 por ciento.

Fuente: Prensa Cooperar