El valor tarifario de los servicios públicos, su sustentabilidad futura, el alcance universal de derechos esenciales, y la viabilidad de las prestatarias enmarcadas en la economía social, son temáticas de alta sensibilidad en la vida de una Nación.

Las acciones deliberativas y/o resolutivas que distintos poderes del Estado realicen deben estar conducidas por la íntima convicción de que su concreción será un aporte a la sociedad en un ámbito de complejas implicancias económicas, en el cual debe reinar la paz social, en pos de alcanzar el objetivo del cumplimiento derechos de acceso y mantenimiento de los servicios públicos de todas las personas.

Es por ello que requerimos el fuerte compromiso de todos los actores interesados en la búsqueda de soluciones que alcancen los valores que rigen una comunidad económica y socialmente integrada.

La calidad de vida, y el futuro de nuestra Nación, dependerá en gran medida de la generación de un escenario socio político que permita el acceso a los servicios públicos esenciales como el agua, saneamiento, gas y energía eléctrica; permitiéndole a las prestatarias su subsistencia en el tiempo, a las generaciones futuras el cuidado medioambiental, y a la comunidad toda su entendimiento.

El control público de los actos de gobierno, la garantía de sustentabilidad de las prestatarias y la incorporación de valores socioeconómicos a los componentes tarifarios de los servicios públicos, son el camino que precede a una adecuada resolución del estadio actual.