Organizaciones sociales y ambientales expresaron su rechazo a la modificación a la Ley de Basura Cero enviada por el oficialismo que busca habilitar la incineración, prohibida por la ley vigente.

Larreta busca habilitar la incineración de residuos -bajo el eufemismo de “valorización energética de residuos” o “combustión con recuperación energética”- para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU), según consta en el proyecto de Ley número PDLEY-2018-4-AJG, cuyo facsimil se publica en esta web.

Entre los 34 firmante se encuentran la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores El Ceibo Ltda., la Cooperativa de Recuperadores Urbanos El Álamo Ltda., la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Ltda., la Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad Ltda., la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Ltda., la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Ltda., la Cooperativa de Trabajo Cartonera del Sur Ltda. y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).

La Ley N° 1.854, conocida como “Ley de Basura Cero”, fija metas progresivas de reducción de la disposición final de residuos sólidos urbanos y prohíbe la combustión de los residuos de la ciudad, tanto dentro como fuera de su jurisdicción, al menos hasta que se alcance la meta de reducción del 75%.

Dicho precepto tiene un fundamento válido y aún vigente: garantizar que la reducción de la disposición final se lleve a cabo desarrollando y fortaleciendo la separación en origen, la reutilización, el reciclaje, el compostaje y demás medidas de recuperación previstas por la ley.

Siguiendo el principio orientador de la norma, la reducción de la disposición final no puede realizarse de cualquier manera, sino creando y fortaleciendo circuitos de recuperación con inclusión social. Tal es el espíritu de la Ley de Basura Cero, confiaron desde las organizaciones firmantes de un comunicado conjunto.

“La prohibición a incinerar”, dicen las agrupaciones, “garantiza que los recursos destinados al manejo de residuos se inviertan precisamente en los circuitos de recuperación, y no en tecnologías que permitirían reducir las toneladas dispuestas más rápidamente, pero por un camino equivocado y contrario a la jerarquía de manejo de residuos”.

De acuerdo con los cómputos de CEAMSE, en 2017 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso más allá de un millón de toneladas (1.101.202) de RSU en el relleno sanitario (sin contar generadores privados). Esto es sólo un 26% de reducción, incumpliendo aún la primera meta de la ley, prevista para 2010.

“Ante este escenario, sostenemos que no se deben abandonar las metas, sino por el contrario, mejorar las políticas públicas para cumplir con la ley, dentro de la ley”, declararon.

Y concluyen: “Rechazamos cualquier intento de habilitar la incineración y allanar su camino por otros medios, como cambiar la línea de base, las metas de reducción, u otras. Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a invertir recursos en políticas públicas sostenidas en el tiempo, coherentes con los objetivos de la ley, para reducir la generación de residuos evitables, mejorar la separación de residuos en origen y la recolección diferenciada, fortalecer el trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos y fomentar la industria del reciclado, desarrollar la infraestructura y las políticas necesarias para recuperar los residuos orgánicos de la ciudad y lograr así reducir genuinamente la disposición final de residuos”.

Fuente: Trabajo Cooperativo