Durante
la segunda sesión extraordinaria de este año, el cuerpo deliberativo aprobó la
declaración de emergencia del sistema de transporte público urbano de
pasajeros. Los alcances de la medida y las opciones. También sesionó el jueves
la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que dio el visto bueno final
a la ordenanza impositiva 2012.

La polémica desatada entre el grupo empresario
Plaza y el gobierno municipal a través del diario La Nueva Provincia (LNP) finalmente llegó al Honorable Concejo
Deliberante (HCD), donde la iniciativa del edil de Integración Ciudadana (IC)
Raúl Woscoff de declarar la emergencia en el sistema de transporte público de
pasajeros bahiense obtuvo consenso unánime.
Como se recordará, el conflicto comenzó dos semanas atrás, cuando el matutino
dirigido por Vicente Massot informó de un “ultimátum” de la empresa hacia la
comuna, para lograr la apresurada firma de modificaciones al sistema. Los
dichos reproducidos por LNP fueron
atribuidos al vocero de Plaza, Gustavo Gago. Sin embargo, durante los días
subsiguientes no hubo comunicación oficial entre la comuna y la empresa. Los
dirigentes políticos también respondieron a través de los medios o las redes
sociales. Dámaso Larraburu, por caso, expresó en su cuenta de Twitter que sentiría “alivio” ante un
eventual alejamiento de la compañía, que tiene control sobre el 70 por ciento
de las líneas bahienses de colectivos. El propio dirigente ya había instalado
el tema algunas semanas antes, cuando deslizó críticas hacia el sistema de
transporte, en una entrevista que brindó a otro de los medios ligados al
monopolio de LNP, la radio LU2, en oportunidad de anunciar su decisión de
radicarse en la ciudad tras su paso por la conducción del Banco de la Provincia
de Buenos Aires.
Finalmente, el martes 31 de enero pasado partió desde el municipio una carta
documento al grupo Plaza, otorgándole un plazo de 48 horas para enviar a un
representante acreditado a una reunión con el Municipio. Como firmante de la
misiva aparecía el secretario de Gobierno Fabián Lliteras. La carta documento
también fue publicada, en forma íntegra y textual, por LNP, que se ocupó del
tema con una amplitud e interés que no otorga a ningún otro, salvo las noticias
deportivas.
Textualmente, la carta decía: “Teniendo en cuenta las declaraciones públicas de
representantes de esa empresa, afirmando la decisión de rescindir el contrato
de concesión de transporte público de pasajeros que la vincula con el Municipio
de Bahía Blanca, sin haberlo efectivizado a la fecha, lo que sumado a las
graves deficiencias e incumplimientos comprobados en la prestación del servicio
han ocasionado una grave alteración del orden público, demostrando además el
desinterés de regularizar la situación, intimo a ustedes para que en forma
urgente y en un plazo no mayor a 48 horas de recibida la presente comparezcan
los representantes legales de esa empresa -acreditando personería- ante la
Municipalidad de Bahía Blanca, Secretaría de Gobierno, sita en calle Alsina 65
de esta ciudad”.
Claro que las 48 horas se cumplirían cuando el HCD se aprestara a celebrar su
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que debía dar el visto bueno
final a la ordenanza Impositiva de 2012. Y ya por entonces, el propio titular
del bloque oficialista, Santiago Mandolesi Burgos, había confirmado que al cabo
de ese encuentro podría desarrollarse una sesión extraordinaria donde se
tratase el proyecto presentado por el titular de IC, proponiendo declarar la
emergencia en el sistema de transporte público de pasajeros. Fue el primer
indicio del consenso general de las fuerzas políticas para dar luz verde a la
declaración.

Alcances de la emergencia
Con algunas modificaciones que permitieron la unanimidad, el HCD aprobó una
declaración de emergencia en el sistema de transporte público urbano de
pasajeros bahiense, que regirá por espacio de un bimestre, “con el fin de
lograr un servicio prestado con regularidad, continuidad y cumpliendo con el
pliego de licitación y contratos vigentes”, según expresa el primero de los
artículos de la normativa.
Los siguientes, a su vez, delimitan las acciones que se podrán llevar adelante
en el lapso que durará la declaración. El segundo artículo pone bajo la esfera
del Poder Ejecutivo local la responsabilidad de elaborar “un programa de
emergencia de adecuación de frecuencias y prestación del servicio fijando los
criterios” en una Mesa compuesta por la comisión de Usuarios Testigos, las
comisiones del HCD de Tránsito y Transporte, Defensa del Usuario y el
Consumidor, Interpretación y Asuntos Legales, Derechos Humanos y Garantías, y
la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Universidad
Nacional del Sur (UNS) y la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN). Además, detalla que de lo actuado por el conjunto
de participantes de esta mesa deberá informarse al cuerpo deliberativo para su
conocimiento.
El tercer artículo, por su parte, autoriza al Ejecutivo a “atribuir funciones a
la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), conforme sus
estatutos, para la ejecución de prestaciones vinculadas con el servicio público
de transporte en el marco del pliego de licitación pública” de los actuales
concesionarios. Aquí conviene recordar que una de las opciones barajadas luego
de la irrupción del conflicto fue que se concrete una municipalización del
transporte público, con un eventual gerenciamiento empresario.
Los siguientes artículos de la ordenanza aprobada por el HCD el jueves pasado
dan luz verde al Ejecutivo para que realice durante un bimestre “todos los
actos administrativos con el fin de cumplir con los objetivos enunciados en el
marco del respeto y cumplimiento a las normas de la constitución de la Nación,
la Provincia de Buenos Aires, la ley Orgánica de las Municipalidades y normas
concordantes” y pueda efectuar “las adecuaciones presupuestarias que
correspondan al programa de emergencia, previa conformidad del HCD”.
El cuerpo deliberativo, de acuerdo a la tipificado, deberá recibir con
frecuencia semanal “un informe de las actas labradas por incumplimiento de las
empresas concesionarias, las sanciones aplicadas por el Tribunal de Faltas y los
recursos interpuestos por aquéllas” y la información referida a “recursos de
cualquier naturaleza y de cualquier jurisdicción que se atribuyan al sistema a
cumplimentarse durante el período de emergencia”.

Cuadro Impositivo aprobado
Durante la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que ofició como
prólogo a la segunda sesión extraordinaria del año, quedó finalmente sancionada
la ordenanza Impositiva del Municipio para el ejercicio 2012.
La participación de los mayores contribuyentes -aquellos que, de acuerdo a lo
estipulado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, paguen impuestos
municipales que en conjunto superen los 200 pesos anuales- aparecía como un
paso formal para la aprobación final de la ordenanza, que ya había recibido el
visto bueno de los concejales durante la primera sesión extraordinaria de este
año, desarrollada el 19 de enero último, oportunidad en que también se votó la
ordenanza Fiscal 2012.
Mientras tanto, aún se espera por el debate que deberá darse en torno al
Presupuesto Municipal para este año. Ya se sabe en qué rubro podría registrarse
una modificación respecto a lo previsto inicialmente: el de transporte público,
ahora en emergencia.