Durante
su última sesión plenaria, la casa de estudios bahiense aprobó una resolución
por la cual quedó creada su subsecretaría de Derechos Humanos. Dependerá al
rectorado y, hasta tanto nutra su agenda, estará a cargo de su Secretaría
Privada. Contará con un Consejo Asesor integrado por referentes locales y
nacionales del área.

La Universidad Nacional del
Sur (UNS) ha sido cuestionada en las últimas tres décadas por su ambigua
postura institucional en torno a la temática vinculada a la promoción y defensa
de los Derechos Humanos. Todavía hay quienes recuerdan, hoy, el silencio que se
hizo en una sesión que el Consejo Superior Universitario (CSU) desarrolló en
1988, cuando se mencionó en el recinto por primera vez desde el retorno de la
democracia la palabra “desaparecido”.
La ambigüedad como política se manifestaría luego en hechos contradictorios
entre sí, como ceder el espacio físico para el juicio que se sigue a diecisiete
represores en el marco de la
Causa V Cuerpo o la distinción del doctorado honoris causa
conferido a Estela de Carlotto y la reválida a la docente de Derecho Gloria
Girotti, imputada por graves crímenes de lesa humanidad ocurridos cuando se
desempeñaba como secretaria del ex juez Federal Guillermo Federico Madueño.
Parte de esa confusa imagen en torno a su actuación en el área podría comenzar
a superarse a partir de las acciones que lleve a cabo la flamante subsecretaría
de Derechos Humanos, cuya creación el CSU aprobó por mayoría en su sesión del
pasado miércoles 29 de febrero.
Elaborado por el oficialismo, el proyecto de resolución que vio luz verde
durante dicho plenario fue apoyado por la lista opositora de docentes
Integración, la Azul
de trabajadores no docentes y las de alumnos Unidad y MNR- Desafíos.
En tanto, la lista Línea PHI se opuso a la creación del mencionado espacio y
presentó contrarreloj un dictamen de minoría, por el que proponía estructurar
una entidad de diferentes características. A esta propuesta se sumó
Universidad, la agrupación de docentes que supo contar entre sus filas al ex
“asesor universitario” del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército
Argentino, Néstor Montezanti, hoy objeto de un pedido de enjuiciamiento
académico.

El proyecto, los argumentos
El dictamen de mayoría que formó parte del Orden del Día del plenario del
29 de febrero contaba con un amplio caudal de considerandos, prologados por un
texto en que se daba cuenta de la importancia de la UNS como institución en la
vida de la sociedad en que se inserta y los antecedentes de casos análogos en
distintas casas de estudios.
El proyecto enumera en su argumentación, para comenzar, el desarrollo que “las
actividades relativas a la defensa y promoción de los derechos humanos” vienen adquiriendo
en el ámbito universitario, al mismo tiempo que señala que “el desarrollo de
una política de derechos humanos implica la necesidad de considerar los
derechos civiles y políticos de primera generación así como también la
inclusión de la segunda (salud, trabajo, educación), tercera (sociales,
económicos y culturales) y hasta cuarta generación de los mismos (medio
ambiente, bioética y nuevas tecnologías)”.
Por otra parte, considera “indispensable reforzar la capacidad institucional de
los organismos gubernamentales nacionales y provinciales para la promoción y
protección de los derechos humanos, potenciando la cooperación y fortaleciendo
la articulación entre los poderes del Estado y entre estos y la sociedad
civil”.
Asimismo, entiende “prioritario organizar y profundizar el desarrollo de
proyectos y actividades específicas en los diferentes campos de los derechos
humanos, otorgando al área un marco jerárquico y administrativo conforme a su
importancia”. En ese orden, fundamenta “irrenunciable” la responsabilidad de la Universidad “en la
formación de ciudadanos probos no solo en aspectos técnicos de sus profesiones
sino también desde dimensiones éticas y morales en defensa del ser humano y su
condición de sujeto de derecho”.
Como antecedente, menciona, en tanto, la reciente firma que la UNS plasmó en una Carta
Compromiso rubricada con la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación
para adherir a la
Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. El organismo está
integrado por la mencionada cartera gubernamental nacional, la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y las Universidades
Nacionales.

La propuesta
En concreto, la propuesta que incluía el proyecto de resolución finalmente
aprobado se ve resumida en sus cinco artículos. El primero de ellos otorga al
espacio a crear el rango de subsecretaría y la pone bajo la dependencia directa
del rectorado de la UNS.

El segundo establece sus funciones. Dentro de la intención de “entender en todo
lo vinculado con la promoción, defensa y formación en derechos humanos en la UNS”, detalla las siguientes:
•        Proponer programas y actividades
orientados a consolidar una cultura de derechos humanos en el ámbito académico
y en la sociedad en general.
•        Diseñar políticas para la
protección y la difusión de la temática de derechos humanos en ámbitos de la Universidad, y
fomentar y participar en la producción, análisis y evaluación de las que se
generen en distintas jurisdicciones.
•        Coordinar acciones y programas
articulados con organismos de derechos humanos del ámbito local, nacional e
internacional.
•        Representar a la Universidad Nacional
del Sur en la
Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
•        Promover la formación en derechos
humanos como parte integral de la enseñanza preuniversitaria y universitaria.
El tercer artículo crea para la cartera un Consejo Asesor, integrado por
representantes de organizaciones de la
UNS “con trayectoria comprobable en el tema”, del Municipio
de Bahía Blanca y del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, de las
Organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad y la región y de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación,
a los que se sumarán dos personalidades nacionales de “reconocida trayectoria
en el tema”. De acuerdo a lo tipificado en el mismo artículo, serán las
organizaciones de Derechos Humanos las que darán el puntapié inicial y
dispondrán su funcionamiento y forma de representación.
Finalmente, el cuatro artículo -el quinto es sólo el mandato burocrático de
información y archivo- establece que la Subsecretaría
“quedará a cargo de la
Secretaría Privada de Rectorado hasta que la acumulación de
actividades y responsabilidades así lo recomiende”. Con ello, el oficialismo se
adelantaba a la que sería la primera de las objeciones de la oposición, la
creación de un nuevo cargo político. Sin embargo, la ambigüedad en su redacción
hace que no pueda tenerse noción del plazo concreto que durará esa
superposición de funciones. También debe consignarse que, en principio, dentro
del Consejo Asesor no fueron incluidos representantes de los Municipios y
cuerpos deliberativos de la región, aunque eso podría revertirse durante su
constitución formal.

¿Oposición por oposición?
El proyecto oficial comenzó a circular hacia fines de noviembre. Sin
embargo, la lista de docentes Línea PHI entendió que el tiempo de discusión del
mismo había sido acotado y prefirió elaborar contrarreloj su propia propuesta,
que no pasó por comisiones antes de ingresar al recinto.
El texto introductorio del proyecto opositor partía de premisas similares a las
enarboladas por el oficial: consideraba tema de “máxima relevancia y digno de
los mayores y mejores esfuerzos” a la “promoción, estudio, investigación, difusión
e implementación de los Derechos Humanos”. También coincidía en el rol que ante
el mismo debía tener la
Universidad pública.
Pero se permitía señalar “deficiencias cruciales” en el dictamen de mayoría.
Concretamente, relativizaba en primer término el supuesto de que los derechos
humanos no se asientan en principios políticos, religiosos o filosóficos, como
lo entendía el proyecto oficial. “Mientras el proyecto asume una obvia unicidad
de fundamentos, existe una notable diversidad sobre las bases mismas de la
materia”, consideraba Línea PHI.
Por otra parte, cuestionaba fuertemente la dependencia directa del rectorado
que tendría la nueva subsecretaría y el hecho de que, temporalmente, quedase
bajo la órbita de acción de la Secretaría Privada, de acuerdo a lo propuesto por
el cuarto artículo del proyecto oficial. El texto recordaba la organización de la UNS en torno a una estructura
de Departamentos Académicos ocupados de la enseñanza, investigación y extensión
que les fue asignada por fuera de la burocracia central. En este aspecto,
enumeraba las acciones que las mencionadas unidades académicas vienen
desarrollando en materia de derechos humanos.
Como conclusión, marcaba algunos puntos que consideraba basales para la
gestación de un espacio dedicado a la promoción y defensa de los derechos
humanos dentro de la UNS. Los
integrantes de Línea PHI imaginaban un organismo “desvinculado del poder
central” de la casa de estudios, coordinado y diseñado “por una persona idónea
en la materia y con trayectoria y condiciones morales para esa función” y
compuesto principalmente por personas designadas por los Departamentos, aunque
sin excluir pero tampoco especificar la participación de otras extrañas a la
vida académica.
El proyecto en concreto, presentado luego del texto introductorio reseñado,
constaba de siete artículos. Por medio del primero de ellos, se proponía crear
“una Comisión Organizadora de una institución encargada de la organización y
coordinación de los proyectos y actividades que se desarrollen en relación con
los diferentes campos de los Derechos Humanos”. Dicha Comisión sería la
encargada de representar a la UNS
en la materia a nivel institucional.

El segundo artículo establecía como bases de la entidad propuesta su
desvinculación del poder central de la
UNS y establecía, asimismo, que no dependería jerárquicamente
de Departamento alguno. También se consignaba que debía respetar “la diversidad
de opiniones en la materia” y que sería coordinada “por una persona designada
por el Consejo Superior Universitario por el voto de dos tercios de la
totalidad de sus miembros”. Además, proyectaba crear un Consejo Asesor,
compuesto por representantes de todos los Departamentos y de las Escuelas
Medias de la UNS
y de “representantes externos a la
UNS de reconocida trayectoria en la defensa y protección de
los DDHH”.
El tercer artículo del proyecto tipificaba como funciones específicas del
espacio propuesto las de “consolidar una cultura de derechos humanos en el
ámbito académico y en la sociedad en general”, diseñar y proponer políticas
para su difusión y protección, coordinar acciones en tal sentido con organismos
del sector, representar a la UNS
en la Red
Interuniversitaria de Derechos Humanos y “promover la
formación en derechos humanos como parte integral de la enseñanza
preuniversitaria y universitaria”.
Los últimos tres artículos estipulaban que la Comisión Organizadora
de la entidad propuesta contaría con un mínimo de cinco y un máximo de quince
miembros, dejaba sentada la posibilidad de que los Departamentos Académicos
sugirieran nombres para su conformación y determinaba como requisito para su
admisión que fueran avalados por el voto de los dos tercios de los consejeros
que componen el CSU.

La votación
Durante el plenario, el proyecto oficial fue acompañado por la lista
oficialista Blanca de docentes, la opositora del mismo claustro Integración y
la de trabajadores no docentes Azul. También dieron el visto bueno los alumnos
de Unidad y MNR Desafíos.
Por su parte, la iniciativa de Línea PHI fue acompañada por esa bancada y por
Universidad, la lista de docentes que supo contar entre sus miembros al ex
agente civil de Inteligencia Néstor Montezanti, sobre quien pesa un pedido de
enjuiciamiento académico. El voto de Universidad fue extraño, pues en el debate
se había pronunciado por un estudio más amplio de los dos proyectos, que decían
desconocer. Pero, según parece, ante la duda eligieron el presentado por Línea
PHI.
La agrupación de estudiantes Generación UNS se abstuvo, ya que su posición era
que ambos proyectos debían volver a comisiones para un nuevo debate en torno a
las propuestas.
Como conclusión inicial, puede decirse que, en rigor, ambos proyectos no
resultaban contrapuestos, ya que, de acuerdo a lo narrado en esta nota, bien
podrían implementarse ambos sin exclusión. Por otra parte, desde la lista
Integración -histórica impulsora de la defensa de los derechos humanos en el
ámbito universitario- se afirmó que “lo hubiéramos propuesto siendo gestión”.

Quién es quién
El recuerdo de lo ocurrido el 24 de mayo último, durante la sesión que
revalidó la continuidad docente de Gloria Girotti bien puede caracterizar a
algunos de los actores mencionados en esta nota. Como se recordará, Girotti -docente
de la UNS en el
Departamento de Derecho- resultó imputada penalmente por los fiscales Abel
Córdoba y Antonio Castaño de graves delitos de lesa humanidad cometidos durante
la última dictadura, cuando se desempeñaba como secretaria del ex juez
Guillermo Federico Madueño.
En la sesión en que debía tratarse su designación al frente de una cátedra que
pretendía renovar, se colocaron sobre el tapete sus antecedentes y la decisión
quedó en manos de los consejeros. La lista Blanca, de donde provino el proyecto
oficial en torno a la creación de la subsecretaría de Derechos Humanos, votó
dividida: con la solitaria excepción de Federico Bugatti, el resto de sus
consejeros y decanos aprobó la continuidad de Girotti en la UNS, en franca contradicción
con el voto expresado el 29 de febrero pasado al apoyar la creación de una
cartera especial para la promoción y defensa de los derechos humanos.
Enhorabuena si representa un cambio de perspectiva grupal.
Pero fue Línea PHI quien desniveló el cónclave a través de un voto en bloque en
favor de Girotti. Aún cuando contaban con la oportunidad política de, en caso
de votar divididos, hacer desempatar al propio rector Guillermo Crapiste, sus
consejeros se pronunciaron unánimemente por la renovación docente de la
cuestionada letrada. Posteriormente sería uno de sus miembros, Luis Esandi,
quien ejercería como juez ad hoc para dejar en libertad a Hugo Mario Sierra,
quien registra antecedentes similares a los de Girotti y pasó 24 horas detenido
en octubre pasado por disposición del Tribunal Oral Federal que enjuicia a
diecisiete represores. El abogado defensor de Sierra fue Rubén Diskin, el mismo
que defendió a Juan Enrique Peri, hijo de la líder de Línea PHI Andrea
Castellano, en la causa por el homicidio de Tomás Osorio, ocurrido en 2009.
Finalmente, tanto Sierra como Esandi y Gabriel Peri, marido de Castellano,
formaban entonces parte del grupo de autoridades del Colegio de Abogados de la
ciudad, entre otras vinculaciones.

Antecedentes
Con la creación de un espacio institucional para la promoción y defensa de
los derechos humanos, la UNS
se suma a una importante lista de casas de estudios del país que ya han hecho
lo propio.
La Universidad
Nacional de Córdoba, por caso, cuenta con un Observatorio en
prácticas de Derechos Humanos, dependiente de su Secretaría de Extensión.
También deben consignarse como antecedentes la Secretaría que para el
área creó la Facultad
de Periodismo de la
Universidad de La
Plata o la subsecretaría que a los mismos efectos estructuró
la de Rosario, bajo la órbita de su Secretaría General.
Recientemente, además, las Universidades Nacionales propiciaron el nacimiento
de la Red
Interuniversitaria de Derechos Humanos, de la que la UNS es miembro fundador.