El martes 23 se
desarrolló la primera de las reuniones de discusión y análisis de torno a la
elaboración de un código que rija la convivencia en la UNS. La normativa reemplazará
al Reglamento de Admisión y Disciplina para Alumnos que la intervención militar
promulgó durante la dictadura y el CSU derogó hace tres meses.

En respuesta a la convocatoria de la Comisión de
Interpretación y Reglamento del Consejo Superior Universitario (CSU), el martes
23 de agosto pasado se desarrolló en la sala del cuerpo resolutivo del edificio
de avenida Colón 80 la primera de las reuniones de discusión y análisis para la
elaboración de un Código que regule la convivencia de la comunidad de la
Universidad Nacional del Sur (UNS).
El encuentro estuvo abierto a todos los claustros que componen la familia
universitaria, aunque contó con la llamativa ausencia de la mayoría de los
miembros que representan a los docentes en el CSU. Sólo Telma Alonso, por
Integración, y Andrea Castellano, por Línea Phi, participaron del debate. A ellos
se sumaron representantes de los gremios no docentes, y estudiantes de las
listas Generación UNS y MNR Desafíos.
La discusión en torno a la elaboración de la eventual normativa reside en que,
de aprobarse, reemplazaría al Reglamento de Admisión y Disciplina para Alumnos
que la intervención militar, cuyo referente era Julio Lucero, promulgó en
septiembre de 1977 y el CSU derogó en una sesión plenaria de mayo de este año.

Lo viejo
El mencionado Reglamento de 1977 consideraba un impedimento para la
admisión de los aspirantes el que registraran “antecedentes de carácter
subversivo o actividad disociadora en los respectivos organismos de seguridad”.
También excluía a los procesados o condenados por presunta comisión de delitos
“con relación a la seguridad nacional”. Finalmente, tampoco admitía a los
presos políticos puestos a disposición del Poder Ejecutivo “en virtud de la
vigencia del Estado de Sitio”.
La normativa entendía por otra parte como motivo de sanción la “desobediencia
(sic) a las órdenes o directivas impartidas por un profesor, docente auxiliar o
autoridad universitaria, dirigidas a mantener el orden o evitar acciones de
indisciplina cuando no implique una falta mayor” y estipulaba una pena de entre
un mes y un año de suspensión a la demostración de “actitudes, expresiones o
presentación personal contrarias al decoro o las buenas costumbres”, que no
detalla.
Sí era explícita, en cambio, en su artículo quinto, que preveía una pena de suspensión
de dos a seis años “o expulsión” a quienes realizaran “en la Universidad
actividades que asuman formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o
agitación de carácter público o gremial, docente, estudiantil y no docente”.
Por increíble que parezca, y aunque no se aplicaban en los hechos, los
mencionados artículos estuvieron en vigencia hasta este año, cuando el grupo
Generación UNS presentó un proyecto que proponía derogar el Reglamento en forma
total, ofreciendo como fundamento lo dispuesto por el propio Estatuto de la
UNS, que establece un “grado de igualdad entre los alumnos y los demás
integrantes de la comunidad universitaria” de tal magnitud que ordena “un
sistema de cogobierno por claustros, donde los alumnos tienen la misma cantidad
de representantes que el claustro docente”.
En primera instancia, el proyecto de Generación fue tratado en la sesión
plenaria del 13 de abril pasado. Pero el oficialismo -con la mayoría aportada
por las listas Blanca, Auxiliares del Sur, Universidad y las estudiantiles MNR
Desafíos y Unidad- lo envió nuevamente a la Comisión de Interpretación y
Reglamento, objetando el presunto “vacío legal” que se produciría ante la
ausencia de otra normativa que ocupe su lugar.
Algunas semanas más tarde, el proyecto volvió al recinto. Para evitar la
sensación de vacío legal, el nuevo texto -respaldado por firmas ligadas a la
conducción de la gestión universitaria- encomendaba a la mencionada Comisión la
elaboración de una nueva legislación, para lo cual aconsejaba “iniciar instancias
de consulta y participación de todos los miembros de la comunidad
universitaria”. Ese paso fue el que empezó a cumplirse el martes pasado, en el
propio recinto del CSU, en una reunión donde tomaron parte miembros de los tres
claustros que conforman la UNS.

Lo nuevo
Aunque todavía no se avanzó en pos de la redacción de un proyecto
consensuado, el jueves 25 la Secretaría General del CSU envió a los asistentes
a la reunión antedicha un memo donde se dejaba constancia de los principales
puntos discutidos en la ocasión. Además, el correo electrónico al que se
adjuntó el archivo invitaba a proponer modificaciones a las que el borrador se
encontraba sujeto. La dirección para enviar las sugerencias es justamente
csuperior@uns.edu.ar.
“Al permitir la participación en los procesos de creación de nuevas
instituciones se permite que las personas se sientan identificadas y las
respeten. Así, se logrará que no se esté promulgando solamente un reglamento,
sino una construcción colectiva. Al escuchar muchas voces y abrir el debate, la
misma será plural, diversa, amplia y no le pertenecerá a nadie, sino a quien la
construyó: la Comunidad Universitaria en su totalidad”, comienza el texto de
resumen.
A continuación, desarrolla dos grandes puntos de análisis a los que los
asistentes se abocaron durante el encuentro.
El primero de ellos tiene que ver con el ámbito de aplicación del eventual
Código de Convivencia. En principio, el documento comienza poniendo de relieve
que “la relación entre todos los miembros de la comunidad universitaria debe
estar basada en una relación de respeto mutuo; la única prerrogativa que pueden
tener los docentes sobre los estudiantes debe estar dada en el plano
estrictamente académico. Para todas las demás cuestiones, la relación tiene que
ser de pares”.
En tal sentido, cita al propio Estatuto de la casa de estudios, que estipula
que el “grado de igualdad entre los alumnos y los demás integrantes de la
comunidad universitaria es tal, que establece un sistema de cogobierno por
claustros donde el claustro estudiantil tiene, en algunos casos, la misma
cantidad de representantes que el claustro docente”. “Incluso, es muy
importante recordar que el Estatuto de la UNS no hace distinción de claustros
cuando se refiere al régimen disciplinario”, agrega el memo.
“Dado que las conductas reprochables son comunes a todos los miembros de la
Comunidad Universitaria y replicando la concepción igualitaria que promueve el
mismo Estatuto de la UNS, vemos innecesario establecer una norma de Convivencia
para cada claustro por separado”, concluye.
Durante la reunión del martes 23, “se hizo hincapié en que la misma tiene que
versar sobre las situaciones donde existe interacción entre los miembros de la
comunidad universitaria sin distinción de claustros, dejando de lado las
cuestiones de la función laboral de cada uno, que en algunos casos ya está
reglamentada por normas superiores”, como los procesos de juicios académicos en
el caso de los trabajadores docentes y el Convenio Colectivo de Trabajo en
vigencia para los no docentes.
El segundo punto al que se dio especial desarrollo durante el encuentro
interclaustros, fue sobre la necesidad de establecer necesariamente un proceso
de conciliación luego de producido un diferendo. “Hubo acuerdo en que el
espíritu de la norma debe ser distinto del anterior régimen derogado; se debe
buscar el entendimiento de los involucrados ya que se trata de personas
adultas. Por lo tanto, estipular instancias de conciliación es importante, pero
sostenemos que debería ser solo para casos de faltas leves que deberán estar
estipuladas de antemano”, resume el documento en consideración.
En cuanto a la esfera bajo cuyo cargo estará la aplicación de las sanciones,
uno de los puntos discutidos incluyó el debate sobre si debía dejarse al consejo
departamental de cada unidad académica tal autoridad o si, por el contrario, la
decisión debía ser centralizada.
La propuesta de otorgar el poder sancionatorio a los departamentos tropieza con
dos problemas importantes. El primero de ellos se presenta si el caso a juzgar
proviene de una situación en que quedan incluidos dos o más departamentos de la
casa de estudios. El segundo es que tal disposición iría en contra del
principio de igualdad que el texto defiende en sus primeras líneas, por una
sencilla razón: a diferencia de los docentes o estudiantes, los trabajadores no
docentes no cuentan con representación en los consejos departamentales.
Por ello, se planteó la posibilidad de establecer una Comisión centralizada con
representantes de los tres claustros en partes iguales. Los miembros de dicho
cuerpo serían, en principio, seis: tres titulares y otros tantos suplentes, a
razón de dos por estamento.
La conciliación, según, se concluyó en el encuentro, debe ser voluntaria “y se
deberán contemplar mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de lo
acordado”. Además, “se sugirió contemplar que también podrían incluirse
mecanismos como la ‘probation’, mediante la cual una persona que haya cometido
una falta -leve- puede ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la
medida de lo posible realizando tareas en algún ámbito de la universidad”.
Finalmente, el memo remitido a los asistentes a la reunión consigna otros dos
puntos de importancia. En primer término, el referido a la consideración de
“formas de implementar los sumarios de manera tal que se aseguren las garantías
para cada una de las partes y se arriben en tiempo considerable a conclusiones
que permitan tomar decisiones, sacando del ámbito de las autoridades de
rectorado la aplicación de las mismas”. En la actualidad, son minoritarios los
casos de sumarios abiertos que finalizan en una efectiva conciliación del hecho
denunciado o en la correspondiente sanción del mismo.
Por otra parte, se acordó la conveniencia de “estipular mecanismos que garanticen
a cada una de las partes imparcialidad en las decisiones evitando que ante la
solución de un conflicto se cree otro”.
Ahora, la comunidad universitaria puede remitir al CSU las sugerencias que
considere oportunas para avanzar en torno a la sanción del futuro Código de
Convivencia. Se espera por una nueva convocatoria de la Comisión de
Interpretación y Reglamento para continuar con la discusión del mismo.