Se encuentra aún bajo el estudio
de la Comisión de Interpretación y Reglamento del CSU el proyecto de
restricción de la asistencia de público a las sesiones plenarias ordinarias del
cuerpo, presentado hace dos semanas por el consejero de la lista de docentes
Universidad Miguel Ángel Cantamutto (ver EcoDias 375).
Como se recordará, el mismo disponía un cupo máximo de asistencia al recinto, a
la vez que establecía la necesidad de una acreditación previa para que los
miembros de la comunidad académica pudiesen presenciar el cónclave. En el caso
de que el interesado no perteneciese a la familia universitaria, la propuesta
estipulaba la elevación de un pedido al rector, donde constaran los motivos por
los cuales surgía el interés de asistir al plenario. No era el único punto en
que se veía afectada, por caso, la labor de prensa: también se proponía
prohibir la captura de fotografías de la sesión o la grabación de la misma.
De prosperar en dicha comisión, la iniciativa podría ser incluida dentro del orden
del día del plenario venidero, aunque fuentes consultadas por este periódico
descreían de su avance.
Es por ello que EcoDias decidió requerir sus opiniones respecto del tema a tres
referentes de listas opositoras. “Actualmente, el CSU funciona en un espacio
reducido y sin duda es necesario analizar su traslado a un lugar más amplio. Si
bien esta deficiencia de infraestructura se enfatiza en el proyecto presentado
por el consejero Cantamutto para organizar la presencia de público en las sesiones,
el motivo generador apunta esencialmente a restringir el carácter abierto de
las mismas”, consideró la bioquímica Telma Alonso, representante de la lista Integración
de docentes en el cuerpo resolutivo.
Para Alonso, la aprobación de la iniciativa “significaría un grave retroceso en
la transparencia de los actos de gobierno y en el derecho de la comunidad a
informarse directamente de las decisiones que se toman en el ámbito de una
universidad pública que está sostenida económicamente por la sociedad”.
En el mismo sentido se expresó Roberto Cimatti, de la lista Azul de
trabajadores no docentes, quien coincidió en la necesidad de buscar un espacio
más cómodo para las deliberaciones cuando el orden del día prevea temas de gran
interés para la comunidad universitaria o la ciudadanía en general.
“Como consejero expresé, en la reunión de hoy (por el miércoles 17, en que tuvo
lugar la reunión de la mencionada comisión), que el proyecto era extemporáneo y
anacrónico, que no se debía impedir la concurrencia de personas interesadas en
los temas que se debaten en el CSU, que la universidad debía ser una
institución abierta y que la cuestión se resolvía buscando un espacio más
amplio”, opinó Cimatti.
Finalmente, la lista estudiantil Generación UNS anunció desde el momento en que
la iniciativa tomó estado público su oposición a la misma. “Este proyecto no
nos sorprende porque se enmarca en una tendencia general de algunos miembros y
autoridades universitarias que buscan cercenar los espacios de participación democrática”,
dijo Federico Martínez Gravino, consejero por la mencionada agrupación.
“Es claro que se busca limitar el acceso a los actos públicos que se realizan
en la UNS. Nosotros creemos que la sociedad, como sostén de la institución
pública y estatal UNS, tiene derecho a observar los actos que allí se realizan.
El carácter de autónomo de las universidades no puede implicar estar fuera del
ámbito de control de la esfera pública”, añadió.
“Así, el nivel de responsabilidad que los consejeros superiores hemos asumido
al aceptar nuestro cargo de administración pública, conlleva la obligación de
ser una persona expuesta, de quien debe conocerse su nombre, apellido, rostro y
especialmente sus decisiones. No se puede exigir lo mismo a quienes no forman
parte del órgano público parlamentario y desean ser testigos de sus acciones”,
reflexionó Martínez Gravino.