Durante la semana que pasó, se
supo que la Defensoría del Pueblo bonaerense aceptó remitir un pedido de
informes al CTE, la Municipalidad y el OPDS a raíz de los incidentes que
tuvieron como escenario a las instalaciones que la empresa Petrobras posee en
Loma Paraguaya.

Los
incidentes que en agosto pasado se desarrollaron en la refinería que la empresa
Petrobras posee en el barrio bahiense de Loma Paraguaya, siguen estando en la
agenda prioritaria de varios de los miembros del Honorable Concejo Deliberante
(HCD).
Como se recordará, la planta que resultó escenario de los siniestros del mes
último había sido clausura ya a comienzos de este año al registrarse la
emanación de olores desde sus instalaciones. Una vez reabierta, la refinería
continuó operando hasta que el 10 de agosto pasado una explosión sacudió el
lugar y costó la vida del trabajador Adrián Valente, dejando con graves heridas
a su compañero Miguel Graziano.
A instancias del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS),
Petrobras logró un permiso precario que le permitió retomar parcialmente sus
actividades. Pero antes de finalizar el mes, se produjo otro siniestro: un foco
de incendio afectó a una válvula de retención de una bomba de fuel oil. El
incidente, según fuentes oficiales, se inscribió dentro del nivel más bajo del
Programa de Respuestas a Emergencias Tecnológicas (PRET), ya que fue controlado
por los propios operarios y no causó daños a ninguna persona, las instalaciones
o el medio ambiente. De todos modos, acentuó la preocupación sobre el
funcionamiento de la refinería y los controles que sobre ella se realizan.
La sucesión de incidentes motivó que antes de finalizar el mes, los concejales
que integran los bloques de Integración Ciudadana (IC) y 8 de Septiembre en el
Honorable Concejo Deliberante (HCD) remitieran a la Defensoría del Pueblo de la
provincia de Buenos Aires una comunicación por la que solicitaban que el
organismo requiriera informes al Comité Técnico Ejecutivo (CTE), el gobierno
comunal y el OPDS.
Durante la semana pasada, el defensor del Pueblo provincial Juan Carlos
Bonicatto informó a los ediles que aceptaba la petición, y les remitió copias
de las solicitudes de informes que envió a los entes antes mencionados.
En sus escritos, la Defensoría del Pueblo fundamenta su requisitoria en que los
ediles “manifiestan su preocupación porque, según explican, se vienen
sucediendo distintas irregularidades en la planta de Petrobras”.
A los hechos arriba reseñados, agrega que “por ejemplo, en junio de 2010, una
de las antorchas de seguridad se apagó, provocando la emisión de gases a la
atmósfera. También, la empresa Petrobras tuvo problemas en el funcionamiento de
una planta de hidrotratamiento”.
En el caso del CTE, se le pide que informe sobre “posibles actuaciones con
posterioridad al fallecimiento del trabajador”. En cuanto a la Municipalidad y
el OPDS, se agrega el requerimiento acerca de “actuaciones a partir del
episodio mencionado” y “si fue verificado algún incumplimiento de la empresa
denunciada”. Y solicita además que tanto la comuna como el organismo provincial
comuniquen si se “impuso a la empresa alguna medida o plan de obras a
realizar”.
El texto otorga un plazo de veinte días para una respuesta a partir de su
notificación y recuerda el artículo 15 de la Ley 13.834, que indica que “todos
los organismos públicos y personas físicas y jurídicas, públicas y privadas
prestadoras de servicios públicos, estarán obligados a prestar colaboración,
con carácter preferente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones”.
El artículo siguiente de la citada ley tipifica que quienes obstaculicen el
acceso a la información por parte de la Defensoría “incurrirán, si fuese
empleado público o funcionario, en falta grave”.

Números que se hacen agua
Por otra parte, la semana pasada hizo su ingreso al recinto un proyecto del
bloque de IC, por el que propone requerir informes a Aguas Bonaerenses Sociedad
Anónima (ABSA), empresa prestataria del servicio de agua potable en la ciudad.
La iniciativa fue impulsada por el presidente de la bancada, Raúl Woscoff.
Puntualmente, el edil pretende conocer la cantidad de agua que es producida por
las plantas potabilizadoras y no llega a destino, es decir, a los domicilios de
los bahienses.
El pedido de precisiones que Woscoff pretende elevar a ABSA se origina en un
dato extraído de la revista del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía
Blanca (CREEBBA), donde se indica que entre los proyectos en los que se ha
avanzado recientemente se encuentra uno que “prevé una planta de reutilización
de líquidos cloacales para su posterior uso industrial”, con dos objetivos
claros: “limitar o reducir el impacto ambiental que producen los desagües
cloacales vertidos al estuario e incrementar la capacidad de agua existente,
restando demanda industrial del volumen provisto para consumo corriente, a
partir del flujo obtenido de la planta”.
“A pesar de que en el informe se detalla la cantidad de metros cúbicos que
podría procesar la planta depuradora, hasta el momento no se cuenta con datos
fehacientes proporcionados por ABSA que revelen qué cantidad y porcentaje de
agua sale de las plantas potabilizadoras pero no llega a destino”, refiere el
edil firmante.
Vinculado al tema de la provisión y el óptimo aprovechamiento del agua potable,
durante la sesión que se llevó a cabo el jueves 15 de septiembre pasado, se dio
luz verde por unanimidad a un proyecto de resolución que determina requerir
informes al Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, sobre
las fuentes de financiamiento del proyecto de reutilización de aguas cloacales.

Materiales
El viernes pasado, finalmente, se llevó a cabo un encuentro en que
distintos actores sociales y políticos bahienses intercambiaron opiniones y
análisis sobre posibles modificaciones a la ordenanza vigente que regula el
Banco de Materiales municipal.
De la reunión tomó parte el secretario de Promoción Social del gobierno
municipal Marcelo Ciccola, también ediles de distintas bancadas y
representantes de Cáritas y Acción Bahiense Comunitaria (ABC). El encuentro
estuvo presidido por el titular de la Comisión de Planificación y Promoción del
Desarrollo Económico y Social, el concejal de Unión PRO Julián Lemos.
“Esta herramienta otorga la posibilidad, tanto al municipio como así también
realizando convenios con instituciones sociales, de que se puedan otorgar micro
créditos con destino al mejoramiento de una vivienda. Estos microcréditos son
de montos bajos, como por ejemplo de quinientos pesos y con una devolución de diez
cuotas de cincuenta pesos. Y con un seguimiento hacia la familia, por lo que
cuando concluye dicha devolución se le puede otorgar a la persona hasta 2500
pesos más y ya con un plazo de 24 meses para finalizar las obras faltantes”, manifestó
Lemos.
La Ordenanza ya está vigente pero “se está trabajando con las instituciones y
con la Secretaría de Promoción Social para adaptarla y mejorarla, para que
pueda ser más fluida y así llegar a las necesidades directas de las personas”,
marcó.
Uno de los puntos que para el edil merecen revisión “se relaciona con que la
Ordenanza lo que establece es que el municipio otorgue materiales y a veces
esto es poco flexible con las necesidades puntuales de las personas, por lo que
sería conveniente establecer que se pueda otorgar un dinero a las instituciones
que canalizan luego los préstamos en materiales”, especificó.