Con casi un semestre de
retraso, los ediles aprobaron por mayoría un proyecto de comunicación que pide
al Ejecutivo informes sobre el desalojo a las familias que habitaban en
terrenos sitos en la Villa Caracol. El mismo jueves debía reunirse la Asamblea
de Concejales y Mayores Contribuyentes, pero el encuentro se frustró y la única
decisión fue pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves de esta semana.

El
jueves 22 de septiembre pasado, el Honorable Concejo Deliberante (HCD)
desarrolló su vigésimo tercera sesión del periodo ordinario de 2011. El
plenario fue presidido por la titular del cuerpo, la edil peronista Marta
Castaño, y durante su desarrollo se consideraron más de dos docenas de puntos,
que conformaban un temario en que se sumaban aquellos expedientes que formaban
parte del Orden del Día y los que merecieron la consideración de los concejales
sobre tablas.
Uno de los proyectos más relevantes entre los votados el jueves, llegó con casi
un semestre de retraso. Los tiempos legislativos a veces no se condicen con la
urgencia que requieren ciertas temáticas.
Por ello, el proyecto de comunicación presentado a finales de abril por Raúl
Ayude, del bloque de Integración Ciudadana (IC), recién se puso a consideración
de los concejales en el penúltimo plenario de septiembre.
Se trata de una iniciativa que estipula el pedido de informes al Ejecutivo
sobre el desalojo de veintitrés familias que habitaban terrenos sitos en Paraná
al 2500, en la Villa Caracol de nuestra ciudad. De acuerdo a lo que narra el
proyecto aprobado por mayoría en el recinto, el desalojo se produjo a las 5.30
hs. “mediante maquinarias municipales y con participación de la fuerza
policial” y sin que ningún organismo comunal lo fiscalizara.
Para agravar la situación, testigos del hecho indicaron “la existencia de
insultos por parte del delegado Palacios, con términos como: ‘negras de mierda’”, para referirse a
vecinas del sector.
Por ello, la iniciativa a que dio luz verde el HCD incluye la demanda al
Ejecutivo por detalles de lo actuado por los funcionarios municipales en dicho
desalojo, como así también las actuaciones judiciales que pudieran haber sido
elaboradas en la oportunidad, para autorizarlo.
El escrito también interroga sobre las precauciones dispuestas para con los
menores que integraban los núcleos familiares que habitaban los terrenos
desalojados. A su vez, el documento indica que no existieron instancias de
diálogo anteriores al procedimiento, que no se reubicó a las familias desalojadas
en vivienda o terreno alguno -este punto habría visto un principio de solución
en las últimas semanas- y que no se salvaguardaron los derechos de niños y
adultos a una vivienda digna, contemplados en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Otros temas
Otro de los puntos tratados el jueves fue la adhesión al Proyecto de Ley
que establece la necesidad de contar en todos los espacios públicos o privados
donde exista afluencia de público con un desfibrilador externo automático. Se
trata de un aparato encargado de restablecer el ritmo cardíaco normal en un
paciente mediante la aplicación de descargas eléctricas controladas.
Por otra parte, se declararon “de Interés Municipal” el documental biográfico
“Carlos Di Sarli”, el largometraje de ficción titulado “La vida sobre ruedas” y
los festejos por los 104 años de los barrios Villa Serra y Talleres y las ocho
décadas de su Sociedad de Fomento y Cultura.

Sólo para el recreo
El mismo jueves en que desarrolló el plenario ordinario del HCD debía
sesionar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, cuya convocatoria
se realizó para tratar dos puntos, referentes a la constitución de un
Fideicomiso destinado a la financiación de obras de infraestructura urbana, y a
la adhesión de la Comuna local al Programa Provincial de Desendeudamiento de
los Municipios.
Ambos temas ya habían sido considerados por los ediles del HCD, quienes les dieron
luz verde para que sean tratados por la Asamblea de Mayores Contribuyentes.
Sin embargo, la votación no se llevó a cabo. La narración oficial indicó que
“tras la lectura por Secretaría de la convocatoria, pidió la palabra la
concejala Diana Larraburu, quién mocionó pasar a un cuarto intermedio hasta la
semana próxima, según lo acordado previamente, lo que fue votado unánimemente”.
La explicación extraoficial para este acuerdo previo de pasar a un cuarto
intermedio indica que las condiciones para el acceso al fideicomiso mencionado
llegaron con variaciones respecto a los números que habían considerado y
aprobado los ediles.
Ante esta incongruencia entre lo votado por el HCD y lo que considerarían los
Mayores Contribuyentes, se decidió el antedicho cuarto intermedio, a la espera
de corregir los errores y lograr la coincidencia entre lo aprobado por los
ediles y lo que evaluaría la Asamblea, cuyo visto bueno es esencial para dar
curso a este tipo de medidas.

Reunión con UOCRA
El lunes 19 se llevó a cabo un paro y movilización de la seccional bahiense
de la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA). Los trabajadores se
manifestaron por el centro de la ciudad, llevando sus reclamos al Palacio
Municipal y la sede el HCD, donde mantuvieron una reunión con la presidenta del
cuerpo Marta Castaño y algunos concejales.
Las demandas de los obreros expresadas durante la jornada de protesta tenían
que ver con una mayor seguridad para quienes se desempeñan en obras en
construcción en Bahía Blanca. En lo que va del año, cuatro trabajadores
perdieron la vida en distintas construcciones de la ciudad.
Por ello, en su visita al HCD los representantes sindicales dejaron una nota
donde piden “que se trabaje para que la salud y seguridad laboral sean
definitivamente una política de todos, del Estado y de los organismos con
incumbencia, Colegios de Profesionales, cámaras del sector, Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo y gremios. Que sea fuerte y constante, con eje en la
cultura de la prevención, conteniendo claras definiciones en cuanto a premiar a
quienes responsablemente cumplan con la Ley y castigar a aquellos propietarios,
empresarios y profesionales inescrupulosos que hacen del incumplimiento una
regla, arriesgando la salud y la vida de los trabajadores”.
En lo que tiene que ver con lo específicamente legislativo, el documento señala
que es “necesaria una urgente actualización del Código de Edificación, que data
del siglo pasado. Muchos procedimientos y riesgos actuales no figuran en él, y
por ello muchos inescrupulosos prefieren ahorrar en vez de invertir en nuevas
tecnologías de salud y seguridad, amparados en ese caduco código”.
También solicitan que “desde el Ejecutivo y el Legislativo se reactiven y/o se
instrumenten todas las mesas de trabajo prometidas y que hacen falta ejecutar
para que todos los actores principales del sector se pongan a trabajar
integral, responsable y solidariamente en las acciones de formación, de
corrección o sanción que sean necesarias para priorizar la salud y la vida de
los trabajadores constructores y evitar así el peligro de crisis o colapso
debido a las demoras, indefiniciones y/o negligencias del Estado y demás
responsables”.