Los interrogantes sobre el traspaso de las
líneas que manejaba el Grupo Plaza a la SAPEM y la empresa San Gabriel siguen atravesando
la agenda política. El reclamo de los trabajadores que quedaron fuera del mismo
llegó al cuerpo deliberativo y motivó la presentación de un proyecto de
resolución por parte del bloque de Integración Ciudadana. Las reuniones de
partes ante el Ministerio de Trabajo. Cómo sigue la historia.

Tal
como informó EcoDias, el domingo 22 de julio pasado fue el primer día con el
Grupo Plaza fuera de la ciudad. Esa fecha marcó el ingreso al sistema de
transporte público urbano de la ciudad de la Unión Transitoria
de Empresas (UTE) “San Gabriel”, que junto a la Sociedad Anónima
con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) “Bahía Transporte” y la firma
“Rastreador Fournier” -propiedad del edil de Unión PRO Julián Lemos y única
sobreviviente del esquema que finalizó en 2008-, reemplazaron a las empresas
Plaza y Mayo, del grupo controlado por la familia Cirigliano.
Sin embargo, la entrada de la UTE
San Gabriel al negocio abrió algunos interrogantes. En
principio, acerca de las causas por las cuales fue elegida esa propuesta por
sobre otras presentadas en su oportunidad. También quedó nuevamente en foco el
debate en torno al costo que debía tener el pasaje, ya que a poco de que el
último aumento viera luz verde en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), desde
la firma hicieron saber que el monto final no sería suficiente.
Ante este cuadro de situación, quedó en un segundo plano otro interrogante
importante: el vinculado a la situación de tres docenas de trabajadores que
prestaban servicios al Grupo Plaza pero no fueron tenidos en cuenta por las
tres empresas que desde el 22 de julio quedaron a cargo de la prestación.
Luego de un extendido reclamo por parte de los trabajadores, cuyo vínculo
laboral se respetaría hasta el 31 de julio, el tema impactó la semana pasada en
el HCD. Hasta el edificio de Sarmiento y Estomba llegaron los trabajadores con
su preocupación, luego de frustrada una instancia de mediación de partes ante
el Ministerio de Trabajo.

La voz de los trabajadores
En diálogo con el programa radial “Edición Matutina”, que se emite en las
mañanas de LU3 Am 1080, Gastón Castro, uno de los operarios que no obtuvo el
traspaso, brindó detalles sobre lo ocurrido en la reunión de partes que se
llevó a cabo el jueves 26 de julio en la sede del Ministerio de Trabajo. A la
misma estaban convocados los representantes de la Unión Tranviarios
Automotor (UTA), los trabajadores involucrados y el Municipio.
“En la reunión no hubo nada positivo, debido a que estaban invitadas las partes
de la Municipalidad
y la UTA. La
UTA declinó la reunión y la
Municipalidad se presentó con un abogado que no estaba
empapado en el tema y fue para hacer acto de presencia nada más”, indicó
Castro.
“Nosotros pensábamos que acercándonos ahí íbamos a sacar algo favorable, o por
lo menos que la UTA
se presentara en defensa de la gente que está afiliada. Pero no tuvimos esa
suerte”, subrayó.
En cuánto a las explicaciones que han obtenido sobre qué criterios se utilizan
para definir los traspasos, Castro refirió que “el Municipio nos dice que la
(lista de) gente la pasó el gremio, pero no sé en qué se basaron para dejar
gente afuera”.
Aunque inicialmente los trabajadores que reclamaban por su estabilidad laboral
eran más de cuarenta, ahora son 37. “Hubo gente que renunció y gente que está
de parte de enfermo. Por eso es que se redujo. También hubo dos choferes que, a
último momento, fueron traspasados”, explicó Castro.
Como dato adicional, indició que la empresa San Gabriel opera con trece
colectivos menos de los inicialmente previstos. Debería contar con 72 unidades
en la calle, y opera con 59.
“La culpa total es del Municipio, no de la UTA ni de San Gabriel o las demás empresas. Digo
esto porque el Municipio sabe que si se va a hacer un traspaso y hay tanta
cantidad de gente y coches, se tendría que haber pasado al total de la gente
que estaba afectada al servicio del transporte. Y no dejar gente afuera y hacer
entrar gente nueva”, opinó.
“El abogado de la Municipalidad
nos atendió muy caballerosamente, pero no estaba en el tema. La preguntamos qué
nos podía decir de la SAPEM,
que pertenece al Municipio, y no sabía quién era el presidente ni sus
directivos”, reveló.
“Ahora se está hablando de que en Covelia (firma encargada del servicio de
recolección de residuos) puede llegar a pasar lo mismo. Pero si le sacan la
concesión a Covelia, ¿qué va a pasar? ¿Van a quedar otras cuarenta familias en
la calle? Acá se está pidiendo seguir trabajando. Nadie está pidiendo nada más
que eso”.
En ese sentido, resaltó que en traspasos anteriores se había realizado la
consecuente transferencia del personal. “No sé por qué ahora dejan gente
afuera”, se lamentó.

Cómo sigue la cuestión
“El Ministerio también nos atendió. La reunión fue abierta, con todos los
trabajadores, el abogado de la
Municipalidad y representantes de las empresas. Se habló de
que pondrán un plazo estimativo a treinta días para una solución. A nosotros
hasta fin de mes, nos habían garantizado que nos iban a respetar el trabajo.
Pero no sabemos qué va a pasar después, si nos mandarán el telegrama”, subrayó
Castro.
Por ello, indicó, “después de esa reunión nos fuimos hasta el HCD y hablamos
con gente de algunos bloques. Ellos iban a plantear al Ejecutivo que, por lo
menos, la gente que queda afuera se divida en Fournier, SAPEM y San Gabriel,
que tomaron líneas de Plaza”.
“Nos duele que nadie haya salido a defendernos. Porque se dijo que era toda
gente de Buenos Aires. Pero somos todos de Bahía Blanca, nacidos acá y que acá
hemos trabajado. Por eso nos duele tanto”, concluyó.

Primera respuesta
Un día después de la reunión de partes que tuvo lugar el jueves 26 ante el Ministerio
de Trabajo, los concejales del bloque de Integración Ciudadana (IC) Raúl Ayude
y Raúl Woscoff elevaron al HCD un proyecto de resolución por medio del cual
solicitan que las empresas “Bahía Transporte”, “Lemos y Rodríguez” y “San
Gabriel”, que quedaron a cargo del control de las líneas del servicio de
transporte público luego de la salida del Grupo Plaza, reincorporen al personal
que fue desafectado por la firma saliente.
La iniciativa recuerda que “las transferencias anteriores de empresas siempre
aseguraron la continuidad laboral de todos los trabajadores, con sus derechos
laborales asegurados”, proceso en que participaban “las empresas salientes, el
Ministerio de Trabajo, la empresa entrante, el gremio y la Municipalidad,
siendo refrendado por este cuerpo deliberativo”.
Además, recuerda que el reciente traspaso “se realiza con la necesidad de
continuar con las condiciones planteadas en el pliego de licitación de cantidad
de unidades y de trabajadores”.