La Cámara de Diputados
de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que busca modificar un
artículo de la ley que protege los derechos de los discapacitados para que los
pases gratuitos para la utilización del transporte público tengan la misma
validez de tiempo que el certificado de discapacidad. Sin embargo, existen
voces que afirman que deben incluirse más reformas porque de lo contrario los
problemas para conseguir los pases continuarán de la misma manera que en la
actualidad.

La
diputada provincial Verónica Couly (Unión Celeste y Blanco) elaboró un proyecto
de ley que intenta la modificación del artículo 22 de la Ley 10.592 que protege
los derechos de las personas con discapacidad. Ese artículo habla del
transporte terrestre y fluvial y el uso de los mismos al que los discapacitados
tienen derecho. El objetivo de la reforma es que el pase gratuito que se debe
otorgar a la persona discapacitada para viajar tenga la misma validez temporal
que su certificado de discapacidad. El proyecto ya tiene la media sanción de
los Diputados y sólo falta la aprobación de la Cámara de Senadores de la
provincia de Buenos Aires para que entre en vigencia.
Sin embargo, parecería que tal reforma no sería del todo beneficiosa si no se
incluyen algunas modificaciones en el nuevo texto.
Jorge Berrondo quien, al igual que varias personas con discapacidad de Bahía
Blanca, viene desde hace tiempo reclamando por los derechos respecto al
transporte y a otras cuestiones que los atañen, dialogó con EcoDias y dio su
parecer acerca de la necesidad de modificar la reforma de Couly: “Si no se
aprovecha una reforma para realmente subsanar lo prioritario, estamos
equivocados o con otros intereses que no se corresponden con la realidad.
Tienen que tener en cuenta lo dificultoso que es realizar trámites para la
personas con discapacidad, la mayoría dependemos del auxilio de terceros y
carecemos de medios de transporte. Si se nos preguntara cuál es la urgencia
hablado lógicamente del transporte, la respuesta sería poder acceder realmente
a mis derechos y que se me de el pasaje sin más trabas”.
Señala Berrondo que cambiar algo para que nada cambie es grave y afirma que así
el pase dure un año o diez, la realidad es que las empresas de transporte no
cumplen: “He escuchado en estos días que dicen que la redacción original del
proyecto que en uno de los puntos más polémicos decía “el pase que a tal efecto
otorgue la empresa de transporte tendrá la misma duración que el certificado de
discapacidad” había sido ubicado en el medio del texto y le daba el control a
las empresas de transporte de otorgar el pase. Dicen que había sido con la
intención de solucionarles el problema a las personas de los pueblos más chicos
donde no hubiera autoridad que lo gestionara. O sea se recurriría a las
empresas que por buena voluntad tramitarían el mismo. Nadie que diga conocer la
realidad de los discapacitados podría sostener esto”.
Recordó Berrondo que los requisitos para obtener la credencial habilitante de
la Dirección Provincial del Transporte son la fotocopia del Certificado de
Discapacidad autenticada por autoridad competente, DNI y foto carnet. El
trámite, dice la reglamentación, debe ser realizado personalmente por el mismo
interesado y su representante legal o bien por las asistentes sociales de
distintos municipios: “Eso es la reglamentación de cómo se tiene que hacer.
Ahora mi pregunta es, un pueblo sin asistentes sociales pero con escribano para
certificar fotocopias y locales de las empresas para hacer el trámite…a mi me
suena raro…Afortunadamente por la intervención de distintas ONGs se ha logrado
que el texto original redactado por la autora fuera modificado y cambiara a “el
pase que a tal efecto otorgue el organismo correspondiente”.

No alcanza
Se explicaba que el proyecto se encuentra en la Cámara de Senadores donde
espera su sanción definitiva. Sin embargo, opina Berrondo, esto no alcanza ya
que son varias las modificaciones que se deben realizar: “Hacer que el texto no
diga, como dice en la actualidad, “facilitar el traslado de las personas
discapacitadas en forma gratuita”. Eso abre el panorama a interpretación,
ajustándose a la ley nacional debería decir “deberán transportar gratuitamente
a las personas con discapacidad” y nosotros queremos agregar “en todos sus
servicios”. Otra reforma, por ejemplo, sería respetar los fallos de la Suprema
Corte que el año pasado declaró inconstitucional los cupos que limitan a un
pasaje con un acompañante en los ómnibus de larga distancia, entonces eso hay
que incorporarlo a la ley, respetando el fallo porque si no tenés que andar con
el papelito dando vueltas por todos lados”.
A su vez, el proyecto incorpora disposiciones que prevén incluso la pérdida de
concesiones en caso de que no se otorguen pasajes “pero al ser disposiciones te
las discuten. Esto es por citar algunas cuestiones, pero hay muchas en el
tintero. Se hizo solo una modificación pero lo que planteamos es aprovechar la
reforma porque estas reformas son mínimas y terminamos cambiando algo y no
cambia nada”.
Por otra parte, EcoDias consultó a Berrondo acerca de su experiencia cada vez
que intenta realizar un viaje de larga distancia y visita cada empresa para
obtener su pasaje: “No te lo dan, te lo niegan, en mi caso tengo que ir con la copia
del fallo de la Corte Suprema y un montón de papeles para presionar para que te
lo den. No digo todas las empresas, hay algunas empresas que te lo dan pero
siempre sujetos al cupo y ahí empezamos la discusión de que la Suprema Corte
declaró eso inconstitucional, te dicen que ellos no están enterados, que son
revendedores del pasaje, pero hay una disposición provincial que dice que
pueden perder la concesión aquellas empresas que siendo revendedoras
autorizadas o tercerizadas o de la manera que fuera y se niegan a venderte el
pasaje, pueden perder la concesión”.
Un dato que muestra esa realidad tiene que ver con la pregunta acerca de cuáles
son las empresas que incumplen. Berrondo mencionó a El Rápido del Sud y
Andesmar pero “es más fácil decir cuáles son los que te los dan que las que no
te los dan. Sin problemas no te lo otorga ninguna”.

Plaza, Mayo y Fournier
En otras oportunidades, el reclamo por el cual se solía ver a Berrondo y a
varias personas con discapacidad en los medios de comunicación, tenía que ver
con el transporte público de pasajeros de Bahía Blanca. La queja refería a la
falta de accesibilidad de las unidades para los discapacitados. Si bien en
algún momento parecía asomarse un inicio de solución, hoy el panorama muestra
algo totalmente contrario: “Eso es lo que llamamos la legislación sin la
decisión política. Participamos de la redacción de la Ordenanza, se logró que
se incluyera dentro del pliego de licitación que todos los colectivos tenían
que estar adaptados y la realidad es que la Fournier no tiene ninguno, mientras
que Plaza y Mayo que habían venido con todos, ahora vemos día a día cómo se van
sacando. Son un desastre las frecuencias y a eso sumemos que día a día cada vez
hay menos colectivos adaptados. Hemos avisado que vamos a iniciar acciones
legales para con el funcionario que le correspondiera el control”.