Luego de conocido
el veredicto del TOF en el juicio hacia represores del V Cuerpo, el concejal
Manuel Mendoza propuso declarar “ciudadanos ilustres” de Bahía Blanca a sus
integrantes y también al fiscal Abel Córdoba, a quien había acusado por suponer
en sus dichos violencia de género. Otro proyecto de igual sesgo oportunista que
presentó esta semana propone declarar al 12 de septiembre de cada año como “Día
de la Reivindicación de la Memoria y la Justicia”.

El fallo con que el miércoles 12 de septiembre pasado
el Tribunal Oral Federal subrogante de nuestra ciudad condenó a prisión
perpetua a catorce represores que actuaron bajo la órbita del V Cuerpo de
Ejército da para todo. Incluso, por supuesto, para la presentación de
iniciativas y manifestaciones oportunistas, hijas del efecto de momento.
Es el caso de dos proyectos elaborados y presentados ante el Honorable Concejo
Deliberante (HCD) de nuestra ciudad por el edil del Frente Amplio Progresista
(FAP) Manuel Mendoza.
Por medio del primero el concejal propone declarar a cada 12 de septiembre como
“Día de la Reivindicación de la Memoria y la Justicia”. En sus considerandos,
la iniciativa pondera el trabajo de las partes y del Tribunal y la innegable
lucha de décadas de organismos y referentes del área de los Derechos Humanos en
la ciudad y la región, pero nada menciona acerca de dos nombres propios: los
del diario La Nueva Provincia y el cura Aldo Omar Vara, quienes por decisión
del Tribunal interviniente deberán ser investigados por su participación en el
Terrorismo de Estado implementado desde el V Cuerpo de Ejército. El texto sólo
menciona que “el fallo de los juicios contiene importantes resoluciones
respecto de la continuidad de la investigación y la posible comisión de
delitos”.
Tampoco se explaya sobre el tema el segundo de los proyectos de ordenanza
presentados por Mendoza, por medio del cual propone declarar ciudadanos
ilustres a los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava. A la propuesta
sumó también a Oscar Hergott, aunque el juez sustituto no tomó participación de
la redacción y suscripción del fallo y se ignora cuál hubiera sido su
determinación en caso de tener que reemplazar a alguno de los tres magistrados.

Pero dos puntos de este proyecto resultan aún más dignos de mención. El primero
de ellos, la inclusión del ex camarista federal Luis Alberto Cotter. El
magistrado tuvo durante las décadas del ’80 y ’90 una actuación en la Cámara
Federal local que acredita amplios méritos para acceder a dicha distinción,
como cuando participó de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de
impunidad sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y en los posteriores
indultos a los comandantes condenados en 1985, firmados durante el gobierno de Carlos
Menem.
Lo curioso del proyecto radica en que, al cierre de esta nota, Cotter se
encontraba ya a punto de recibir un “reconocimiento ciudadano” a partir de un
proyecto elaborado por la bancada de Integración Ciudadana, tal como adelantó
EcoDias en ediciones anteriores. La ceremonia, de acuerdo a lo previsto, iba a
tener lugar en la apertura de la sesión del jueves 20.
Pero realmente contradictorio resulta Mendoza respecto de la propuesta de
otorgar una distinción como “ciudadano ilustre” al fiscal Abel Córdoba: hace un
trimestre, cuando se encontraba en pleno desarrollo la campaña mediática contra
Córdoba, Mendoza fue uno de los concejales que se hizo eco, en el recinto, de
las acusaciones hacia el fiscal.
El 18 de mayo, el sitio web La Brújula se hizo eco de las afirmaciones de los
ediles. Entre ellas, las de Mendoza, quien evaluó que “Córdoba no tiene
impunidad para decir cualquier cosa. Nosotros no queremos que se caigan los
juicios. Por eso este fiscal tenía una responsabilidad enormísima y no puede
cometer estos errores; nunca nadie puede dejar de tener compromisos morales”.
Posteriormente, la campaña de prensa encabezada por La Nueva Provincia y el
citado portal web mereció el repudio de organismos de derechos humanos y de la
propia Universidad Nacional del Sur (UNS). Mendoza optó por olvidar sus
palabras y resta ver si en la sesión en que se traten sus proyectos brindará
explicaciones acerca del porqué de su cambio de perspectiva respecto de la
figura del fiscal Córdoba, central en el desarrollo del juicio que acaba de
concluir con una condena ejemplar.

Es la hora, es la hora
Mediante un comunicado de prensa emitido el martes 18 por la mañana, los
ediles de los bloques de Integración Ciudadana (IC) y la Unión Cívica Radical
(UCR) solicitaron públicamente precisiones en torno a los números arrojados al
cierre del Ejercicio municipal de 2011. El documento se encuentra suscripto por
los concejales radicales Roberto Ursino, Aloma Sartor y Patricia Piersigilli,
mientras que por IC lo firmaron Raúl Woscoff, Raúl Ayude, Miriam Iantosca,
Norberto Martínez, Carlos Paoletti y Elisa Quartucci.
De acuerdo a lo relatado por los concejales en el texto, el miércoles 12 de
septiembre pasado, durante un encuentro con representantes de las bancadas
opositoras, el intendente Gustavo Bevilacqua “sostuvo que existiría la
posibilidad de que el Municipio de Bahía Blanca habría cerrado su ejercicio
2011 con un déficit superior al publicado”.
En el marco de dicha reunión, Bevilacqua indicó que la presunta diferencia entre
los números reales y los publicados se debería “al trámite presuntamente
irregular de algunos expedientes que habrían salido sin registro del Municipio
hacia el Concejo y que sumas importantes durante el 2011 no habrían sido
contabilizadas, habiendo problemas de caja y registración durante el 2012”.
 Por ello, los ediles firmantes
formularon dos preguntas: “¿Se trataría de montos muy elevados que afectan la
ejecución presupuestaria 2012?”, y “¿se estarían sustanciando sumarios sobre
estos temas?”.
 “Urge aclarar y definir una cuestión tan
grave. De confirmarse, nuevas irregularidades se sumarían a la gestión del
oficialismo en Bahía Blanca. Es la hora de la verdad”, finaliza el comunicado.
Un día más tarde, el presidente de la bancada de IC Raúl Woscoff presentó un
proyecto de resolución por medio del cual propone solicitar al Ejecutivo el
envío urgente de un sumario administrativo por irregularidades vinculadas al
ejercicio 2011 de la comuna, cuya existencia el intendente Bevilacqua reconoció
en el mencionado encuentro los ediles opositores de IC y la UCR y en
declaraciones periodísticas posteriores al mismo.