En el Concejo Deliberante se elaboró un proyecto de ordenanza para la creación
de una mesa permanente de coordinación y articulación de políticas públicas de
acompañamiento de las personas que se encuentran presas en la cárcel de Villa
Floresta.

Si una cárcel funciona solo como depósito de personas que han violado la ley y
no se trabaja con esas personas, justamente lo más probable es que cuando
recuperen su libertad vuelvan a delinquir. Por esa razón, las condenas, el paso
por una unidad penitenciaria, la sanción misma debe tener un objetivo, que
seguramente en su raíz lo tiene, de reinserción social, sobre todo si tenemos
en cuenta que muchos presos son jóvenes y recibieron penas que hacen que en un
tiempo determinado vuelvan a afrontar la cotidianeidad social con todos los
elementos que la componen.
En el Concejo Deliberante de Bahía Blanca se elaboró un proyecto de ordenanza
que tiene como objetivo la creación de una mesa permanente de coordinación y
articulación de políticas públicas de acompañamiento de personas en conflicto
con la ley penal.
El concejal Raúl Ayude (Bloque Integración Ciudadana) es el autor del proyecto
que establece que la mesa esté integrada por representantes del área de desarrollo
Social de la Municipalidad,
de la provincia de Buenos Aires y de la Nación; de la comisión de Educación, Cultura y
Acción Social del Concejo Deliberante; Patronato de Liberados, Servicio
Penitenciario, Universidad Nacional del Sur, Juzgado de Ejecución Penal,
Dirección de Derechos Humanos, organizaciones que realicen actividades de
promoción dentro de la
Unidad Penal N º 4, Asociación de Magistrados y el Colegio de
Abogados.
La mesa es de acompañamiento a la persona presa y a su familia y refiere
también a garantizar la formación educativa y laboral dentro del penal así como
contribuir en la reinserción laboral y social de la persona.
Según datos proporcionados por Ayude, de los 523 internos de unidad 4 de Villa
Floresta, 293 están penados y 224 procesados. De aquellos, 501 son varones y
más de la mitad cumplen condena o están procesado por robos y hurtos. El 77% de
la población carcelaria (407 de 523) son menores de 40 años; 48% menores de 30
años. El 71% tiene condenas menores a 10 años y un 38%, condenas menores a 5 años.
El proyecto señala que los objetivos de reeducación, reinserción y
resocialización requieren que los procesos de reclusión y formación sean en
búsqueda de dichos objetivos con el compromiso e involucramiento de toda la
comunidad.
EcoDias dialogó con el concejal Ayude quien destacó que el primer criterio que
se debe poner sobre la mesa es que la persona que está cumpliendo una condena
es un ciudadano bahiense y que una vez que salga en libertad deberían
perseguirse esos objetivos de reinserción: “Fuera de que sea una persona la que
está siendo sancionada, lo que se afecta también es un grupo familiar. Cuando
vemos las estadísticas, la mayoría de las personas que están detenidas son
personas humildes, de bajos recursos, jóvenes y con bajo nivel de formación.
Entonces la intención es que los distintos dispositivos de desarrollo social
que tiene Nación, Provincia y el municipio, los que tienen aquellas personas
que están siendo penadas por la ley, tanto de la justicia, como el Patronato de
Liberados, sistema penitenciario, tengan una articulación o una mesa en la cual
nosotros empecemos a ver a esa persona como una persona que está pasando un
proceso y que una vez que lo termine de pasar, los objetivos son los de que se
pueda reinsertar”.
La iniciativa surgió por reuniones y charlas con personas presas, con sus
familiares y también con trabajadores y voluntarios de la unidad carcelaria
local. A través de ejemplos, Ayude explicó: “Un chico de 22, 23 años que es
detenido deja una pareja con dos hijos o tres afuera, entonces esa persona va a
ver a una trabajadora social y en el fondo lo que dice es que no puede mantener
a su familia o que necesita una mano como para hacerlo.
Que esto esté articulado con programas específicos y que permitan que esta
persona reciba las ayudas necesarias como para poder ir a visitar a la persona
que está detenida.
Un ejemplo, una crisis de situación económica puede hacer que la familia se
desintegre o que la mujer con los chicos tenga que irse a algún pueblo de la
zona o a algún otro lugar y nosotros creemos que la mejor manera de producir
los efectos que se buscan a través de la sanción, es precisamente que tenga
contacto con su familia, con sus hijos y que vea que la posibilidad de la
reinserción va a dar otra oportunidad dentro de la vida de esta persona”.

El cómo
En cuanto a los procesos a desarrollar para lograr la reinserción de la
persona, Ayude mencionó que existen elementos previstos en el sistema penal que
tienen que ver con la formación dentro de la cárcel pero también con pasantías
o apoyaturas para el momento en que salen: “Ellos más o menos en la mitad de la
condena ya tienen la posibilidad de tener salidas transitorias que tiene una
orientación hacia lo familiar o hacia lo laboral. Todo esto está como muy
precario, a veces cuando trabajan, trabajan con materiales que son materiales
reciclados, les faltan cosas básicas como para hacer las tareas adentro del
penal. Existen muchas personas que están trabajando, hay una primaria, hay una
secundaria, la universidad está dando carreras, está un centro de formación
profesional, hay una estructura del sistema penitenciario que busca la
reinserción laboral, entonces la idea es que todo esto tenga articulación para
que los recursos sean recursos puestos en común y que haya mayor planificación
a mediano y largo plazo para evitar los elementos de reincidencia y por otro
lado para mejorar los objetivos del proceso de pena”.
Se precisa, agregó, que el proceso esté centrado no en lo represivo sino en lo
reeducativo: “A veces cuando cambian los directores, cambian las políticas y
nosotros lo que queremos es que haya políticas públicas que sean sostenidas en
el tiempo más allá de los directores que maneje el sistema penitenciario.
Nosotros creemos que esto tiene que ver con un proceso social por decirlo de
alguna manera más allá del elemento sancionatorio que pretende tener el sistema
penal.
Si esta persona va a aprender algo que tiene que ver con tornería o algún
oficio como albañilería, carpintería, con lo que aprenda dentro del penal,
tiene que tener los elementos como para trabajar. Después lo que nosotros
tenemos que hacer es demostrarle a la comunidad que esta persona ese trabajo lo
hace bien y esa persona tendrá que demostrarle a la comunidad que por este
proceso de sanción que vivió, está dispuesto a tener un trabajo regular y a
mostrar su voluntad de reinserción”.
Para la reinserción también se necesita revitalizar convenios con sectores
específicos de la cuestión laboral. Los ministerios de Justicia de la provincia
y de la Nación,
estimulan este tipo de convenios
El proyecto ya entró en el Concejo Deliberante y va a ser enviado al área de
Informes del Departamento Ejecutivo: “Sí se discutió con el juez en lo penal
Claudio Brun, se discutió con alguna de la gente del Patronato de Liberados, se
discutió con la gente del sistema penitenciario que están en el tema de
reinserción laboral y se fue charlando con alguno de los grupos cuando se
hacían las visitas. La idea es independientemente de que venga el informe o no
del Departamento Ejecutivo, antes de fin de año poder hacer una reunión como
para empezar ya el año que viene con un a agenda común de trabajo”.

Estigmatización
Consultado sobre si es difícil instalar este tipo de temas, Ayude comentó
que hay una estigmatización que no es lo que se busca con la sanción pero que
es lo que funciona a nivel social: “Cuando vos ves las estadísticas, más de la
mitad de las personas que están detenidas, está por robo o hurto, entonces son
condenas que son menores a los diez años, están entre los cinco y los siete
años. Y son gente joven, entonces si empezás a penar que esa persona a los 3 o
cuatro años va a salir, vas a tener una persona menor de treinta años que esté
tratando de producir y cambiar su vida.
Yo creo que la sociedad lo que debe hacer es asegurar que estas condiciones
estén dadas. Después estará la decisión de esa persona o no. Cuando uno empieza
a ver el delito como algo que tiene que ver con el nivel de marginalidad en el
cual esa persona también desarrolló su vida y el concepto de ley y las
posibilidades laborales y las opciones personales, lo que ve es que en cierta
manera el objetivo que tendría este proceso es revertir eso que la sociedad
misma también en algún aspecto generó, sin quitarle responsabilidad a la
persona que delinque”.
En cuanto a la conformación de la mesa de acompañamiento, resaltó el carácter
multidisciplinario: “La idea es que estén todos los actores, que esté la
justicia, que estén las personas del sistema penitenciario, que esté el colegio
de trabajadores sociales, que estén todas las personas que están interviniendo
en el proceso. Porque lo que nos encontramos metiéndonos en el trabajo es que a
veces hay mucha desconexión. No hay articulación entre los miembros de la
comunidad y del propio Estado entre si para conocer los recursos.
Hablamos con la trabajadora social del sistema penitenciario y muchas veces no
conoce los proyectos que tiene de apoyo en materiales el Ministerio de
Desarrollo Social de la
Nación. Entonces, es importante que todo eso se articule. Con
tres o cuatro reuniones anuales y con los vínculos establecidos por una agenda
en común, todo eso tiene que ser facilitador”.