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Profes en apuros
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca hizo lugar a casi todos los planteos formulados por el fiscal Abel Córdoba en torno a Gloria Girotti y Hugo Mario Sierra. Ambos serán indagados en carácter de imputados, por la casi totalidad de los delitos que se les atribuyen.
Categoría: Locales

La Cámara Federal de Apelaciones
de Bahía Blanca hizo lugar a casi todos los planteos formulados por el fiscal
Abel Córdoba en torno a Gloria Girotti  y
Hugo Mario Sierra. Ambos serán indagados en carácter de imputados, por la casi
totalidad de los delitos que se les atribuyen. Sólo quedarán afuera los
vinculados a las demoras sistemáticas en torno a los hábeas corpus presentados
por familiares de las víctimas y el hostigamiento a ellos por el cobro de
costas.

Con
fecha del 29 de noviembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra
ciudad emitió finalmente su fallo en torno al carácter y los delitos por los
que debían prestar declaración los abogados Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti.
Con los votos de los jueces Ricardo Emilio Planes, Ángel Alberto Argañaraz y
Augusto Enrique Fernández se decidió otorgar la razón a la mayoría de los
puntos que el fiscal federal subrogante Abel Córdoba expuso en el recurso
elevado a principios de octubre pasado.
Tal como viene informando EcoDías, desde diciembre de 2010 pesan sobre los
letrados imputaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última
dictadura cívico militar, cuando ambos se desempeñaban como secretarios del
magistrado Guillermo Federico Madueño. Entre otras acciones, se les atribuye
haber participado en interrogatorios bajo tortura realizados a personas
ilegalmente detenidas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como
“La Escuelita”.
Cinco pedidos de detención e indagatoria a los acusados se amontonaron en el
despacho del juez vitalicio Alcindo Álvarez Canale. En agosto pasado, el
Tribunal Oral Federal que enjuicia a diecisiete represores escuchó el relato de
un testigo que involucraba a Sierra en gravísimos delitos de lesa humanidad y ordenó
su detención. El abogado pasó menos de 24 horas privado de su libertad, pero la
medida aceleró su despedida del plantel docente de la UNS y empujó a Álvarez
Canale a tomar una determinación.
Un bimestre atrás, el juez de primera instancia citó a declarar a Sierra y a
Girotti. Pero la audiencia no llegó a realizarse: el primero debía responder
por sólo cinco de los treinta y nueve delitos que se le imputaban, mientras que
Girotti fue convocada como testigo. Por ello, el fiscal Abel Córdoba apeló ante
el Juzgado y más tarde a la Cámara Federal, a fin de detener un acto que
implicaba dos cosas: que Álvarez Canale estaba adelantando su opinión sobre los
delitos imputados y que eran vulnerados los mismos derechos procesales de
Girotti, ya que al prestar declaración como testigo estaba obligada a decir
verdad sobre hechos que, en realidad, se le imputaban como delitos.
Sobre este punto, dijo el juez Planes que “lo que está en juego es la garantía
constitucional contra la autoincriminación, que alcanza con su amparo incluso
al testigo si la información que podría verse obligado a ingresar al proceso
pudiera ponerlo en riesgo de ser sometido a proceso penal”. “Por ello, se hace
lugar al recurso, y se deja sin efecto la citación de Gloria Girotti a prestar
declaración testimonial”, agrega. La opinión fue compartida por sus colegas
Fernández y Argañaraz. Este último subrayó que “respecto a si se puede llamar
como testigo a un imputado, creo que hay decirlo más claramente: no”.
En cuanto al número de delitos por los que debería indagarse a los imputados,
la Cámara dio la razón al fiscal cuando “afirma que el señor juez se adelanta
con razonamiento a otras etapas del proceso”. A causa de esto, Sierra deberá
responder por un mayor número de delitos que los cinco por los que pretendía
que declarase Álvarez Canale.
Sin embargo, los jueces advirtieron que “algunas de las conductas descriptas no
resultan típicas y fueron bien rechazadas por el juez de la causa”. Se trata de
las imputaciones referidas a las sistemáticas demoras en trámites de hábeas
corpus por las víctimas y el posterior hostigamiento sobre sus familiares y
allegados a través de intimaciones para el pago de costas judiciales.
“Más allá de la connotación que le otorga el apelante con base a un contexto
que también explica, lo cierto es que, en definitiva, lo detallado sólo da
cuenta del ejercicio de funciones inherentes al cargo que ocupaban (más allá de
la eficacia o eficiencia del trámite), que analizadas de modo objetivo pueden
trasladarse a cualquier procedimiento judicial similar en cualquier otro
juzgado e incluso en cualquier otra época, sin relevancia penal”, entienden los
jueces.
Por todo lo narrado, finalmente la Cámara resolvió que Gloria Girotti no deberá
prestar declaración como testigo y, parcialmente, hizo lugar al recurso de
apelación interpuesto por la Fiscalía en torno a los delitos por los que
deberán responder los imputados.

Docentes
Mientras tanto, en la Universidad Nacional del Sur (UNS) aún se aguarda una
respuesta del Departamento de Derecho -unidad académica de incumbencia- en
torno al pedido de enjuiciamiento académico contra Gloria Girotti, que fue
presentado un mes atrás con el respaldo de casi sesenta firmas de docentes,
graduados y estudiantes.
De prosperar el proceso, Girotti podría ser expulsada de la plantilla docente
de la UNS. Hasta una definición, mantiene su estrategia de solicitar sucesivas
licencias médicas.
Su colega Hugo Sierra no tuvo una salida más elegante: en agosto dejó expirar
el plazo para concursar por un nuevo periodo como titular de Derecho Penal I,
una de las dos materias que dictaba. A su cargo quedaría la asignatura
correlativa, Derecho Penal II. Pero tras la orden de detención librada en su
contra, el rectorado de la UNS decidió -ad referéndum del Consejo Superior
Universitario (CSU)- suspenderlo y comenzó a vislumbrarse en el horizonte la
posibilidad de un inminente juicio académico. Pocos días más tarde, ya en
libertad, renunció.
A pesar de lo poco decoroso de su salida del plantel docente, algunos de sus ex
compañeros se encuentran trabajando en 
la organización de una cena de despedida para el recientemente retirado.
Aunque poco tiempo antes había optado por continuar ejerciendo hasta el tope de
los 70 años de edad, en su nota de dimisión Sierra declaró que  “si bien ya venía contemplando la posibilidad
de anticipar mi retiro, el dolor provocado por la suspensión de mis actividades
académicas el mismo día en que fuera privado de mi libertad mediante una orden
de detención ilegítima, terminó de decidirme”.



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2011-12-12 10:26:00
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