Bloques opositores del
Concejo Deliberante anunciaron la presentación ante la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de Buenos Aires con motivo de los decretos del
intendente relacionados al aumento del boleto de colectivo.

El martes 11 de febrero por la mañana en el recinto del Concejo Deliberante se
realizó una conferencia de prensa con un anuncio respecto al transporte público
de pasajeros.
La misma fue convocada por la mayoría de los bloques opositores pertenecientes
al cuerpo deliberativo para dar a conocer que se llevará a cabo una
presentación en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
por los decretos del intendente que aumentaron el boleto de colectivo.
La acción judicial está representada por concejales de los bloques Frente para
la Victoria 27 de octubre, Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, Gen-FAP,
Integración Ciudadana y Unión Cívica Radical.
Quien tomó la palabra fue el edil Raúl Woscoff de Integración Ciudadana quien
señaló que en la presentación judicial se plantea un conflicto interno de
poderes con el Departamento Ejecutivo municipal “con motivo de los dos decretos
que se dictaron relacionados con el aumento del boleto del transporte público.
Las razones que justifican a nuestro entender esta presentación, tienen que ver
con el avasallamiento de la competencia que este Concejo Deliberante tiene
asignada por la Ley Orgánica de las municipalidades para fijar la tarifa del
servicio público de transporte.
En razón de la falta de justificación suficiente del primer decreto que aludió
a circunstancias extraordinarias que no se daban en la ciudad cuando este
Concejo ya estaba abocado al tratamiento del estudio de costos, con
observaciones que habían formulado en la sesión extraordinaria del 14 de enero,
fuimos sorprendidos por el primer decreto donde al menos intentaba sanear esos
vicios con la ratificación posterior del Concejo”.
El segundo decreto, continuó el concejal, se arroga la facultad para fijar el
aumento fundado erróneamente, dijo, en el artículo 5 del decreto de la Ley de
Transporte Provincial: “Por estos motivos y por considerar que es una situación
grave institucionalmente, lo que nosotros estamos planteando es que la Suprema
Corte que tiene competencia originaria en los conflictos de poderes, nos diga
si efectivamente el intendente municipal tiene esas facultades, si nos las
puede arrebatar al Concejo Deliberante que las tiene asignadas por la Ley
Orgánica que debe hacer el análisis y la evaluación pertinente para determinar
si el aumento en el servicio público va a corresponderse con el estudio de
costos presentados o no”.
Woscoff reconoció la dificultad de entrar a la Suprema Corte con este tema
aunque reafirmó la necesidad de hacerlo, mencionó que no hubo charlas formales
con el oficialismo respecto a esta decisión de llegar a la justicia: “Sí hemos
anticipado incluso que la responsabilidad de los funcionarios sea evaluada por
el Tribunal de Cuentas que de alguna manera analiza otros aspectos de la
legalidad y la responsabilidad de los funcionarios”.