Esta
semana se producía la segunda reunión de análisis del proyecto de estructurar
un servicio de sepelios municipal para grupos familiares de escasos recursos
económicos. EcoDias repasa aquí el texto del mismo. Opinión del oficialismo y
la oposición. Además, el desarrollo de la sesión del cuerpo del último jueves.

Cuestiones organizativas vinculadas a la visita del intendente Cristian
Breitenstein al Honorable Concejo Deliberante (HCD) motivaron la suspensión de
la reunión que se iba a desarrollar el martes pasado en instalaciones del
cuerpo legislativo para avanzar en el análisis del proyecto de implementar un
servicio de sepelios municipal destinado a personas que no pueden acceder a
velar a sus familiares en forma particular.
El encuentro, convocado por la Comisión de Educación, Cultura y Acción Social,
finalmente se desarrollará esta semana y contará con la participación de
representantes del HCD y de empresas de servicios fúnebres, compañías de seguro
y agrupaciones de jubilados, tal como ocurrió con la primera cita en torno al
tema, que tuvo lugar a comienzos de este mes. Para esta segunda reunión se
esperaba, además, la asistencia de un representante de la Cooperativa Eléctrica
de Punta Alta, que presta el servicio en la vecina localidad a valores
notoriamente inferiores a los vigentes en Bahía Blanca, con prácticas
monopólicas .

Historia del proyecto
La idea de implementar un servicio de sepelios municipal surgió en el marco
del concurso “Legislando por la ciudad”, que este año impulsaron en conjunto el
Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y el HCD.
En esa oportunidad, un grupo de estudiantes de abogacía presentó un proyecto en
tal sentido bajo el título “Honrar la Vida”. 
El mismo surge de la observación de “la situación actual de las familias
que no poseen los recursos suficientes para afrontar los gastos de un servicio
de sepelio privado, siendo ésta la única alternativa posible”.
En su elaboración, los autores tomaron en cuenta “el silencioso drama de las
familias que deben comprometer recursos que no poseen para la contratación de
un servicio de sepelio” y el gasto de 315 mil pesos realizado por el gobierno
municipal en 2010 para el pago de dicho servicio a compañías funerarias
privadas, destinado a aquellos grupos familiares que previamente acrediten su
condición de indigentes.
Esta realidad determina “que una porción importante de las familias locales
quedan excluidas” de toda cobertura municipal o particular “al no revestir la
calidad de indigentes y no contar con los recursos para afrontar el oneroso
servicio privado”.
Por otra parte, el dar “una respuesta integral de servicios de sepelio con una
capacidad instalada propia representaría un costo mucho menor para el
municipio”, se plantea en el proyecto que insta a considerar la prestación con
el rango de “política pública”.

Todo calculado
El texto bajo el estudio del HCD prevé una tasa por sepelio de cuatro pesos
mensuales a cobrarse como adicional obligatorio del tributo municipal por
Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). El monto recaudado, subraya el proyecto,
se “afectará en su totalidad al Fondo Solidario de Honrar la Vida” que él mismo
crea en su tercer artículo.
El contribuyente y las personas que moran en la vivienda por la que se tribute
la tasa de ABL tendrán, siempre que el inmueble no registre deuda, la opción de
contar con todos los gastos pagos del servicio de sepelio por vía municipal, o
bien contratarlo en forma privada y percibir un seguro de parte del municipio.
Para aquellos casos en que deba prestarse el servicio a una persona que se
domicilie en un inmueble que registre cuotas impagas en concepto de ABL, la
iniciativa estipula que la prestación del servicio se hará de todas formas,
asumiendo el solicitante del mismo una deuda con la Municipalidad al respecto,
que podrá ser cancelada mediante el acuerdo de una moratoria impositiva. En
caso de que quien solicite la prestación alegue la condición de indigente del
fallecido, la Municipalidad corroborará tal afirmación y accederá al pedido sin
generarse deuda en este concepto.
Similares son las condiciones para acceder al cobro del monto previsto para el
seguro, para lo que se requerirá además un certificado en que la empresa
funeraria prestataria indique su efectiva contratación. El monto a percibir
estará determinado por una fórmula a reglamentar, que deberá tener en cuenta “la
proyección de fallecidos en condiciones de cobrar el seguro durante todo un año
y la recaudación anual del mismo año del área de seguro”.

Dos etapas, tres áreas
A partir de dichas premisas, la ejecución se desdoblaría en dos etapas. La
primera prevé autorizar “al Departamento Ejecutivo a realizar convenios con
parroquias, templos religiosos, centros culturales y deportivos e instituciones
intermedias, a los efectos de ser eventuales espacios físicos de los sepelios”.

En cuanto a la segunda, se dispone la utilización de un cinco por ciento de lo
recaudado mensualmente por la tasa de sepelios para la apertura de una
subcuenta, afectada a la construcción de un edificio especialmente pensado para
la prestación del servicio.
Atendiendo a estas disposiciones, el proyecto propone la creación de tres
áreas. Una, destinada al servicio de sepelios, a la que se afectará un 47,5 por
ciento de lo recaudado mensualmente. Otro tanto se destinará al segundo área,
el de seguros. Finalmente, un cinco por ciento tendrá como destino la
mencionada subcuenta que financiará la construcción de un inmueble propio para
la prestación del servicio, priorizándose las áreas lindantes al cementerio
municipal para su emplazamiento. En tal sentido, el artículo 27 del proyecto de
ordenanza propone reglamentar que “no podrán desviarse recursos de esta
subcuenta a fines distintos que los referidos en el párrafo anterior”. Su
administración y control estarán a cargo de una autoridad que será designada
por el Ejecutivo.
El último apartado, finalmente, fija las condiciones de administración del
Fondo Solidario por él creado. Una de las normativas más importantes es la que
estipula que los recursos que no sean empleados por las áreas de sepelio o
seguros, retornarán él como “respaldo de futuras contingencias”, entre las
cuales menciona como ejemplos “una mayor cantidad de pagos de seguro que la
proyectada o el arreglo de un automotor destinado al transporte de cadáveres”.
De acuerdo a la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá elevar con frecuencia
semestral un informe, donde comunique al HCD la recaudación y utilización de
los fondos.

Punteo de opiniones
Al salir de la reunión que para analizar el proyecto reseñado se llevó a
cabo en el HCD a comienzos de este mes, la titular del cuerpo legislativo Marta
Castaño opinó que “debemos reconocer que existe un segmento de la sociedad que
pese a que el municipio trata de cubrirlos en esa instancia, no es justamente
el servicio que uno desearía tener para un familiar, cuando no hay una
capacidad económica”.
En tal sentido, reflexionó que “creo que hay un nivel de dolor que se debe
considerar para todos”.
Por su parte, consultado por EcoDias, el edil de la opositora Integración
Ciudadana Raúl Ayude consideró que se trata de “un proyecto interesante, que disparó
muchas consecuencias y ha generado mucho debate”.
En esa línea, Ayude coincidió con Castaño al expresar que “el derecho a una
digna sepultura a un familiar que ha fallecido lo tienen todos los ciudadanos
bahienses, y el Estado lo que tiene que hacer es intervenir de alguna manera
para que esto sea garantizado”.
Por otra parte, el concejal adelantó que “han surgido dentro de estos debates,
con algunos de los empresarios y cooperativas de la zona que brindan este
servicio a un costo menor, distintas alternativas que se van a seguir
discutiendo el martes (23)”.