Como no podía ser de otro modo, el cuerpo
deliberativo no permaneció ajeno a los capítulos que se desataron en la ciudad
en torno a la problemática vinculada al déficit habitacional y los reclamos de
los vecinos por la pronta entrega de viviendas del Plan Federal. Cruces entre
oficialismo y oposición. Proyectos de uno y otro bando, presentados a metros
del acampe de Plaza Rivadavia.

Enero
vuelve a estar surcado por la irrupción al primer plano de una problemática de
larga data pero que recién ahora parece convertirse en prioritaria para algunos
medios de prensa y sectores políticos, al tiempo que todo parece indicar que
será uno de los ejes temáticos de discusión durante el año que se inicia, tal
como en 2012 lo fue el tema con que se abrió: el referido al transporte público
urbano de pasajeros.
En este caso, las posiciones en torno a los reclamos de los vecinos
preadjudicatarios del Plan Federal no sólo cruzaron la Plaza Rivadavia entre el
Palacio Municipal y el edificio del Concejo Deliberante (HCD) de Sarmiento y
Estomba: también acamparon en ella, a partir de la decisión de los vecinos de
trasladar su reclamo desde las viviendas ocupadas en las primeras horas del año
al sector de la Plaza que da justo en frente a la puerta que todos los días
atraviesa el intendente Gustavo Bevilacqua antes de acceder a su despacho.
Todavía al cierre de esta edición, persistía el acampe de los vecinos en el
principal espacio verde del centro de la ciudad.
Repasar cómo atravesó el tema la actividad legislativa de enero servirá también
para recordar algunos de los capítulos de esta historia.

Violencia de género
Todavía se mantenía la ocupación de algunas de las viviendas en Villa
Delfina, cuando se produjo un hecho que motivó el repudio de buena parte de la
sociedad bahiense. En las horas finales de la ocupación, y cuando se esperaba
por una definición judicial en torno a su desalojo, el militante del Partido
Comunista José Lualdi, que a su vez integra el Frente Integración Ciudadana,
atacó a la trabajadora de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio
Mariana Antinori.
Lualdi se encontraba en ese momento dentro del predio usurpado por los vecinos
que reclamaban la pronta entrega de unidades habitacionales, junto a militantes
de otras fuerzas políticas, como el Partido Obrero (PO) y el Partido Comunista
Revolucionario (PCR). “Rajá de acá. Sos una pendeja conchuda y provocadora.
¡Andá a la reputa que te parió!” (sic), gritó el militante comunista a
Antinori.
En la filmación, ampliamente difundida a través de redes sociales, también se
observa la presencia del concejal de Integración Ciudadana (IC) Raúl Ayude, a
quien el intendente Gustavo Bevilacqua señaló públicamente el miércoles 16 como
uno de los instigadores para la continuidad de las ocupaciones. Un día más
tarde, el titular de la bancada Raúl Woscoff defendió en conferencia de prensa
la figura de Ayude y la de su compañera de bloque Miriam Iantosca, también
cuestionada por Bevilacqua.
Durante la mañana del viernes 18, el bloque oficialista presentó ante el HCD un
proyecto de resolución por medio del cual repudia “enérgicamente la agresión
verbal y la violencia ejercida por Lualdi” hacia Antinori, al tiempo que hace
lo propio con la “pasividad del concejal de Integración Ciudadana Raúl Ayude
ante la lamentable conducta de Lualdi”.
La iniciativa presentada por el bloque del Frente para la Victoria- Partido
Justicialista (FpV- PJ), indica que “tal situación se ha hecho de público
conocimiento a través de un video en el cual se ve claramente a José Lualdi
insultando, agraviando y amenazando a la joven trabajadora”.
En el video, “el citado dirigente actúa en forma violenta hacia la trabajadora,
en un hecho cobarde, instaurando el maltrato y la violencia de género,
provocando malestar en los vecinos que se encontraban en el lugar”, interpretan
los ediles del FpV.
“Ante lo sucedido, se observa la presencia del concejal de IC Raúl Ayude con
total pasividad frente a un hecho de tal magnitud llevado a cabo por un
integrante de su propia agrupación política. Esta pasividad es tan repudiable
como el hecho vergonzoso llevado adelante por el dirigente político Lualdi, ya
que el citado edil tiene una responsabilidad más importante por tratarse de un
funcionario elegido por los vecinos”, subraya el proyecto de resolución
presentado.

La verdad de la verdad
El lunes 21, ya con el foco de la protesta trasladado al acampe de Plaza
Rivadavia, el bloque de concejales de IC elevó un proyecto de resolución por
medio del cual proponen invitar al secretario de Obras y Servicios Públicos
Rubén Valerio, al director de Vivienda David Revale y a representantes de la
Unión Transitoria de Empresas (UTE) Proa-Karpa, a un plenario de las comisiones
de Interpretación, Asuntos legales, Derechos Humanos y Garantías y de Obras y
Servicios Públicos del cuerpo deliberativo.
Según dejaron plasmado en el texto, el objetivo final de los ediles es
determinar el origen de las ocupaciones en las viviendas del Plan Federal,
aunque en ese camino aspiran a poder responder inquietudes intermedias, como el
modo en que se rescindió el contrato con la mencionada UTE, encargada de
construir las viviendas posteriormente ocupadas por los vecinos que reclamaban
una pronta entrega. Los miembros del bloque opositor de mayor peso en el
recinto también indicaron que pretenden establecer si alguien tenía
conocimiento de que podía producirse la medida de protesta, tal como surge de
declaraciones públicas de algunos de los actores involucrados en la trama.
A mediodía del mismo lunes y mediante un comunicado los ediles de IC
difundieron el texto del proyecto y expusieron que “la comunidad y la Justicia
deben saber quiénes organizaron la ocupación, quiénes supieron antes que ello
iba a ocurrir, quiénes colaboraron con su silencio cómplice para que ocurriera,
quiénes avisaron que ello iba a suceder y quiénes se beneficiaron con este
hecho”.
“Si la verdad no se conociera, quedará en evidencia con el tiempo, quiénes y de
qué forma se han beneficiado con estos hechos”, marcaron.
El segundo artículo del proyecto de resolución presentado solicita a su vez que
los concejales que reciban información vinculada con los preparativos de la
ocupación la faciliten al plenario para invitar a las personas propuestas a
concurrir al mismo y, en el caso que corresponda, puedan elevarse las actas
correspondientes al fiscal actuante Oscar Duizeide y al juez de Garantías
Guillermo Mércuri, quienes intervienen en la causa.

Pasa las fronteras
Apenas cuarenta y ocho horas después, los ediles de IC ingresaron al cuerpo
otro proyecto de resolución. En este caso, exponiendo su propuesta de que el
Ejecutivo local remita el texto del decreto 40/ 2013 firmado por el intendente
Bevilacqua en torno a la ocupación de viviendas del Plan Federal a la
Organización de Naciones Unidas (ONU), a los efectos de que sea evaluada su
compatibilidad respecto de los preceptos que incluye en su normativa el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de dicho organismo internacional.
El proyecto indica que lo dispuesto por el mencionado decreto “violaría la
Observación General 7 del organismo, que fue citada por el juez Guillermo
Mércuri en el escrito en que plasmó su resolución de desalojar el predio
ocupado en Villa Delfina, dando directivas al personal policial para que haga
uso mínimo de la fuerza pública, “y siempre que ello fuere indispensable para
la efectivización de la medida ordenada. Ello teniendo en cuenta la presencia
de mujeres y niños en el lugar (deberá observarse a tal efecto el Código de
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Organización
de Naciones Unidas)”.
Concretamente, el texto de la Observación 7 indica que “antes de que se lleve a
cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos
de personas, los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta
con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando
menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza”. Por otra parte, el
punto 16 de la normativa establece que “los desalojos no deberían dar lugar a
que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros
derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de
recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la
mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda,
reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”.
En sus considerandos, los ediles argumentan que el decreto 40/2013 firmado por
Bevilacqua “no definió la ‘ocupación indebida’, no acreditó por ningún medio
las personas alcanzadas ni las circunstancias personales ni de tiempo y lugar
atribuidas a los ocupantes y además no otorgó el derecho de defensa a cada uno
de ellos, no agregó anexo individualizando esos aspectos, y no tramitó en forma
individual actuaciones en las que pudiesen ejercer su derecho de defensa”.
El citado decreto del Ejecutivo local disponía que cualquier persona que
participase en ocupaciones indebidas como la que se llevaba a cabo en Villa
Delfina quedaría excluida “como beneficiario para percibir o acceder a
beneficios de características sociales, aún cuando se trate de un beneficio
existente o que pudiera existir a futuro, medida que también incluirá toda
prestación o vinculación que se brinde en el ámbito Municipal, Provincial y
Nacional”.
El proyecto presentado por los ediles de IC el lunes 21 no fue el único
referido al decreto aludido. En conjunto, los bloques de IC y la Unión Cívica
Radical (UCR) suscribieron también un proyecto de resolución, que en su único
artículo dispone solicitar al Ejecutivo que informe “si se ha formado
expediente por cada uno de los destinatarios a los que se le atribuye la
ocupación indebida y se le ha suspendido la Tarjeta Social, y fecha a partir de
la cual se ha dispuesto dicha suspensión”. En los considerandos de este
proyecto, los ediles opositores recuerdan que “el objetivo de la Tarjeta Social
es ‘desarrollar capacidades en los destinatarios, para mejorar el estado
nutricional de las familias, estimulando la responsabilidad y la autonomía’”,
según la definición que citan del propio oficialismo.

Ya que estamos…
La problemática en torno a la vivienda en nuestra ciudad se dejó ver a
partir de la ocupación de las unidades del Plan Federal en Villa Delfina, y la
exposición mediática del hecho despertó súbitamente la conciencia de muchos
sectores políticos.
A comienzos de esta semana, el edil del Frente Amplio Progresista (FAP) Manuel
Mendoza elaboró y presentó ante el HCD de nuestra ciudad un proyecto de
resolución por medio del cual manifiesta su intención de solicitar al Organismo
Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) y a la Comisión
Nacional de Tierras “toda información relevante” referida a la superficie de
“terrenos y tierras disponibles que podrían ser destinados a la construcción de
viviendas sociales o planes y/o programas de viviendas”.
Asimismo, Mendoza requiere las direcciones de Vivienda, Planeamiento Urbano, y
Programas Federales y a la Subdirección de Tierras municipales, que remitan
toda información en tal sentido, referida a la disponibilidad de terrenos en la
ciudad.