Mientras
se aguarda por nuevos pasos en el proceso de Juicio Académico iniciado a Gloria
Girotti, el pedido contra Néstor Montezanti tropezó con la demora del
Departamento de Derecho, que dio tiempo a que la Cámara Federal de
la que el acusado es miembro le ordenase detener el trámite. En su descargo,
Montezanti llama “operativos de contrainsurgencia” a los crímenes de lesa
humanidad.

Desde el 3 de octubre del año pasado pesa sobre el
camarista y escritor Néstor Montezanti un pedido de Juicio Académico en la Universidad Nacional
del Sur (UNS), casa de estudios donde dicta las materias Introducción al
Derecho, Ciencia Política y Derecho Administrativo I, todas de la carrera de
Derecho.
La solicitud fue elevada por el docente Dante Patrignani, quien se basó en dos
elementos. En primer término, los resultados arrojados por la desclasificación
de archivos de los servicios de inteligencia de la última dictadura, realizada
a partir del decreto 04/2010. La orden presidencial estipulaba que debían
revelarse los listados de Personal Civil de Inteligencia (PCI) que hubiesen
prestado servicios a las Fuerzas Armadas en el período comprendido entre 1976 y
1983.
Hasta el momento, los únicos datos oficiales revelados provinieron del
Ejército, que dio a publicidad la nómina de sus agentes. Con ello, en cada
ciudad llegaron confirmaciones y sorpresas. En Bahía Blanca, pudo saberse que
efectivamente personajes como el docente Montezanti y el juez de Paz Ricardo
Germani habían participado de tareas de inteligencia durante la dictadura.
En el caso de Montezanti, su labor como “asesor universitario” del Destacamento
de Inteligencia 181, dependiente del Batallón 601 de Capital Federal, fue
desarrollada entre enero de 1981 y mediados del año siguiente.

Los argumentos de Patrignani
Tal como informó EcoDias en octubre pasado, la solicitud de Juicio
Académico hacia Montezanti que elevó Patrignani al rector Guillermo Crapiste en
los primeros días de ese mes se funda en dos argumentos centrales. Por un lado,
cita el inciso “d” del artículo primero del Reglamento de Juicios Académicos de
la UNS, que
establece como causal de un proceso la “falta de ética en el ámbito
universitario o profesional que se proyecte sobre aquel”.
El texto también descansa sobre una normativa reciente: la resolución 17 que la Asamblea Universitaria
(AU) de la casa de estudios aprobó durante 2011, fijando como causal de
impugnación en el concurso para el acceso o la reválida a un cargo docente la
participación del concursante en tareas de inteligencia durante la última
dictadura cívico militar.
“La participación en esas tareas de inteligencia están reñida con toda norma
ética y moral aceptable dentro de la comunidad universitaria en particular y en
el marco ciudadano en general”, tipificaba explícitamente la norma aprobada.

La respuesta
El 26 de octubre de 2011, Montezanti realizó su descargo ante el
Departamento de Derecho. En el escrito, que consta de diez páginas, el docente
y ex “asesor universitario”, dice sentirse ofendido, en su estirpe calabresa,
por la acusación y adjetiva a su denunciante como “un inepto resentido”. Por
otro lado, prefiere restar trascendencia a su rol como PCI que desmentirlo
explícitamente, limitándose a señalar que los hechos ocurrieron en el pasado,
que la tarea de “asesor universitario” era “una industria lícita” y que tal
denominación es “inocente y aséptica”.
Asimismo, indica como dato exculpatorio que en el periodo en que prestó
servicios como PCI “no ocurrió (ni en el ámbito de la UNS ni en ningún otro) una
sola desaparición forzada ni una muerte ni una detención sin orden judicial ni
un exilio forzado”. El camarista prefiere llamar “operaciones de
contrainsurgencia” a la mecánica del Terrorismo de Estado implantada por la última
dictadura cívico militar. Según él, estas operaciones se detuvieron
completamente en 1979, luego de la visita de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) al país.
Pero el argumento central en que basa su descargo tiene que ver con un recurso
que él mismo elevó a la
Cámara Federal de Apelaciones de la que es miembro,
cuestionando la validez de la resolución aprobada por la AU para casos como el suyo. Al
momento de efectuar el descargo, la
Cámara aún no se había pronunciado sobre el mismo, por lo que
Montezanti entendía que “va de suyo que, hasta que no esté resulta la validez
de dicho acto normativo, no se puede avanzar en el juicio académico ya que, de
descalificarse judicialmente aquél, quedaría éste privado de sustento”.

Demoras inexplicables
Tras el descargo de Montezanti, el proceso no avanzó. Recién a mediados de
febrero de este año llegó una orden de la Cámara Federal de
Apelaciones para suspenderlo, cosa que ya había ocurrido en los hechos.
“La Cámara
recién el 15 de febrero ordena dejar en suspenso el trámite, hasta tanto se
resuelva la cuestión de fondo. Respecto de esto hay que decir que dados los
plazos reglamentarios, el Consejo Departamental de Derecho se tendría que haber
pronunciado, a lo sumo, para fines de noviembre”, dijo Patrignani al programa
radial “La mosca en la leche”, de LU3 Am 1080. “No se cumplió con el Reglamento
de Juicios Académicos”, enfatizó el denunciante.
En efecto, el 19 de marzo pasado, el propio Patrignani hizo uso del derecho que
le asiste por el artículo 4 de la mencionada normativa y recurrió al Consejo
Superior Universitario (CSU) para apelar la resolución de Derecho que deja
suspendido el trámite cumpliendo la orden de la Cámara.
“Estoy convencido que existió la voluntad de supeditar el trámite de juicio
académico al resultado de una instancia judicial (medida que impulsó el
acusado). Con lo cual, la actual situación de paralización ya se aplicaba en
los hechos, antes de la resolución de Cámara. Y es contra esa voluntad que se
dirige el presente recurso”, indica allí. Además, marca que Montezanti jamás
respondió a la acusación de “falta de ética” volcada en su contra.
Por otra parte, refiere que en el periodo comprendido entre enero de 1981 y
junio de 1982 “está documentado en el Archivo Provincial de la Memoria que las
actividades de inteligencia continuaron sobre la sociedad y, especialmente
sobre las universidades y partidos políticos, incluyendo persecución a
organismos de Derechos Humanos, sobrevivientes de la represión y familiares de
desaparecidos”.
“Será tarea del Tribunal Académico solicitar, a
quien corresponda, esta documentación. Me considero, además, con el derecho a
sospechar que, antes y/o con posterioridad al periodo de referencia, el
denunciado haya realizado las mismas tareas ‘ad honorem’”, agregó Patrignani.
El docente advirtió, además, que “la Cámara Federal podría declarar la nulidad de la
parte normativa” de la resolución de la
AU “por considerarlo lesiva a derechos adquiridos (motivo de
impugnación en los concursos), pero no la parte declarativa ya que esto
constituiría una aberrante censura a las opiniones de la Comunidad Universitaria
y un flagrante violación de la autonomía”.
Finalmente, se permite “sugerir también que se analice seriamente el estado
psiquiátrico y psíquico de Montezanti. Porque el tenor del escrito lo muestra
como un desquiciado que no está en sus cabales. Y esto es muy peligroso en un
Juez de la Nación
y profesor universitario. Considero que es interés público en que eso se
determine científicamente por especialistas en la materia”.