El tema saliente de la semana
pasada en el andar del cuerpo deliberativo giró en torno al proyecto de la
empresa YPF de efectuar un dragado entre Puerto Galván y Puerto Cuatreros, para
instalar allí una planta regasificadora. El pedido de vecinos de suspender la
audiencia pública no prosperó.

La
semana legislativa que tiene como epicentro en nuestra ciudad al Honorable
Concejo Deliberante (HCD) registró un tema saliente en su desarrollo: el
vinculado con el megaproyecto de la empresa YPF de efectuar un dragado entre
Puerto Galván y Puerto Cuatreros, para instalar en cercanías de la localidad de
General Daniel Cerri una planta regasificadora.
El martes 1 de noviembre pasado, un grupo de vecinos autoconvocados se dio cita
en el edificio que el HCD posee en Sarmiento y Estomba. Los acompañaban
diversas organizaciones gremiales y de ambientalistas: la Asamblea
Ambientalista del Sur “AUKAN”, la Asociación Conservacionista del Sur “Tellus”,
los grupos “Sureando” y “Descontaminantes Bahía Blanca”, la Comisión Vecinal
Interbarrial (CVI), el Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Artes
Visuales, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la
provincia de Buenos Aires (SUTEBA) y la regional Bahía Blanca-Coronel Dorrego
de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
El objetivo era entregar a los concejales un documento donde solicitaban que se
disponga una suspensión de la audiencia pública para debatir el tema, que el
gobierno municipal fijó para el 16 de noviembre próximo.
En el petitorio que entregaron en el HCD, los vecinos autoconvocados
solicitaban la suspensión de la mencionada audiencia argumentando que “el
análisis de la propuesta no puede restringirse a las obras de dragado e
instalación de infraestructura para GNL, ya que el proyecto que se está
discutiendo incluye la generación de un nuevo polo industrial en el sector
interno del estuario de Bahía Blanca y debe ser evaluado en su completa
dimensión”.
El pedido de los vecinos se fundamentaba además en lo señalado por el décimo
artículo de la Ordenanza 14.253, que regula el llamado a audiencias públicas en
materia ambiental. “La convocatoria podrá ser realizada por el Departamento
Ejecutivo ‘cuando la decisión administrativa verse sobre la ejecución o
autorización de obras, planes o emprendimientos’, mientras que cuando se trate
de ‘disposiciones relacionadas con actividades, acciones, planes, proyectos y/o
emprendimientos cuya ejecución sea susceptible de provocar efectos negativos y
significativos para el ambiente’, dicha facultad recae sobre el HCD, las
personas físicas o jurídicas residentes en el Partido de Bahía Blanca, y las
Asociaciones no Gubernamentales, según lo establecen los artículos 12 y 14
respectivamente”, recuerda el documento elevado al cuerpo deliberativo local.
“De permitir que se desarrolle la audiencia pública bajo las circunstancias
actuales, se estará avalando que la misma constituya un mero acto
administrativo carente de representatividad y se concrete una situación que
será irreversible y que dará lugar a acciones legales por parte de los
damnificados”, consideraban los firmantes.
Ante el pedido y los argumentos de los vecinos, los ediles de Integración
Ciudadana (IC) y de la Unión Cívica Radical (UCR) elaboraron el miércoles un
proyecto por medio del cual presentaban formalmente al cuerpo deliberativo el
reclamo.
Al ser presentado fuera de término al ya cerrado Orden del Día, el texto
debería ingresar para su debate sobre tablas. Para ello, se recuerda, las dos
terceras partes de los concejales deben dar el visto bueno.
En este caso, la empresa resultó infructuosa, dado que los miembros de las
bancadas del Frente para la Victoria- Partido Justicialista (FpV- PJ), el
monobloque FpV-Independiente de Alejandro Curino y el otro aliado
breitensteiniano -Unión PRO- se manifestaron por la negativa, con lo que el
proyecto no pudo discutirse en el recinto.

Una voz
Uno de los miembros del HCD que hizo uso de la palabra para defender la
propuesta de suspender la audiencia pública fue el concejal de IC Raúl Woscoff.
El ex candidato a intendente señaló entre sus fundamentos la postura del
Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), entidad que el 24 de octubre último
manifestó que no podría expedirse sobre el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto presentado por las empresas YPF y ENARSA en forma “responsable sobre
un tema tan candente en un período tan corto de tiempo como el que media hasta
la fecha de la audiencia pública”.
Por otra parte, Woscoff recordó el informe elaborado a finales del mes pasado
por un grupo de científicos de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que
“justifica el dictado de nuevos informes y opiniones que no pueden realizarse
en forma previa y oportuna a la audiencia”.
 Por otra parte, el edil citó el artículo
41 de la Ley 12.257, que “prevé la realización de una audiencia pública en el
marco de la protección, conservación y manejo del recurso hídrico de la
Provincia de Buenos Aires”.
“No se tiene información sobre la pertinencia de esta convocatoria, siendo
afectados el brazo del río Sauce Chico, el Arroyo Saladillo de García, el
Arroyo Maldonado y el Arroyo Galván, entre otros”, agregó Woscoff.
Luego de la negativa al debate, el proyecto de suspensión de la audiencia
pública prevista para el 16 de noviembre deberá ser estudiado por las
comisiones del cuerpo. Hasta el cierre de esta nota, aún no se conocía en cuál
o cuáles de ellas recaería la responsabilidad.
Sí fue aprobado por unanimidad de los ediles el proyecto que proponía otorgar
la llamada “Banca 25” a los vecinos autoconvocados de General Daniel Cerri,
aunque tampoco se conocía aún una fecha en que la presentación ante el HCD
podría hacerse efectiva.

Renovación cultural
Durante la sesión del jueves 3 pasado, el HCD aprobó por unanimidad la
nueva conformación del Consejo Consultivo de Cultura, que pasará a estar
integrado por Facundo Falabella (actor y director), Arturo Corte (ceramista),
Elsa Beatriz Calzetta (escritora y cuentacuentos) y Astor Vitali (músico).
Los cuatro nuevos miembros del Consejo reemplazarán a Julio Tevez, Dorotea
Fookes, Susana Moreno y Sara Graciela Cappelletti. Todos tendrán mandato por
dos años, hasta octubre de 2013.