En el recinto deliberativo del Concejo
Deliberante bahiense, el pasado lunes 6 de noviembre, la jornada de
capacitación “Ley de Acceso Justo al Hábitat: alcances y dificultades en su
implementación”.

Tuvo lugar en el recinto deliberativo del HCD bahiense, el pasado lunes 6 de
noviembre, la jornada de capacitación “Ley de Acceso Justo al Hábitat: alcances
y dificultades en su implementación”. De la misma participó como disertante la
vicepresidenta de la de la organización civil Madre Tierra, Ana María Pastor,
asesora en derecho ambiental y vivienda.
Como parte de las actividades, también se realizó un encuentro con
representantes políticos de la región y una reunión de la cual participaron
organizaciones sociales, estudiantes y profesionales en la sede de Ayacucho 732
del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito I.
Pastor, dialogó con EcoDias e indicó que en la jornada estuvieron debatiendo
con distintos concejales y con gente que está en el concejo local de hábitat,
sobre la importancia de la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat
en la provincia de Buenos Aires.
El acceso al hábitat representa una compleja problemática, en todo el
territorio nacional, aún no resuelta. En ese marco, la provincia de Buenos
Aires no está ajena y en la actualidad hay muchas familias que no tienen
asegurado un techo digno. El debate en los distintos ámbitos políticos,
involucra a sus principales referentes y plantea distintas alternativas para
paliar el actual déficit habitacional.
Una de las posibles soluciones surgió hace pocos años, cuando los legisladores
bonaerenses aprobaron la Ley de hábitat de número 14.449, que tiene por
objetivo la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y
sustentable, conforme lo establece la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires.
Específicamente, los objetivos de esta ley son; promover la generación y
facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y
de procesos de regularización de barrios informales, abordar y atender
integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional y
generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo tiempo,
reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo.
Esta ley es de suma importancia para todos aquellos quienes tienen derecho a
obtener una vivienda digna y que su hábitat esté garantizado en términos
jurídicos para que este derecho sea considerado de suma importancia para todos
los que habiten el suelo argentino, particularmente en la ciudad de La Plata.
Los criterios de esta presente ley (14.449) se centran en que cada ciudadano
deba estar respaldado por las instituciones en una temática tan importante y
que no puede trasladarse a un plano secundario, como lo es la cuestión
habitacional. Miles de personas han de caminar por las calles y el crecimiento
de la población es cada vez mayor, lo cual se necesita que las políticas
públicas deban funcionar a la perfección para que ninguna persona quede sin
respaldo del estado.
Por su parte, también, la ley ampara a aquellas personas que cuentan con
escasos recursos en materia económica y necesitan del auxilio estatal para
combatir la desigualdad de condiciones. Además de la cuestión alimentaria, el
suelo es algo tan importante porque es sinónimo de hogar.
El derecho a la vivienda y a un hábitat digno comporta la satisfacción de las necesidades
urbanas y habitacionales de los ciudadanos de la Provincia, especialmente de
quienes no logren resolverlas por medio de recursos propios, de forma de
favorecer el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
En ese sentido, Pastor sostuvo que “es una ley en la que tienen que trabajar
mucho los municipios de cada distrito porque implica, por un lado, gestionar el
territorio de manera de poder recuperar los recursos que están en el territorio
a través de distintas herramientas e instrumentos, que hoy estuvimos charlando
sobre eso, pero sería un poquito largo, pero vale decir que hay instrumentos y
herramientas de recuperación de recursos que están en territorio como para
poder redistribuir, para que la población obrera pueda acceder a un lugar donde
vivir, sin tener que pasar por el mercado inmobiliario, o mejorar su vivienda a
través de créditos rotativos, como por ejemplo los que Bahía Blanca ya tiene;
cómo también mejorar el hábitat de cada zona a partir de la mejora de las
estructuras, los equipamientos. También los accesos a los centros o a los
lugares de movilidad y de producción”.
Lo que hasta ahora se ha movilizado más en los municipios, respecto de la ley
de acceso justo al hábitat, es lo que tiene que ver con la aplicación de
programas que doten de nuevas tierras, de infraestructuras, equipamientos,
mejoras y demás. Pero es muy acotado si los municipios no ponen en marcha los
instrumentos que hacen a la recuperación de los recursos que están en el
territorio. Se están quedando sin nada para poder redistribuir a través de esos
nuevos programas.
Haciendo foco en las herramientas que surgen a partir de la ley de hábitat, la
vicepresidenta de Madre Tierra, indicó que “algunas de las herramientas tiene
que ver con la valorización a través de mejoras, que tiene que ver con todo
aquello que se valoriza por actos de gobierno, cuando se vende eso, se queda
con ese plus valor se lo queda solo el privado. La ley lo que dice es que si el
Estado valoriza un inmueble o un sector, tiene el derecho y el deber de
recuperarlo en el momento en que el propietario se haga de ese valor. O sea
cuando el privado venda el inmueble, el Estado deberá recuperar la inversión”.
Y continuó “por ejemplo, a mí me pusieron las cloacas y que la tierra fue
aumentando el valor inmobiliario, los que no hicimos nada no tenemos ningún
plus valor, porque no nos lo estamos capitalizando. Pero aquel que vende a un
valor diez veces más de lo que tenía antes de que se hablara de poner las
cloacas, el Estado tiene el derecho de recuperar parte d ese valor y no que se
lo lleve el que vendió su propiedad a diez veces más. Hay otras herramientas,
una de las que fue muy debatida cuando se largó la Ley de Acceso Justo al
Hábitat, tiene que ver con aquellos nuevos emprendimientos inmobiliarios de más
de cinco mil metros; donde un propietario subdivide la propiedad, para hacer un
barrio privado, no le está cediendo tierra al municipio porque la lógica de los
barrios cerrados es que estén cerrados y sus calles no son cedidas al municipio
como en cualquier otra urbanización abierta. Por lo tanto, se le pide es que
esa proporción, que es mucho menos que un desarrollador de tierras abierto, que
se le entrega al estado sea homologado por uno de tierras cerrado”. Desde Madre
Tierra, organización a la que pertenece Pastor, han hecho dieciséis nuevos
emprendimientos urbanos populares y cedido en promedio, un 30 %; por lo tanto,
sostiene, “no hay derecho a que quien haga una urbanización cerrada protesta
porque se le pida el 10 %. El que hace un emprendimiento cerrado de más de
cinco mil metros, puede combinar con su municipio para que en vez de devolverle
ese entre 10 y 33 % base, en dinero o en tierra, puede devolverle también en
obra pública que necesite la comuna. Esas son las tres maneras de recuperar que
tiene el municipio lo que aporta a un sector”.

Cooperativas y asociativismo
Según Pastor, históricamente las organizaciones han venido trabajando en
los efectos, con la población afectada, que tiene que ver con la falta de un
lugar donde vivir. A partir del momento en el cual empezaron a aliarse entre
las organización, unas a otras, a construir federaciones, foros
multisectoriales y a encontrarse con las universidades, pudieron analizar la
problemática, la causa que está detrás del efecto problema para poder encontrar
las soluciones.
“De ese encuentro de las organizaciones que intentan acompañar los procesos de
las organizaciones de base, de las universidades que a partir de las
investigaciones, se logró avanzar no solo en la causa, sino en la solución. El
problema es que desde la última dictadura, se le entregó al mercado todo el
manejo del territorio, esto dio un resultado de desigualdad, de fragmentación,
insostenible desde lo ambiental y es esto lo que tenemos que dar vuelta entre
todos los sectores, entre organizaciones y colegios de profesionales; junto con
las distintas escalas estatales”, indicó.
Por otro lado, se plantean la tarea de que esta ley se transforme en una
política pública y puede generar herramientas constantemente. Bahía Blanca
tiene el concejo de hábitat local, que se ensambla al concejo provincial de
tierra, vivienda y hábitat; en ese sentido tenemos que trabajar.

PRO.CRE.AR
En ese sentido, Pastor opinó que si bien fue modificado a como fue inicialmente,
Encaja perfecto, porque una de las herramientas que tiene que ver con la
función social de la propiedad es que no existan baldíos, porque un baldío que
tiene todas las infraestructuras que le pasan por delante es un costo social,
esos baldíos son a los que deben acceder los PRO.CRE.AR. El municipio es el que
tiene que lograr que los propietarios pongan en valor los baldíos, que sean
utilizados.
Por otro lado, también hay que seguir avanzando en la compra de tierra en
block, los PRO.CRE.AR que implicaban compra de tierra, se encontraban con que
lo que les daba el Estado más lo que ellos ponían, no les alcanzaba para un
lote. Porque los costos los aumentaron al instante en que salió el proyecto. Si
el Estado planificara como parte del programa, la tierra en block, quienes
accedan al crédito tendrían muchas más opciones.

SOBRE LA ORGANIZACIÓN MADRE TIERRA
Es una institución con inserción territorial con proyectos ejecutados en 10
municipios de la zona oeste del Gran Buenos Aires.
Trabaja la problemática de “La TIERRA y la VIVIENDA POPULAR». Se funda con
el propósito de fortalecer el esfuerzo solidario de las familias y comunidades
que luchan por su arraigo en dignidad y el de sumar esfuerzos en la
construcción conjunta de una sociedad justa y equitativa.
Busca el protagonismo de mujeres y varones del sector popular a partir de la
historia, identidad, valores y capacidades organizativas en la concreción de
los derechos económicos, culturales, políticos.
Participa en la reconstrucción del campo popular, que es heredero del Dios de
la Vida, y del que somos parte, y en su lucha por la justa distribución de la
riqueza y la creación de la ciudad para todas y todos.