El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza que
prohíbe el funcionamiento de cabarets, whiskerías o cualquier otro local que
lucre con la explotación sexual o con el ejercicio de la prostitución de
terceros. La iniciativa busca hacer un aporte en la lucha contra la trata de
personas.

Hasta
último momento tuvo modificaciones pero finalmente se convirtió en ordenanza un
proyecto que prohíbe en el Partido de Bahía Blanca, el funcionamiento de
cabarets, whiskerías y cualquier tipo de local que lucre con la explotación
sexual o con el ejercicio de la prostitución de otras personas.
El jueces 16 de abril de 2015, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el
proyecto que originalmente fue confeccionado por las concejales Miriam Iantosca
y Ana Civitella, ambas con mandato cumplido.
Más allá de que la iniciativa surgió de ellas y que tiene amplia relación con
la lucha contra la trata de personas, en la sesión también se destacó la
colaboración y los aportes de concejales de diferentes bancadas y de
integrantes de la municipalidad, de instituciones y de organismos involucrados
en la temática.
El texto definitivo de la ordenanza dice que: el Departamento Ejecutivo deberá dentro del plazo de 120 días, revisar
todas las habilitaciones otorgadas en el marco de los incisos a, b y c del
Artículo 1º de la Ordenanza
12.394, modificatoria del Artículo 7º de la Ordenanza 11.240,
determinando si en los mismos se facilita o realiza por parte de propietarios
y/o administradores y/o encargado la explotación sexual de personas con o sin
su consentimiento, obteniendo con ello lucro, ganancia, comisión o algún tipo
de beneficio en su provecho.
Además indica que se deberán tomar en cuenta informes de diferentes órganos
judiciales a nivel provincial y nacional de los que resulten indicios de
explotación: Acreditado lo expuesto, el
Departamento Ejecutivo dispondrá la inmediata caducidad de la autorización para
funcionar. Asimismo, serán alcanzados por la presente toda otra actividad
autorizada para su funcionamiento que preste colaboración, facilite o promueva
el proxenetismo y la trata y explotación de personas.
El artículo 3 da un plazo de 30 días para locales habilitados bajo
autorizaciones previstas en incisos de la mencionada ordenanza 12.394, para
presentar un proyecto alternativo y otro plazo de 90 días para efectuar las
reformas necesarias que den cumplimiento estricto a la nueva ordenanza.
Se solicita también la designación de una Autoridad de Aplicación de la ordenanza
a una unidad administrativa que esté integrada por representantes de las
secretarías de Desarrollo Social, Salud Pública, Economía y Hacienda y
Gobierno: la que deberá articular los
programas existentes e implementará acciones intersectoriales para cumplir con
los fines de la presente ordenanza. Asimismo dispondrá un régimen de auditoría
para evaluar el cumplimiento de las inspecciones y propondrá los cambios
necesarios en su texto e implementación.
La ordenanza dicta la creación de una comisión de seguimiento y evaluación
representada por miembros del Ejecutivo municipal, del Concejo Deliberante, de
organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la problemática, del Consejo
del Menor y de la Familia, del Poder Judicial Federal y de la Unidad Fiscal de
Delitos Sexuales del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Si en un local se acredita delito, deberán realizarse las comprobaciones y
proceder a la clausura del mismo.
Será la municipalidad la que organice de manera mensual las correspondientes
inspecciones a los locales habilitados para avalar que cumplen con la
ordenanza.
En caso de que se considere la existencia de delito: requerirá la inmediata intervención de la unidad fiscal 14
especializada en delitos sexuales del Departamento Judicial de Bahía Blanca y
de la PROTEX
dependiente de la
Procuraduría General de la Nación.
Asimismo elevará un informe trimestral con los resultados de las comprobaciones
e infracciones acreditadas al Honorable Concejo Deliberante para su
conocimiento.
Por su parte, el artículo 8 dispone que en todas las diligencias que se
realicen por parte de la Autoridad de Aplicación, se de intervención o se harán
las presentaciones formales pertinentes a AFIP y ARBA para determinar el
cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales. La misma intervención se
dará a la Dirección Nacional de Migraciones y también a la Subsecretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia municipal: a
fin de prestar protección y asistencia a las víctimas. A criterio de la unidad
de aplicación se requerirá el auxilio previo de la fuerza pública provincial
y/o nacional así como del Ministerio Público Provincial y/o Nacional.

El puntapié inicial
Antes de la votación que aprobó de forma unánime el proyecto, concejales de
los distintos bloques políticos dieron su parecer y mostraron su satisfacción
por ver cristalizada la iniciativa.
Extrajimos algunos conceptos de un edil por bloque y en el orden que fueron
hablando. Raúl Woscoff de Integración Ciudadana, manifestó: “Es muy
importante que hoy el Concejo Deliberante haga su parte. Hacer su parte
significa asumir este compromiso de una regulación razonable, sin duda
mejorable que le plantee al Departamento Ejecutivo que es lo que debe hacer.
Inspeccionar en 120 días todos aquellos establecimientos que en el caso ya de
estar habilitados, bajo cualquier rubro, de acreditarse la existencia de algún
propietario, administrador o encargado que lucre de cualquier forma por la
explotación sexual de terceros, implique automáticamente la caducidad. Y que
luego suponga también la derogación de aquellos establecimientos que de alguna
manera por la forma en que se admite la existencia de personas desarrollando
determinada actividad, constituya un anticipo de lo que en la jerga y en la
justicia se denomina los pases para el desarrollo de la actividad sexual”.
Gisela Ghigliani del Frente para la Victoria – PJ reconoció el trabajo del
fiscal Mauricio Del Cero, de la red local de violencia, de la Comisaría de la
Mujer, de los tribunales de familia, de orientación a la víctima, de la Defensoría
del Pueblo y de la oficina de género y justicia entre otras instituciones. “Me
parece que sí es una jornada que nosotros vamos a recordar como histórica, es
un gran aporte el que estamos haciendo, debemos seguir esta discusión y este
debate ahora sí desde lo social en las redes, en nuestras casas, en nuestros
trabajos, en los ámbitos por donde nosotros estamos. Sabemos que con la sola
sanción no es una temática que se pueda cerrar, sabemos que este tipo de
delitos como el que tiene que ver con el de la trata de personas, no puede
quedar solamente en el eslogan de sin clientes no hay trata, que nosotros
tenemos que seguir dando este debate. Seguir discutiendo, seguir profundizando
las ideas, seguir comprometiendo a muchos jóvenes como los que nos acompañan
hoy y la verdad que es muy agradable y muy alentador ver que hay muchos varones
entre ese grupo etario, entre los jóvenes entre los 25 y los 35 años que se
están comprometiendo con esta temática”.
A su turno, Manuel Mendoza del bloque Frente Amplio Progresista, afirmó: “Lo
que pretende esta ordenanza entonces es ir adoptando medidas necesarias para
intentar la eliminación de la explotación sexual que es una de las mayores
violaciones a los derechos humanos fundamentales (…)”.
El concejal Lisandro Ganuza del bloque Frente Renovador, destacó el trabajo de
las autoras del proyecto más el de aquellos que participaron como por ejemplo diferentes
funcionaros municipales. Ganuza señaló que la ordenanza pasa a ser una
herramienta a nivel local: “Una herramienta para poder avanzar, una herramienta
que sea efectiva para quienes están en la calle día a día como puede ser gente
de la Guardia Urbana, gente de Fiscalización, puedan alertar, advertir, tengan
facultades, puedan solicitar el acompañamiento de distintos organismos tanto
nacionales como provinciales. Que el Departamento Ejecutivo pueda educar y
capacitar al personal que toma estas medidas para que en definitiva esto no sea
solamente una mera ordenanza testimonial sino que sea una ordenanza aplicable y
que podamos superar en el tiempo justamente el tema del flagelo de lo que es el
proxenetismo, la trata y a explotación de las personas pero sobre todo teniendo
en cuenta la protección y el acompañamiento que debemos tener sobre las
víctimas”.
Gustavo Mandará, edil integrante del bloque Frente para la Victoria 27 de
Octubre recordó a María Eva Rossi “que en su lucha por la igualdad de género
también abordó esta temática y tenía ideas en este sentido que ojala alguna vez
podamos concretar. Alguna de ellas tiene que ver con lo que imaginamos en algún
momento y en la medida que este primer paso se pueda dar con solidez, puede ser
una complementación de este proyecto en el sentido de que aquellas personas
que, como bien decía un concejal propinante, ejercen la prostitución no por
gusto, no por placer, no por dinero; sino porque la vida, el destino, el
sistema no les dejó otro camino, por allí que sea el mismo Estado el que les
pueda propiciar tender una mano para sacarlos y ofrecerles una salida aunque
sea laboral”.
Finalizados los comentarios de los concejales que pidieron la palabra, se
procedió a la votación del proyecto de ordenanza que finalmente, como se dijo,
fue aprobado por unanimidad lo cual fue coronado por un aplauso de los
concejales y de todos los presentes en la tribuna del Concejo, muchos de ellos
jóvenes con carteles con la inscripción: “No a la trata”.