En noviembre de 2009, el intendente Cristian
Breitenstein anunciaba la creación de un banco de tierras para mejorar la
situación habitacional en nuestra ciudad. El discurso de presentación del
Programa Hábitat giró en torno a la idea de que un buen número de familias
pudiera acceder a un terreno para construir su vivienda. La modalidad sería de
cesión de los lotes contemplando un plan de pagos acorde a los ingresos
económicos del grupo familiar.
La semana pasada difundíamos en estas páginas la realización de una reunión en
el Concejo Deliberante en la que se abordó la cuestión de los terrenos sin uso
de Bahía Blanca para que pudieran ser incorporados al Estado y, a partir de
ahí, se distribuyeran entre quienes más los necesitan. Por ello EcoDias quiso
tener la palabra de Guillermo García, director de Cáritas Bahía Blanca e integrante
del área Vivienda.
Acerca del Programa Hábitat, García dijo que “analizándolo puramente, el
Programa Hábitat nos parece una iniciativa buena, en principio nos parece una
toma de decisión del Estado municipal de encarar la problemática de la tierra
en Bahía Blanca”. Sin embargo, continuó García, las demoras e imprecisiones en
el programa hace que surjan algunas preocupaciones: “Esto viene largamente
postergado y hay una ecuación que no funciona, que es la gran demanda y la
necesidad de muchas familias de acceder a suelo urbano; estamos hablando de, en
principio, un terreno dotado de los servicios. La otra parte de la ecuación son
los grandes vacíos urbanos y la disponibilidad física -no digo legal porque la
tierra existe pero muchas veces no está disponible legalmente ni para los
particulares ni para el Estado. Bahía Blanca fue una ciudad que tuvo gran
desarrollo ferroviario y hay muchos vacíos vinculados a eso, a ese desarrollo
de otra época”.
Como organización social, Cáritas Bahía Blanca, junto a otras instituciones,
tiene un espacio participativo en el Consejo Local Económico Social (CLES), en
el cual la única subcomisión que funciona desde hace al menos dos años es la de
Vivienda, a través de la cual, explica García, la Municipalidad generaba algún
tipo de información a pedido de las organizaciones: “Lo que pasa es que está
costando mucho que se convoque a ese espacio últimamente, y por lo tanto el
acceso como organización a los avances en ese programa. A priori lo que nos
parece es que hay muy poco avance o que los avances son demasiado lentos. La
temática de tierras en general, todo lo que hace al trámite burocrático, son
procesos muy lentos, muy engorrosos pero entendemos también que no accedemos a
la información acerca de cuáles son los pasos no sólo de la gestión sino de
decisión política para avanzar en el tema”.
Un secreto a voces en los pasillos de la Secretaría de Promoción Social es que
el abogado Marcelo Ciccola no tiene en mente quedarse mucho tiempo al frente de
esa dependencia, lo cual genera inmovilidad en varios de los proyectos que
deben ejecutarse desde esa área. Esa podría ser una causa. La otra, seguramente
tenga que ver con que la tierra es uno de los mejores negocios especulativos
que hay a mediano plazo, así como con el clientelismo político.

Sin novedades
Por otra parte, García recordó que el año pasado se habían realizado
anuncios de entregas de terrenos, y no ha habido grandes movimientos. Acerca de
estas imperfecciones que ve en el desarrollo del programa, insistió: “No vemos
que haya una decisión firme de avanzar en decisiones sobre esto, sobre el tema
del hábitat popular en general y también de otras cuestiones vinculadas. En Cáritas
pregonamos y entendemos que sería una mejora sensible en la calidad de vida de
la gente la mejora de las viviendas, en paralelo a otras iniciativas como la
vivienda nueva. Hace muchos meses que se viene trabajando en pos del desarrollo
de un programa en esta línea y los avances son muy lentos. Vemos además que
falta una decisión política firme de llevarlo adelante”.
Del futuro de los suelos inactivos y de procedencia desconocida, García también
brindó su opinión: “En principio nos parece que en tanto y en cuanto se den los
marcos legales necesarios, es bueno que de algún modo los sectores populares
puedan acceder a esa tierra, y que esta ecuación de la que hablo empiece a
cerrar. Tierra ociosa versus familias usurpando o familias sin acceder a suelo
urbano digno, es una ecuación que no funciona, hay una injusticia permanente
que por ahí esporádica y estacionalmente genera usurpaciones”. En este punto
recalcó que no siempre las llamadas usurpaciones son movimientos puros y que
muchas veces están inducidos. Así y todo, destacó García: “Es una realidad que,
si bien muchas familias no toman la decisión de usurpar, sí están viviendo dos,
tres, cuatro familias a veces en el mismo lote, de algún modo hacinados tanto
en lo que hace al espacio de la tierra como de la vivienda, y esa es una situación
de injusticia estructural”.
EcoDias preguntó a García sobre si una mayor participación de las instituciones
facilitaría el proceder del programa: “Sería interesante la participación de
las instituciones barriales donde los interesados o perjudicados puedan tener
una acción más directa. Acá es cierto que como sociedad civil tenemos muchas
flaquezas en cuanto a la capacidad de incidir como para que las políticas sean
más prontas, más inclusivas. Entendemos que para que esto cierre, para que los
que los necesitan puedan acceder a suelo urbano es necesaria la decisión del
Estado, esto no va a ocurrir de ningún otro modo. Si el Estado no interviene en
que la tierra ociosa pase de algún modo a quienes más lo necesitan, esto no va
a ocurrir de otra manera”.