Año 2006. Operación mediática para destituir al intendente Lopes. Un oficial de la policía bonaerense se acerca al café donde había pautado la reunión con dos periodistas. Allí les entregaría los CDs que contenían las escuchas telefónicas que había ordenado el juez como medida para investigar el presunto desvío de fondos públicos para una campaña electoral en Bahía Blanca. Según narró en su momento el ahora comisario retirado, el más joven siempre se mostraba excitado en los encuentros. Periodismo de investigación, en clara violación del secreto de sumario y del derecho que amparaba al investigado.

La operación mediática funcionó en cuanto sostén del accionar político de unos pícaros. Poco importó que el Tribunal de Casación Penal bonaerense anulara como pruebas válidas esas escuchas telefónicas. En 2008 Lopes fue absuelto.

Año 2009. Desprotección de derechos: para muestra basta un botón. Así se tituló una nota periodística en el periódico Ecodías donde se desarrollara la crónica de un delito infame: la difusión en un programa radial de los nombres de niños y niñas en conflicto con la ley penal. Además de la indefensión en que vivían por su situación familiar, social y económica que los atravesaba, debieron sufrir la difusión de sus datos personales, así como de las direcciones de sus domicilios. Periodismo de investigación, nuevamente llevado de la mano de la policía soez.

Germán Sasso debió enfrentar a la justicia por violar el art. 94 quater del Dec. Ley 8031 y fue condenado por el juez correccional José Luis Ares a pagar cuatro mil pesos de multa y cumplir dos días de arresto (Expediente 5375).

«Alegó que el interés público estaba por sobre todas las cosas y que daba un elemento de prevención para saber dónde estaban ubicados esos menores realmente insoportables», recuerda uno de los actores.

Año 2018. Acusación contra una ONG. Según consignara FM De la Calle, «el presidente de la Sociedad de Fomento de Villa Nocito, Marcos Yáñez, denunció por calumnias, falsas imputaciones y deshonra» a Sasso y otras dos periodistas. «La querella es producto de las acusaciones mediáticas que Sasso desarrolló desde el 21 de febrero a partir del mensaje de un oyente que relató que durante las entregas de los bolsones de PAMI, realizadas por el Centro de Jubilados en la Sociedad de Fomento de Villa Nocito, se solicitaba dinero a los jubilados como método extorsivo para la entrega de los mismos». PAMI nunca recibió denuncia alguna -siquiera verbal- sobre la cuestión.

En este caso habría que preguntarse si algún mandante quería «ensuciar» a Yáñez -un dirigente social de amplia trayectoria- o si, por excepción, la iniciativa no tenía implicancias económicas.

Mayo de 2023. «Internan a cuatro niños por maltrato e investigan a sus padres» (La Brújula). La sostenida acusación mediática contra el papá y la mamá tuvo una virulencia llamativa. Fruto de las carcaterísticas de ese trabajo periodístico, nadie recordará que la causa del cuadro de los niños fue la «shigella, una bacteria altamente enteroinvasiva”.

Junio 2023. «Amenazas y escraches no evitarán que se informe sobre el caso de una docente». La autovictimización roza el absurdo, curiosamente ausente en los manuales de ética periodística. Dice La Brújula que “es misión de los medios informar”. Las pinceladas que dimos en esta página hablan por sí solas. No pocas personas de la ciudad han sido víctimas de tan siniestra extorsión.

Jardín La Ciudad

El relato
Una maestra jardinera es acusada de abuso contra infantes que asisten al Jardín Villa Mitre. Según La Brújula, “dos nenes y dos nenas, que concurrían al Salón Azul de la institución donde dicta clases la maestra denunciada, que hoy se encuentra de licencia”. Obvian informar que la licencia es previa a la denuncia y que se debe a que la maestra cursa un embarazo de riesgo.
La Brújula publica fotos del domicilio de la docente.

Pruebas
A fin de mayo, se conoció -por otra fuente periodística- que la instancia de la cámara Gesell fracasó ya que se hizo “una evaluación psicológica previa y ninguno de los chicos (cuatro en total) estaba en condiciones de ser sometidos a la cámara Gesell, ya sea por ausencia de relato o relato con falta de coherencia”.
En cuanto al secuestro de la computadora de la docente: «No surgió nada de interés para la causa, al menos desde el punto de vista incriminatorio». 

Los hechos
El sábado 3 de junio más de cien docentes se autoconvocaron en el local del grupo empresario y mediático La Brújula para repudiar la publicación sistemática de datos falsos. La actividad incluyó operativo de seguridad, pero no tuvo cobertura periodística tradicional.
“¿Existe una cortina de silencio mediático en la ciudad? ¿Tienen miedo muchos periodistas de sufrir consecuencias laborales si hablan de estos temas?”, escriben en el IG de @SomosHistoriasReales, a la vez que solicitan: “Los autores de la desinformación que manipula al público bahiense deben retractarse públicamente, y un proceso de transformación debe comenzar para que esta injusticia tan obscena se termine”.

UN PROYECTO LEGISLATIVO
El colectivo @SomosHistoriasReales propicia la iniciativa de Ordenanza de Pauta Publicitaria Ética y Comunitaria, que estimule la producción de contenidos informativos para reducir el impacto de discursos de odio. Recolectan firmas en las redes.

TWEET DEL PERIODISTA ARIEL LARUINA
En el caso del Jardín de Villa Mitre sólo quiero decir una cosa: pretender ir más rápido que la verdad puede provocar daños en personas inocentes difíciles de reparar. Una denuncia por sí sola no debería representar «la verdad» como los medios suelen plantearla (…) Intentar montar un circo de cada drama, tragedia o delito, más aún cuando involucra a menores, muy lejos está de la labor y función social que debemos perseguir como comunicadores. Al final del relato, la verdad habrá estado más cerca de los que todos creen.

Autor: Redacción Ecodías