En 2011, el CSU de la casa de estudios
derogó el Reglamento de Admisión y Disciplina para Alumnos que regía en el
ámbito académico desde la última dictadura. La decisión contemplaba, además, la
realización de reuniones interclaustros para la redacción consensuada de un
Código de Convivencia que lo reemplace. Dos años después, con pocos encuentros
de debate llevados a cabo, el CSU fue testigo de una discusión entre los
defensores de dos proyectos que apuntan meramente a un marco sancionatorio y
olvidan mencionar a miembros de la comunidad universitaria. Uno de ellos fue
aprobado en general y será debatido en particular el miércoles 22 de mayo.

Casi treinta años habían pasado de democracia y un cuarto de siglo desde la
normalización de la institución, cuando el Consejo Superior Universitario (CSU)
de la Universidad Nacional del Sur (UNS) por fin se decidió a derogar el
Reglamento de Admisión y Disciplina que regía para el claustro estudiantil
desde la última dictadura cívico militar, que en Bahía Blanca y en el país
registra entre sus víctimas a muchos miembros de la comunidad universitaria.
Sancionado en 1977, el Reglamento consideraba un impedimento para la admisión
de los aspirantes el que registraran “antecedentes de carácter subversivo o
actividad disociadora en los respectivos organismos de seguridad”, al tiempo
que excluía a los procesados o condenados por presunta comisión de delitos “con
relación a la seguridad nacional”. Además, la normativa vigente hasta 2011
consideraba motivo de sanción la “desobediencia (sic) a las órdenes o
directivas impartidas por un profesor, docente auxiliar o autoridad
universitaria, dirigidas a mantener el orden o evitar acciones de indisciplina
cuando no implique una falta mayor”, estipulaba una pena de entre un mes y un
año de suspensión a la demostración de “actitudes, expresiones o presentación
personal contrarias al decoro o las buenas costumbres” y una suspensión de dos
a seis años “o expulsión” a quienes realizaran “en la Universidad actividades
que asuman formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de
carácter público o gremial, docente, estudiantil y no docente”.
Ante la sensación de “vacío legal” que refirieron en su momento algunos consejeros
a partir de la derogación de la norma, el CSU decidió que para reemplazarla se
desarrollaran reuniones interclaustros abiertas tendientes a lograr un consenso
que permitiese la redacción de un “Código de Convivencia” amplio, que tomara en
cuenta a todos los miembros de la comunidad universitaria y sus particulares
situaciones.
La realidad, sin embargo, fue distinta: no se llevaron cabo más que un par de
encuentros, en las semanas que siguieron a aquella resolución del CSU. Luego,
por espacio de dos años, el tema apareció invisible al grueso de la comunidad
académica. Pero, sin embargo, dos años después de la derogación del vetusto y
autoritario Reglamento llegaron al CSU dos textos en pugna. Ambos eran
promocionados por un grupo de docentes del Departamento de Derecho,
pertenecientes al oficialismo y la oposición. Casualmente, los mismos que en
2011 alzaron sus manos en pos de la moción positiva por la reválida docente a
Gloria Girotti, la abogada acusada desde diciembre de 2010 de participar en el
plan criminal de la última dictadura desde su cargo de secretaria del Juzgado Federal
1 de Guillermo Madueño.

Dos proyectos que son uno
Los dos proyectos de Código de Convivencia que obtuvieron dictámenes de
mayoría y minoría en la Comisión de Interpretación y Reglamento del CSU
llegaron al debate de los consejeros en el plenario desarrollado el 24 de
abril. La discusión incluyó incluso una acusación de plagio de un grupo hacia
otro: los defensores del proyecto de mayoría denunciaron desde sus bancas que
los autores del otro texto lo habían plagiado de uno elaborado en una casa de
estudios colombiana.
Pero, más allá de eso, ambas iniciativas se centraban en un carácter meramente
sancionatorio que puso en cuestión al adelantar su abstención el médico Pedro
Silberman, quien como decano de Ciencias de la Salud ocupa una de las siete
bancas rotativas que el cuerpo reserva a los directores de cada Departamento de
la UNS. “Estoy en contra de la construcción de un Código de Convivencia que es
un régimen disciplinar que no tiene nada de convivencia, sino que está
establecido por normas y valores de un sector cuestionado que intenta
establecer una norma de conducta y cuáles son las desviaciones posibles”, opinó
Silberman.
Luego, en un reportaje radial en LU3 Am 1080, amplió que el dato más curioso
del debate lo configuró “el ahínco, la pasión y el fanatismo”, con que
defendieron dos bancadas estudiantiles ambos proyectos. “Eso me llama la
atención, porque en general los jóvenes funcionan un poco revolucionariamente y
en contra de las cuestiones que atan, normatizan y sancionan. Por eso me hizo
mucho ruido” la tesitura de algunos de los representantes del claustro,
expresó.
En lo específico, una diferencia entre los dos proyectos tiene que ver con la
autoridad de aplicación. Mientras que uno de los textos dejaba la mayor parte
del poder de decisión en el rector e imaginaba a un cuerpo colegiado como
instancia de apelación, otra -la defendida por una parte del arco opositor-
obviaba el primer paso.

Aprobado en General
Finalmente, la acusación de plagio desniveló el debate y se aprobó en
general el dictamen de mayoría de la Comisión de Interpretación y Reglamento,
que recomendaba dar luz verde al proyecto elaborado por los consejeros de las
bancadas opositoras.
El texto, que aguarda por una votación en particular en cada uno de sus
artículos, prevé una instancia conciliatoria en que intervendría una Comisión
de Convivencia, compuesta de dos representantes docentes, dos por los
estudiantes y uno por los trabajadores. Los requisitos exigidos para formar
parte de ella dejarían fuera de la posibilidad de integrarla a aquellos alumnos
que no alcancen un determinado nivel académico, a los docentes contratados y a
los trabajadores que prestan servicios a través de empresas tercerizadas.
Estos últimos resultan olvidados en la redacción global del texto, que sólo les
permitiría encuadrar en la figura del “visitante”. De ese modo, se apela a un
curioso eufemismo para referirse a trabajadores que, en algunos casos, se
desempeñan en el ámbito universitario durante una jornada laboral cuya carga
horaria excede la prevista para los trabajadores de planta.
Otros olvidados son los internos de la Unidad Penitenciaria 4 de Villa
Floresta, que cursan estudios universitarios a partir de la articulación entre
la UNS y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Aquí se registra un punto
de contacto entre el Código de Convivencia cuyo espíritu fue aprobado en
general y el Reglamento de Admisión y Disciplina al que reemplaza: en otro
contexto, bajo el imperio del Terrorismo de Estado, ese texto directamente
prohibía a las personas puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional
inscribirse para cursar estudios universitarios.
Otro punto cuestionable se vincula con la tipificación como falta del “hacer
uso o divulgar documentación e información privada de la comunidad
universitaria y de la Universidad Nacional del Sur para fines que no sean el
trabajo de la misma”. En este punto, dos cosas deben tomarse en cuenta. Por un
lado, la casa de estudios aún no ha hecho una revisión profunda sobre el
accionar que algunos de sus miembros registraron durante la dictadura. Ni
siquiera ha hecho público un relevamiento acerca de cuántos de los agentes
civiles de Inteligencia incluidos en el listado que el Ejército reveló en 2010
estuvieron vinculados en algún momento con la institución.
Por otra parte, el Código que encontró aprobación mayoritaria en general a
fines del mes pasado no contempla para esta falta una instancia conciliatoria
que sí prevé para otras como golpear a una persona o amenazarla, con lo que
establece una curiosa escala de gravedades: achica la esfera de lo público,
mientras resta libertades.

Cómo sigue la discusión
Luego de la aprobación en general de uno de los proyectos de cuerpo
normativo, el debate quedó trunco y la sesión pasó a un cuarto intermedio y
recién se retomará el próximo miércoles 22.
En esa oportunidad, se debatirá el texto en particular, lo que podría conllevar
la modificación de algunos de los puntos que esta nota reseña. Entretanto, se
supo que los miembros del CSU desarrollaron diversas reuniones para tratar de
arribar a consensos que permitan llegar a dicha sesión con expectativas de
lograr una expeditiva discusión y una rápida aprobación. Hasta el momento,
según trascendió, el acuerdo final no floreció.